Por Araceli Martínez Ortega
Los Ángeles, 20 de marzo (LaOpinión).- Un vecino del condado de Orange entró en pánico cuando le llegó hace unos días una carta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) con una multa civil por 1.8 millones de dólares por no salir del país, luego de que un Juez emitió una orden de deportación en su contra en 2005.
“Se encuentra aterrorizado. Su familia teme que hasta le pueda dar un infarto, ya que sufre diabetes y anda muy asustado; y es qué no hay manera de que él pueda pagar ese dinero que le quieren cobrar”, dijo un amigo cercano a la familia, quien pidió no ser identificado ni revelar el nombre del migrante afectado.
La Opinión tenía ya pactada una entrevista con el migrante que recibió la carta del DHS, pero presa del espanto, no sólo él sino su familia entera, este padre de familia de tres hijos ciudadanos estadounidenses que ronda los 50 años, decidió cancelarla.
Le han dado 15 días para que apele la multa por un millón 820 mil 352 dólares y exponga las evidencias por las que no debe ser multado. Si no lo hacen, su derecho a una apelación será eliminado.
En junio de 2025, la administración Trump modificó una ley de 1996 que permite imponer multas a los migrantes por cada día que han permanecido en el país después de su orden de expulsión.
Las multas pueden ascender a 998 dólares diarios, a partir de la fecha de la orden deportación, por lo que la multa de 1.8 millones está basada en esa suma diaria.
“En las últimas tres semanas, el DHS ha comenzado a enviar estas cartas con las multas a los migrantes que siguen en el país, aún cuando tienen una orden de deportación emitida por un Juez”, dijo el abogado en migración, Alex Gálvez. “No pienso que migración tenga los recursos para embargar los bienes de un migrante, porque para hacerlo deben obtener una orden de una corte”, dice.
Lo que sí recomienda el defensor es que traten de poner sus bienes y cuentas bancarias a nombre de sus hijos ciudadanos.
El otro punto importante es que las cartas con las multas están llegando a los domicilios que el migrante no le había proporcionado a migración, y a los que se mudaron después de la orden de deportación.
“Esto nos deja claro que Migración está buscando las direcciones de los migrantes, en las bases de datos del Departamento de Motores y Vehículos (DMV), las compañías de los teléfonos celulares y el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS)”.
Así que el abogado Gálvez dijo que está claro que los del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) tienen la dirección actual de los migrantes con órdenes de deportación, y no le extrañaría que fueran a buscarlos a sus nuevos hogares.
“Lo que pasa es que para los agentes de migración es más eficaz arrestar en la calle a la gente que parece migrante por su color de piel o el tipo de trabajo que realiza, que ir a su casa a buscarlos”.
Recordó que esta política de aplicar multas civiles millonarias a los migrantes siempre ha existido, y no la inventó Trump.
“Lo que pasa es que nunca la habían puesto en vigor hasta que llegó Trump por segunda vez a la presidencia”.
De acuerdo al abogado, estas cartas con las multas millonarias son otra herramienta para inculcar miedo a los migrantes y convencerlos de que se autodeporten.
“Si mandan mil cartas, y logran que cien se autodeporten, se ahorran mucho dinero. Es una manera barata de efectuar deportaciones”.
En Massachusetts, se presentó una demanda impugnando las multas, alegando que son inconstitucionales.
La Opinión contactó a la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California para ver si planeaban emprender acción legal, pero no ha habido respuesta.
Al mismo tiempo, preguntó al DHS cuántas cartas se han enviado, y cuál ha sido el porcentaje de éxito, pero de momento no hay reacciones.
Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos de los Migrantes dijo que no hay precedente legal en la historia de Estados Unidos, en la que a un migrante a quien un Juez le haya ordenado deportación, le apliquen multas.
“Esto es parte del refinamiento de las autoridades de migración para abrir otro frente de terror psicológico colectivo, subir el volumen a la campaña de persecución; y la administración de Trump no va a escatimar en sus esfuerzos para que los migrantes se autodeporten”.
Afirmó que van a apelar a los grupos de defensa para que protejan a quienes ya recibieron estas cartas y respondan a esta campaña cruel e inhumana.
Actualmente, hay al menos 1.4 millones de personas en el país con órdenes definitivas de expulsión.
De acuerdo al American Immigration Council, estas exorbitantes multas podrían poner a las personas en grave riesgo de ruina financiera —además de la deportación—; un destino que, muy probablemente, infundirá aún más temor en las comunidades de migrantes de todo el país.
