Las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) llamaron al Gobierno federal a garantizar el acceso a la justicia del pueblo wixárika ante la disputa que mantienen con ganaderos del municipio de La Yesca, en Nayarit.
En octubre pasado, un tribunal agrario dictó cuatro sentencias a favor del pueblo originario, mismas que no se han cumplimentado debido a la presencia de hombres armados en la zona de disputa.
Ante la problemática, las comisiones de derechos humanos llamaron al Estado a destinar los recursos necesarios para el cumplimiento de las órdenes y la garantía de seguridad y acceso de justicia de la comunidad wixárika.
Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- El Gobierno federal debe garantizar el acceso a la justicia de la población wixárika y concluir los procesos de restitución de tierras al pueblo originario, exigieron las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), pues aseguran que estos fueron suspendidos en un clima de falta de condiciones y seguridad, los cual provocó que anunciaran impedir el proceso electoral en dichas comunidades.
Dicho proceso, señalaron las dependencias, debe desarrollarse con base en el estado de derecho y respeto pleno a los derechos fundamentales de los agraviados.
Desde días pasados, la camunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños habían anunciado boicotear las lecciones del 1 de julio.
Las comunales realizaron retenes en los accesos a us territorios para evitar el paso candidatos y funcionaros del Instituto Nacional electoral (INE), según informó el periódico La Jornada.
Hace más de 10 años, integrantes del pueblo wixárika han mantenido un conflicto agrario con ganaderos en la localidad de Huajimic, una zona serrana ubicada en el municipio de La Yesca, en Nayarit.
Sin embargo, el Tribunal Unitario Agrario 66 dictó, en octubre pasado, cuatro sentencias para la restitución de 10 mil 700 hectáreas en favor del pueblo originario.
En días pasados, hombres armados impidieron la ejecución de las medidas dictadas por el tribunal. Por lo que el pueblo wixárika anunció, tras una asamblea comunitaria, que si la restitución de tierras no se lleva a cabo, cerrarán escuelas e impedirán el desarrollo del proceso electoral en las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan Kuruxi Manuwe.
Ante la problemática, la CNDH y la CEDHJ consideraron que “el uso de la violencia para obstaculizar la ley es alarmante”, ya que las autoridades responsables no han otorgado las garantías necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y dar cumplimiento con la orden del tribunal agrario.
Ambos organismo hicieron un “enérgico llamado” a las autoridades correspondientes para garantizar el acceso a la justicia de la comunidad wixárika, “en un clima de seguridad y paz social”.
También llamaron a realizar mesas de diálogo para abrir un canal de discusión que analice “en toda su profundidad e implicaciones humanas” la controversia.
Los organismos llamaron al Estado a “asignar los recursos suficientes” para indemnizar a los ganaderos que tendrían que desalojar las tierras.
Finalmente, recalcaron que el pueblo wixárika han actuado en el marco de la ley “por lo que resulta un acto básico de justicia”, la atención a su demanda y el cumplimiento de las medidas dictadas por el tribunal agrario.
Se prevé que el día 9 de mayo realicen una asamblea donde está invitado el Presidente Enrique Peña Nieto para resolver la restitución de us hectáreas.
EN MICHOACÁN, COMUNIDADES TAMPOCO QUIEREN ELECCIONES
Ocho poblaciones pertenecientes a cuatro regiones purépechas de Michoacán informaron al Instituto Nacional Electoral que no permitirán la instalación de casillas electorales en sus comunidades.
Aranza, Zopoco, Santa Fe de la Laguna, Sevina, Urapicho, San Felipe de los Herreros, San Benito y Cocucho son las comunidades que hasta al momento han confirmado que harán la prohibición, aunque se espera que sumen más de las 30 poblaciones.
Los partidos políticos –acusaron los indígenas– dividen a las comunidades, no les entregan directamente el presupuesto que como grupo indígena les corresponde, además de que los discriminan políticamente.
Durante una asamblea que se llevó a acabo el 9 de abril pasado, el Concejo Supremo Indígena de Michoacán tomó ésta decisión con la premisa de que los integrantes de su comunidad no fueron incluidos en las planillas del ayuntamiento.
“Los candidatos únicamente generan problemas y divisionismo en la comunidad y más aún durante su periodo de Gobierno. [Tampoco] aplican el presupuesto que corresponde a la comunidad, de acuerdo con el porcentaje de la población”.
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— COMUNA P’URHÉPECHA (@ComunaKeri) 16 de abril de 2018
