Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– La propuesta de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio es “una enorme deuda con las mujeres” que el sistema de justicia del Estado Mexicano tenía pendiente. Así fue como describió la iniciativa la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien además destaca que es el resultado de la “lucha de muchas víctimas y familias”.
En entrevista con los periodistas Daniela Barragán y José Manuel Fuentes para el programa “Café y Noticias”, que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire, Citlalli Hernández habló del objetivo que tiene esta propuesta para homologar a nivel nacional el tipo penal de este delito, así como las razones de género, las agravantes, los procedimientos de investigación y las penas, que pueden ir de los 40 a los 70 años.
La Secretaria de las Mujeres indicó que el problema estructural al que se enfrentan estos casos con ministerios públicos indolentes:
“Esta Ley es la lucha de muchas víctimas y familias que incluso han generado sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la sentencia eh de Mariana Lima Buendía, que nos permite visibilizar las fallas que ha tenido el Estado mexicano en materia de procuración de justicia, que yo sostengo que es estructural, es decir, todo el aparato judicial y de procuración de justicia tiene una enorme deuda con las mujeres y es parte como de lo que estamos tratando”, destacó.
Hernández agregó que en la “práctica nos enfrentamos a ministerios públicos indolentes, a una dificultad de promover o de iniciar una denuncia, a reclasificación de los delitos, a corrupción que permite a agresores, a violadores o asesinos feminicidas librar la Ley o disminuir las penas, es decir, toda esta complejidad cotidiana que lamentablemente es la historia de algunos casos”.
La propuesta que será enviada este martes al Senado de la República, consiste en modificar el Artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley general en la materia.
Esta ley unificará la forma en qué cada Fiscalía en México persigue el feminicidio usando la misma metodología en todo el territorio para evitar casos de impunidad, además aquellos servidores públicos que sean negligentes serán sancionados.
“La mejor manera también de combatir esta falta de sensibilidad, de atención de parte de ministerios públicos, fiscalías, jueces, juezas, que sin duda existen, es que haya sanciones también para estos funcionarios que no hacen bien su trabajo y al tener hoy una ley general que previene, que atiende y que combate el feminicidio, puede haber sanciones, incluso, por no acatar la ley si es un Ministerio Público, una fiscalía o un juez o una jueza que tiene un caso de feminicidio en sus manos”.
Esta propuesta fue presentada esta mañana por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, quien a palabras de Citlalli Hernández es “sensible en el tema y conoce a profundidad” frente a un escenario de desigualdad y falta de justicia hacia las mujeres.
“Todos los días estamos trabajando para cumplir con este mandato constitucional y legal que la Presidenta estableció de garantizar la igualdad sustantiva y de reforzar los deberes del Estado mexicano para proteger a las mujeres, pero este mes en particular en el marco el 8 de marzo eh hemos hecho varios anuncios y hemos visibilizado varias de las acciones que venimos realizando”.
Agravantes reconocidas en la Ley
En cuanto a la redacción técnica de la Ley, la propuesta reconoce nueve razones de género, entre las que se incluyen signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, prejuicios, estereotipos, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima, estado de indefensión o exposición del cuerpo. Además de la pena máxima de 70 años, la tentativa se sancionará con una pena de entre la mitad y las dos terceras partes de la condena prevista. La iniciativa también plantea al menos 21 agravantes, calificadas como "muy importantes" por la Fiscalía, que incluyen casos donde la víctima sea niña, adolescente, persona mayor o con discapacidad, así como crímenes cometidos frente a hijos o hijas o contra mujeres en situación de movilidad migrante o de pueblos originarios.
“El tema de las agravantes es muy importante porque son justamente las razones por las cuales debería de haber una pena mayor desde nuestro punto de vista, es decir, cuando se comete un feminicidio a una luchadora social, a una periodista, cuando se le quita la vida a una mujer de la manera doble o triplemente más aberrantes, es decir, utilizando ácido o cualquier otro tipo de sustancias que busquen no sólo acabar con su vida, sino pues tener este tipo de saña, (…) es para que exista una pena mayor cuando se comete en estas circunstancias”.
