Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– Agrupaciones civiles, como el Observatorio Nacional Ciudadano, alertaron sobre la posibilidad de que una reforma a la Ley de Trata ponga en riesgo los pocos avances alcanzados para prevenir este flagelo, atender a las víctimas y castigar a los tratantes. Mientras, senadoras de la República alertaron sobre “una campaña de desprestigio” sobre la norma que se expidió hace más de un año.

“Nos parece que la reforma a la Ley de Trata es en realidad un retroceso importante en materia de derechos humanos y en materia de derechos de las víctimas”, expuso el doctor Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

A las asociaciones civiles les inquieta, además, que los cambios retrasen aún más la implementación de la norma –”que de por sí ha sido lenta”–, ya que sólo nueve estados han asumido su responsabilidad de armonizar sus legislaciones con la Ley.

“Lo que nos preocupa es ponernos a revisar hoy una norma que se gestó hace un año y medio, que no ha sido homologada en todos los estados y de la cual se tardó un año cuatro meses en salir el reglamento. Sinceramente me preocupa que hoy se quiera reformar nuevamente la norma; vamos a perder más tiempo para combatir esto en los estados”, precisó Francisco Rivas.

Sin embargo, también consideró que la Ley puede ser perfectible, pero no en este momento porque, dijo, la prioridad es atender a las víctimas de trata y exigir a los gobiernos estatales a actuar en consecuencia.

“A mí me parece que se puede agilizar la Ley, o sea hay algunos puntos que parecen en ciertas partes repetitivos, y podrían ser en ese sentido, agilizada. Sin embargo, [lo mejor es] primero aplicar la ley y luego mejorarla, el problema es que si no hay voluntad política de aplicarla, de qué nos sirve hoy una nueva ley que tardará mucho tiempo en salir”, explicó.

ACUSAN CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

Por su parte, senadoras de la República se defienden de lo que consideran “una campaña de desprestigio” en su contra por su interés de reformar la Ley de Trata. Y es que algunas agrupaciones civiles han alertado de que significará un “retroceso” modificar la norma expedida hace poco más de año y medio.

La Senadora Adriana Dávalos Fernández, del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que se ha desatado una campaña de desinformación e, incluso de difamación contra las legisladoras, de parte quienes lucran con el dolor de las víctimas y han hecho del combate a la trata su mina de oro, porque verán afectados sus intereses con la reforma propuesta.

“Uno de los problemas que nosotros tuvimos, y por el que se desató todo este escándalo, es que en la propuesta de iniciativa que nosotros armamos es que se tiene que castigar a las asociaciones civiles que lucren con las víctimas y que sean parte de esas redes que explotan a las víctimas –porque un tema es el de trata y otro el de explotación– y me parece que hay desconocimiento e ignorancia de algunas personas que se dicen expertas en el tema”, afirmó la legisladora en entrevista para SinEmbargo.

Por su parte, la Senadora Angélica de la Peña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hace pocos días pidió a quienes acusan “intereses oscuros” de los legisladores proponentes de la iniciativa que comprueben sus dichos y que denuncien ante las autoridades competentes.

El pasado 8 de octubre, cinco senadoras de todos los grupos parlamentarios, integrantes de la Comisión Contra la Trata de personas, propusieron reformar la Ley en materia, tras detectar 60 “errores”, entre los que destacaron artículos reiterativos e innecesarios, que no castiga el intento de cometer el delito, que no sanciona el servicio forzado o servidumbre, y evita que se pueda juzgar a una persona por varios delitos relacionados con la trata.

A partir de entonces, expuso la Senadora panista Adriana Dávalos, personas que atienden a las víctimas de trata sin protocolo de ayuda y que exponen a las víctimas para que den a conocer sus casos, sin que hayan tenido la posibilidad de asimilar su propia victimización, impulsaron la citada campaña de difamación en medios de comunicación.

La legisladora por Tlaxcala rechazó que con su iniciativa de reforma pretenda sacar “raja” política-electoral, para buscar la candidatura gubernamental de su estado natal.

“Yo niego, desmiento, que haya cualquier tipo de interés, económico, político o electoral. Hay interés electoral de quienes llevan a las víctimas y las utilizan como carnada en sus campañas, allí sí. (…) Yo he venido trabajando y jamás en mi vida política he usado el tema [de trata] en mi estado, nunca, jamás”, destacó la legisladora.

DEFIENDEN SU PROYECTO

La Senadora Dávalos defendió su iniciativa. “Es mentira que esta iniciativa sea un retroceso, es mentira y lo niego categóricamente. Es retroceso para quienes han vivido de esto (del tema de trata) y quienes han lucrado y han sacado dinero a los empresarios para sus propias fundaciones, eso sí es”, sentenció.

Precisó que plantea mejorar la norma actual al eliminar inconsistencias jurídicas y artículos reiterativos. Afirmó que será una mejor herramienta para castigar a funcionarios públicos que estén involucrados en trata, así como a las asociaciones que lucran económica o políticamente con este tipo de cuestiones.

–¿En qué consiste la polémica propuesta de Reforma?

–En primer término, la iniciativa pretende modificar el nombre de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que se transformaría simplemente en Ley General Contra la Trata de Personas.

En el propio proyecto, se explica que se le adicionarán temas contenidos en los tratados internacionales y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Senadora Adriana Dávalos detalló que con la reforma no se requerirá la comprobación de los medios comisivos del delito, como amago, amenaza, fuerza, etcétera, tratándose de menores de edad o personas que no tengan la capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho o capacidad para resistirlo.

“Lo que se está estableciendo es el tipo penal y los medios comisivos. (…) Hoy le estamos dando al Ministerio Público mucha más claridad sobre el tema de medios comisivos y las formas en que el Ministerio Público pueda acreditar la participación de las personas”, detalló.

Además, de acuerdo con el texto de la iniciativa, las modificaciones promoverán castigo a quien solicite a cualquier medio impreso, electrónico o cibernético, espacio para publicar anuncios que faciliten o promuevan cualquiera de las conductas delictivas relacionadas con la trata de personas.

Propone que la esclavitud sea entendida como el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su persona o de sus bienes.

Plantea sanciones al que someta a otra persona a explotación extrayéndole un órgano, tejido o su componente, célula o fluido humano. Así como a quien recurriendo a la amenaza u otras formas de coacción, someta a otra persona a explotación, aplicándole un procedimiento médico o experimento biomédico, clínico o farmacéutico.

¿QUITA DIENTES A LA LEY ACTUAL?

Asociaciones de defensa a los derechos de las víctimas de trata y activistas han alertado sobre la peligrosidad de que la reforma planteada derogue los artículos 19 y 20 de la actual Ley. Aseguran que abrirá la puerta a reducir la severidad de las penas cuando el tratante sea funcionario público o integrante del crimen organizado.

El artículo 19 de la Ley estipula: “Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días multa, el que contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y le induzca a realizarlos, bajo engaño en cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales.

II. La naturaleza, frecuencia y condiciones específicas; o

III. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar el lugar o la zona a cambio de la realización de esas prácticas; o

IV. La medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a cambio de la realización de esas prácticas; o

V. La medida en que la persona tendrá posibilidad de salir de su lugar de residencia a cambio de la realización de esas prácticas”.

La propuesta de reforma afirma que los artículos 19 y 20 carecen de sustento técnico y dogmático, reproducen lo ya contemplado en otros artículos de la Ley y del Código Penal y sólo generan confusión al operador jurídico, en agravio de los derechos de las víctimas, por lo que es procedente su derogación.

Ante los reiterados señalamientos de retroceso en el combate a este problema, la Senadora Adriana Dávalos rechazó que su iniciativa quite fuerza a la ley de trata.

Por el contrario, dijo, “no se le quita un solo diente a esta Ley, al contrario, hoy se le dan dientes, tan es así, que no hay sentencias, que no mientan cuando dicen que hay sentencias. Están utilizando el Código Penal de los estados y en el del Distrito Federal. Que son cosas completamente distintas y por eso tenemos esas deficiencias”.

Asimismo, rechazó que la reforma plantee favorecer a los sitios en donde se promueve la explotación de personas para realizar actos sexuales, de tipo pornográfico o con fines de explotación.

“Que me digan en la Ley actual en dónde están sancionados los giros negros. El problema que tenemos hoy es que hay una exposición mediática que no un conocimiento ni jurídico ni técnico [de la Ley de Trata] y eso es verdaderamente grave”, sostuvo.

La Senadora Adriana Dávila, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, descartó que las presiones mediáticas frenen la dictaminación del proyecto. Por el contrario, confió en que saldrá adelante lo más pronto posible y que será mejorada con las aportaciones de expertos en la materia.