Gustavo Rodríguez González se convirtió en el primer funcionario inhabilitado y multado por la Secretaría de la Función Pública mientras se investigan los desvíos multimillonarios en las gestiones de su jefa, Rosario Robles Berlanga, al frente de la Sedesol y la Sedatu. Él era el vocero, el encargado de las oficinas de donde salieron los muchos millones de pesos para saturar periódicos, radio, televisión, sitios digitales y autobuses con los supuestos logros del combate al hambre en México.

Los datos públicos de la Administración que está por concluir muestran un frenesí en el gasto de campañas mediáticas. Como protagonista de la danza de los millones de pesos, siempre aparece la Sedesol. Y en el centro de la decisiones, se asoma el nombre de Rodríguez González quien en un solo día avaló 75 contratos por Adjudicación Directa de la campaña “Cruzada Nacional contra el Hambre. Dos años cumpliendo”. Es el mismo despliegue donde el Órgano Interno de Control de la dependencia le señala una fuga de dinero.

En esta historia ha quedado muy claro que había dinero, tanto que algunos montos fueron muy bien acreditados y al tiempo, ocurrieron supuestos desfalcos con esquemas complejos. Y también está claro que la crisis alimentaria en México, después de la Cruzada, es peor. El Coneval admite que a al drama de la pobreza se sumaron dos millones de mexicanos y la ASF no ha recibido la comprobación de que quienes padecían hambruna hayan recibido algo, lo más mínimo de este flujo.

PRIMERA PARTE DE UNA SERIE

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Gustavo Rodríguez González fue vocero de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue el hombre que siempre estuvo en el centro de las decisiones para avalar las multimillonarias campañas de publicidad oficial que proclamaban los supuestos resultados de los programas sociales a cargo de su jefa, Rosario Robles Berlanga, titular de las dos dependencias. Fue el funcionario público que se encargó de difundir los logros inexistentes del combate al hambre en México con miles de spots en radio y televisión, así como en periódicos, sitios digitales y autobuses.

Mientras esos despliegues millonarios se realizaban, Rosario Robles Berlanga se convertía en la funcionaria con más insolvencias sin atender ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -un cúmulo de cinco mil 321 millones hasta ahora- y se distinguía por su ineficacia. La Unidad de Datos de SinEmbargo revisó los indicadores en el Quinto Informe de Gobierno para conocer los alcances del Gobierno. El hallazgo fue que 18 de 31 objetivos están incumplidos; pero en 12, los relacionados con el combate a la pobreza y que estuvieron a cargo de ella, ni siquiera hay información suficiente.

“No te preocupes, Rosario”, le dijo el Presidente Enrique Peña Nieto durante el lanzamiento de la Cruzada en Zinacantán, Chiapas, frente a Inacio Lula da Silva, en 2013, cuando la entonces Secretaria de Desarrollo Social había recibido la primera acusación: la utilización de los programas sociales para acarrearle votos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Cinco años después las imputaciones son más graves. Ahora debe explicar qué ocurrió con 700 millones de pesos provenientes de convenios con universidades públicas que bajos esquemas de subcontratación no comprobaron los recursos recibidos, tanto en la Sedesol como en la Sedatu. A Rosario Robles Berlanga, la ASF le señala un complejo esquema fraudulento en el que incurrió de manera sistemática en las dos Secretarías. Ante los medios, ha dicho: “Estoy muy tranquila … Y que se me investigue por debajo de las piedras”.

La suerte no ha sido la misma para su vocero e impulsor de sus campañas de difusión. Gustavo Rodríguez González fue inhabilitado y multado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el presunto saqueo de dinero de la Sedesol a través de la campaña “Cruzada Nacional. Dos años cumpliendo”.

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Desde su cargo en la Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social en la Sedesol en 2015, Gustavo Rodríguez González habría liberado pagos a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) para simular los servicios en la campaña de difusión “Cruzada Nacional Contra el Hambre. Dos años cumpliendo”. El supuesto daño fue de 175 millones 411 mil 524 pesos.

Por esta razón, el 26 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) le impuso una sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por 10 años, así como una sanción económica de 210 millones 493 mil 829 pesos.

Por un lado, hubo un supuesto desfalco a través de un esquema complejo y opaco, pero por el otro, los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal indican un gasto frenético en la difusión de los logros inexistentes del combate a la hambruna en México a través de esa misma campaña.

Los datos abiertos muestran que el mismo ex funcionario avaló en un solo día -el 24 de febrero de 2015- 75 contratos por Adjudicación Directa para difundir dos años de la Cruzada por 211 millones 834 mil 256 pesos. Los mayores contratos fueron con Televisa que recibió 102 millones 259 mil pesos y Estudios Azteca que tuvo 27 millones de pesos.

El dinero aprobado ese día por Rodríguez González es la mitad del presupuesto que en 2015 tuvo el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el órgano de la misma Sedesol que monitorea el desempeño de los programas sociales.

Ese año en que la Sedesol difundía una campaña mediática de su trabajo para el combate al hambre, en México había dos millones más de pobres que en diciembre de 2012, cuando se inició el Gobierno peñanietista. El crecimiento de la población en esa tristísima condición había pasado de 53.3 millones a 55.3, un 46.2 por ciento del total en el país, según detectó el propio Coneval.

En efecto, el número de mexicanos en pobreza extrema disminuyó en ese periodo al pasar de 11.5 millones a 11.4. Pero la disminución fue de sólo 100 mil ciudadanos; es decir, apenas el 0.8 por ciento.

Sin que esto importara, el flujo de dinero en torno a la Cruzada continuaba en gastos que no tenían -aún no la tienen- explicación.

En la auditoría 13-0-20100-12-0269 sobre el primer año de la gestión de Rosario Robles en la Sedesol aparece una factura de 32 mil 900 pesos en globos para adornar los actos de promoción del programa. Cada uno salió en 212 pesos cuando el valor de mercado es de 15 a 35 pesos.

La ASF señaló que esos artículos no correspondían con los objetivos que establecía el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre que son: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”.

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Así se gestionaba el programa estelar para combatir la crisis alimentaria en México. Pero no resultaba extraño. El gasto en publicidad oficial fue un estilo en la comunicación gubernamental de la Administración que está por concluir.

Un estudio de Fundar Centro de Análisis reveló que de 2013 a 2016, rebasar los presupuestos aprobados por la Cámara de Diputados era una constante en las entidades gubernamentales. En tres años, el Gobierno había gastado 71.86 por ciento más, del monto aprobado para este rubro.

Era la Sedesol la que protagonizaba la danza de estos dineros. En 2015, el Gobierno anunció diversos recortes presupuestarios, incluido un 10 por ciento para publicidad oficial. En la dependencia gestionada por Rosario Robles, las cifras mostraban que más bien, esta erogación creció de manera exponencial. Desarrollo Social tuvo un recorte de 2 por ciento de su presupuesto en 2015 y de 3 por ciento en 2016. Aun así, ejerció un monto superior en mil 210 millones de pesos respecto a lo aprobado.

De 2013 a 2016, las dependencias que más erogaron en publicidad oficial fueron Promotur (9.69 por ciento); el IMSS (7.22 por ciento); la SEP (5.83 por ciento); Pronósticos para la Asistencia Pública (5.10 por ciento); y la Sedesol (6.57 por ciento).

En la Sedesol, la responsabilidad de estas campañas estuvieron bajo Gustavo Rodríguez, un funcionario que percibió un sueldo bruto de cuatro millones 265 mil pesos mientras ocupó la Jefatura de la Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social de esa dependencia. En la Sedatu, como Director General y Coordinador General de la misma área, completó una percepción bruta de cuatro millones 265 mil 904 pesos.

Cuando, en enero de 2011 ingresó al servicio público (era el último año de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa), declaró que era dueño de una casa en un terreno de 90 metros cuadrados con 70 de construcción que obtuvo mediante un crédito. Además, tenía dos coches adquiridos al contado. Uno era un Dodge Neón 2001 y otro, un Honda CRV 2005. Los dos los había comprado al contado.

Le informó a la Función Pública que en ese momento cursaba la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México, que había sido reportero del periódico Excélsior y después, Director Corporativo de Comunicación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

En cuanto tomó posesión en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Rosario Robles Berlanga en el cargo principal de la Sedesol. Gustavo Rodríguez se convirtió entonces en Jefe de la Unidad de la Oficina de la Secretaría de Comunicación Social. A partir de ese momento, impidió que su fortuna fuera pública. La consulta de sus declaraciones patrimoniales sólo arroja su Currículum en el que se observa que mientras trabajó en la dependencia, se licenció en Comunicación y luego, obtuvo una Maestría en Administración Pública en la Universidad del Valle de México.

A punto de concluir la Administración, Gustavo Rodríguez se convirtió en el primer funcionario sancionado mientras la Función Pública investiga los desvíos multimillonarios en las gestiones de Rosario Robles al frente de la Sedesol y la Sedatu porque no tiene constancia de los entregables de un convenio de la campaña “Cruzada Nacional contra el Hambre. Dos años cumpliendo”.

Como vocero de Rosario Robles, estuvo siempre mientras ella se defendía en los medios de comunicación de las acusaciones sobre desvío de dinero. Pero el 26 de septiembre apareció solo en el despacho de abogados Hernández Pliego. Ahí dijo que entregaba su cargo para defenderse. Luego, en varias entrevistas refirmó que los entregables que se le reclaman se encuentran en la Sedesol y que además, la ASF admite en sus auditorías que “… el prestador del servicio hizo entrega a la (dependencia) de los trabajos solicitados de los que se verificó la existencia de los testigos del trabajo realizado (audios, videos, etc).

Más allá de la campaña efectuada y del supuesto desvío de dinero, respecto al combate al hambre, México está igual o peor. Los logros de la Cruzada no están claros. Es la hora en que la Sedesol no ha acreditado que los beneficiarios fueran individuos en extrema pobreza y no ha comprobado en qué medida se atendieron sus carencias. Ha quedado muy claro que para difusión había dinero, pero no se sabe cuánto fue destinado para abatir el hambre.