Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- Marcela de Jesús Natalia, activista y periodista indígena, dio a conocer el martes que viajó a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, para denunciar la violencia ejercida por el grupo delictivo de "Los Ardillos" contra las comunidades de la región de la montaña baja de Guerrero.
"Hoy vine a poner una denuncia en la Corte Penal Internacional en contra del grupo delictivo 'Los Ardillos' y del Estado mexicano porque está rebasada la violencia en la montaña baja de Guerrero", expresó en un video compartido en redes sociales.
La representante de la comunidad amuzga reiteró que el grupo criminal está asesinando, desapareciendo y desplazando a muchas personas de la comunidad indígena, por lo que exige que se investiguen como crímenes de lesa humanidad.
Hoy vine a la Corte Penal Internacional a denunciar crímenes de lesa humanidad contra los pueblos indígenas de la montaña baja de Guerrero.
Denuncio a Los Ardillos y a quienes pactan con ellos, incluida la gobernadora Evelyn Salgado, por la muerte, desaparición y desplazamiento pic.twitter.com/lzOdRjUPpI
— Marcela de Jesús Natalia (@MarceladeN1) May 27, 2026
De Jesús Natalia señala también a cómplices de "Los Ardillos"
La activista explicó que denunció a los criminales y a quienes presuntamente pactan con ellos, incluida la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, por muerte, desaparición y desplazamiento en las zonas afectadas.
"La violencia no creció sola: tiene cómplices políticos. Cada muerto, cada desaparecido y cada familia rota también son responsabilidad de quienes protegen al crimen. No vengo sólo a denunciar. Vengo a pedirle al mundo que deje de ser espectador de nuestro dolor", expresó la representante amuzga en su cuenta de X.
Marcela de Jesús Natalia pidió no acostumbrarse a la violencia y que la voz de las comunidades afectadas cruce fronteras.
La violencia contra la comunidad indígena en Guerrero
A raíz de los graves hechos de violencia y los ataques armados registrados a principios de mayo de 2026 en el municipio de Chilapa de Álvarez, el Gobierno federal y estatal implementaron un fuerte despliegue de seguridad en la región de la montaña baja de Guerrero.
De acuerdo con la Secretaria de Gobernación (Segob), más de mil elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional (GN) arribaron a la zona con el objetivo de retomar el control territorial, desmantelar bloqueos en las carreteras principales, y reinstalar los servicios básicos de electricidad y conectividad que habían sido interrumpidos durante los enfrentamientos.
Ante la emergencia, las autoridades establecieron mesas de diálogo para gestionar el retorno seguro de los pobladores y distribuyeron ayuda humanitaria, que incluyó alimentos, cobijas y artículos de primera necesidad.
Sin embargo, a pesar de la presencia de las fuerzas federales y de los anuncios gubernamentales sobre el control de la zona, la tensión y la desconfianza persisten entre los habitantes y colectivos de derechos humanos. Organizaciones comunitarias y ayuntamientos locales han denunciado que los ataques con armas de fuego y drones continúan de forma intermitente.
