Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar un amparo de ciudadanos para exigir que no se condonara a estados y municipios el pago de alrededor de 600 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que, además, pagaron los trabajadores público, fue lamentable y marca un retroceso constitucional, afirmó el economista Luis Manuel Pérez de Acha, miembro del colectivo #YoContribuyente.

“La SCJN optó por no proteger los derechos de los ciudadanos y sí los de los estados y municipios”, dijo. El abogado explicó que la decisión es un retroceso en materia de derechos humanos y que éstos no están “en la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos] como una fantasía sino como una realidad”, como para que las autoridades los ignoren.

“La Corte avaló la falta de transparencia y rendición de cuentas”, denunció el también socio fundador de PDeA Abogados.

El amparo fue interpuesto en contra de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que perdonó adeudos fiscales a estados y municipios provenientes del ISR retenido a sus trabajadores y que, además, no entregaron a la Federación.

Extraoficialmente se habla de 600 mil millones de pesos que se han hecho “humo” y que son considerados “un robo”. Sin embargo no es posible saber cuáles son los estados más afectados porque la información se maneja como “un secreto de Estado”, expuso.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha negado a abrir la información por “ser secreto de Estado” y a pesar de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) se lo requirió.

“La Corte votó a favor de la impunidad de los funcionarios de estados y municipios que no rindieron –ni rendirán– cuentas sobre los impuestos retenidos a los trabajadores durante varios años, y votó a favor de la complicidad del Congreso con la opacidad, al autorizar el estímulo fiscal ‘Borrón y cuenta nueva’ sin justificación, y sin informar sobre los montos condonados ni los beneficiarios gubernamentales”, advirtió el colectivo en un comunicado.

SIGUEN LOS TRABAJADORES

El próximo paso a seguir –planteó Pérez de Acha– es que los mismos trabajadores, “que son los más afectados”, presenten el mismo amparo ante la Corte. Con este fin, #YoContribuyente lanzó una convocatoria para los que quieran sumarse a la movilización.

“A ellos les quitaron los impuestos y el efecto es que se los devuelvan [los impuestos que les quitaron] a ellos”, afirmó.

En un comunicado, el movimiento explicó que la primera etapa del amparo terminó, sin embargo las acciones de #YoContribuyente continúan.

“Convocaremos a trabajadores de gobierno, afectados por una condonación de impuestos que a ellos ya les retuvieron, para hacer valer su derecho a conocer con oportunidad y transparencia el destino de su aportación tributaria, hoy desconocida, y si ésta se emplea bajo los principios de ‘eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados’, como lo exige el artículo 134 de la Constitución Federal”, manifestó.

De acuerdo con el colectivo,  pese a la resolución la participación de más de 40 mil personas que sumaron a la causa y la convicción de los 20 personajes que promovieron el amparo siguen vigentes.

“El valor de esta participación, demanda continuar con acciones que combatan la corrupción y la impunidad, independientemente de los argumentos jurídicos expresados por la SCJN”, comentó la organización civil.

Luis Pérez de Acha expuso que están haciendo una “especie de revuelta” por la vía legal. “Estamos promoviendo un juicio de amparo, no estamos en la vía inconstitucional”, dijo.

“La defensa de los derechos humanos de propiedad e igualdad que sustentaron el amparo, merecen seguir siendo protegidos: del primer derecho porque al pagar impuestos cedemos parte de nuestra propiedad al gasto público, sin conocer en este caso si el destino del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores tuvo ese fin; y del segundo porque en términos fiscales la misma exigencia de pago de ISR que el SAT aplica a los contribuyentes y empresas privadas, debiera aplicar a las empresas públicas, es decir, a los gobiernos locales”, publicó.

EL REVÉS DE LA CORTE

La Primera Sala SCJN desechó ayer conceder un amparo contra la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de condonar a estados y municipios el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) a sus trabajadores, tal y como exigió un colectivo de ciudadanos inconforme con que la Federación borrara esa deuda.

Con esta resolución, la Primera Sala rechazó la ponencia del ministro José Ramón Cossío, quien proponía reconocer que los contribuyentes tienen interés legítimo para promover amparos que cuestionen al gobierno sobre el ejercicio de los recursos públicos.

La solicitud de amparo fue presentada por un grupo de intelectuales conocido como “#Yo Contribuyente”, integrado por Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser, Jesús Silva Herzog Flores, Federico Reyes Heroles y Alejandra Palacios, actual presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica.

De acuerdo con el colectivo, el “regalo” de la Federación a estados y municipios afecta a la ciudadanía en general, pues mientras a ellos se les perdonan adeudos de impuestos, hay miles de personas físicas a las que el gobierno federal los ha ubicado en “listas negras” como contribuyentes incumplidos o se procede penalmente en su contra.

También impacta negativamente en la merma en los ingresos federales, pero la Federación la compensa aumentando los impuestos a los contribuyentes como ya sucedió con la Reforma Fiscal de 2014, que entró en vigor el 1 de enero pasado.