A través de una actualización, los inconformes informaron que ya obtuvieron un amparo con el cual impedirán dicha edificación, en la cual, acusaron de complicidad al Jefe Delegacional, Miguel Ángel Salazar.

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- Vecinos de Lomas de Vistahermosa, Cuajimalpa, realizaron una petición a través de la plataforma change.org para evitar la construcción de 2 torres de departamentos en el Club de Golf Bosques, los cuales, aseguraron, violan el Acuerdo Zedec de 1994 y el Programa Delegacional de 1997.

A través de una actualización, los inconformes informaron que ya obtuvieron un amparo con el cual impedirán dicha edificación, en la cual, también acusaron de complicidad al Jefe Delegacional, Miguel Ángel Salazar.

En días pasado los residentes del lugar denunciaron que el negocio inmobiliario irregular ha sido impulsado por al menos tres jefes delegacionales de Cuajimalpa.

Explicaron que, aunque han solicitado la suspensión voluntaria de una construcción millonaria de dos torres dentro del residencial, tanto empresarios, como autoridades se oponen.

La Asociación de Condóminos Olivos 114 sostuvo que la desarrolladora Club de Golf Bosques S.A., tal como aparece en una resolución judicial, ha construido las llamadas torres Dátil 1 y 2 sobre una zona que prohibe una obra de tal envergadura.

“Lo sensato sería suspender la obra hasta la resolución total de los juicios que se tienen en curso y que sólo en caso que los juicios fuesen resueltos de manera favorable a los intereses del Desarrollador esta pudiese continuar“, citó la Asociación en un reporte dirigido al desarrollador y Comité Ejecutivo del Club de Golf Bosques.

Los departamentos, según anuncian los inmobiliarios, oscilan en precios que van de 2.20 a 4.58 millones de dólares, por espacios entre los 566 y mil 273 metros cuadrados.

Los inconformes acusaron a los ex jefes delegacionales de Cuajimalpa, Remedios Ledesma y Adrián Rubalcava Suárez, de violentar los derechos humanos de los vecinos al recibir Manifiestos de Construcción anómalos, de acuerdo con la argumentación del Magistrado Jorge Antonio Martínez Maldonado en una resolución del Tribunal Contecioso Administrativo de la Ciudad de México.

dijeron que la administración de Ledesma recibió en 2006 el Registro de la obra de 16 niveles con número de folio VI-M/083/06; mientras que Adrián Rubalcava Suárez, con el folio V1MC/004/14, conservó el número de pisos de la obra y amplió la posibilidad de un sótano más, con el fin de que fuesen cuatro en total.

Tanto Remedios, perredista, y Rubalcava, priísta, incumplieron con una de las obligaciones de ser Jefe Delegacional, señalada en el artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano:

“Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla con los requisitos previstos y se proponga respecto de suelo urbano”.

Sobre otros casos similares que ha trabajado Suma Urbana, la dirigente Josefina Mac Gregor resaltó que es obligación de las autoridades verificar que el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo y la Manifestación de Construcción vaya de acuerdo a lo que dice el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Delegacional.

En agosto, el Tribunal resolvió declarar la nulidad de los registros de construcción, dado que las torres dátiles no respetan las disposiciones de la declaratoria de la ZEDEC. Sin embargo, esta sentencia fue apelada por el desarrollador.

En cuanto a la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el Tribunal dejó sin efecto posibles procesos en contra de las autoridades involucradas en el registro de las Manifestaciones de Construcción.

En los juicios por las torres dátiles no se hace mención de nombres de autoridades, pero sí de sus cargos y las fechas en las que recibieron los registros de Manifestación de Construcción. Sin embargo, el propósito de las resoluciones se limitan a la reparación del daño y no a sancionar a autoridades.

Josefina Mac Gregor explicó que estas situaciones son comunes en la Ciudad de México. Y dijo que es difícil lograr tanto la reparación, como una sanción para autoridades que realicen operaciones anómalas.

La especialista apuntó que éste tipo de denuncias de anomalías en los registros de Manifestación de Construcción suelen estancarse por la falta de verificación de las autoridades delegacionales, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y Contraloría Interna de la Delegación.

“Yo le podría decir que ha habido algunas inhabilitaciones a autoridades hasta por diez años, pero después usted se da cuenta que esa persona está trabajando en otra delegación. Las sanciones que existen no se aplican porque la Ley no indica claramente quien las debe aplicar”, criticó Mac Gregor.

ESCÁNDALOS EN EL PASADO

Malos manejos en la administración pública han caracterizado el paso de Adrián Rubalcava en la gestión pública. El hoy Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha sido señalado de agresiones a medios, periodistas y vínculos con grupos de choque.

El 7 de mayo de 2015, el entonces Jefe Delegacional con licencia terminó involucrado en un enfrentamiento entre simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PRD, que dejó 30 heridos.

El PRD señaló a Héctor González, hermano de Claudio González González, dirigente de un grupo de golpeadores denominado “Los Claudios”, de estar detrás de la agresión a los afiliados del Sol Azteca.

Más tarde a este mismo grupo de choque se la atribuyó la invasión a un edificio en la calle Benjamín Hill 261 de la Colonia Condesa, de la Delegación Cuauhtémoc. En junio del año pasado, las autoridades judiciales catearon el edificio, encontrando documentos y uniformes de la delegación Cuajimalpa.

En uno de los cuartos del edificio se encontraron correos electrónicos y una cuenta de Twitter de la Delegación Cuajimalpa, que compartía los mensajes de Rubalcava en esta red social.

No obstante, no existió una orden penal que vinculara al Asambleísta con los malechores. Rubalcava se presentó a declarar voluntariamente a la Procuraduría de la Ciudad de México para aclarar su situación.