Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– El Senado de la República se alista para aprobar, en periodo extraordinario, tres dictámenes pendientes de la legislación secundaria en materia política electoral que contienen –a decir de los propios legisladores– “insuficiencias”, con “algunas inexactitudes” y “contradicciones legales”, que fueron pasadas por alto por los senadores mediante acuerdos políticos, con el propósito de sacar lo antes posible las reglas del proceso electoral federal del próximo año.

La legislación secundaria aprobada en comisiones con atropellos y la promesa de realizarle enmendaduras, contempla que la función de organizar elecciones federales y estatales está a cargo del Sistema Nacional Electoral, compuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Órganos Públicos Locales Electorales de las 32 entidades federativas.

Sin embargo, las inconsistencias en los textos son tales, tanto en la Ley General de Partidos Políticos como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), que en la reunión de comisiones unidas, el Senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional  (PAN) emitió un voto de abstención. El legislador aseguró que persiste un intento de burla a la Constitución, en la redacción de algunos artículos de las nuevas leyes electorales.

“Hay incluso redacciones tramposas. Los compañeros del PRD [Partido de la Revolución Democrática] debieran tener cuidado con el tono celebratorio en términos de candidaturas independientes cuando se hagan cargo de las redacciones del último dictamen que nos ha llegado a las 6:15 de la mañana”, afirmó Corral en la última reunión de las comisiones unidas, 24 horas antes de que se presenten los dictámenes ante el Pleno.

Esto significa que no fueron suficientes los 80 días previos en que senadores del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) negociaron 28 iniciativas distintas para llegar a un dictamen de consenso. Aunque sí se alcanzó en 98 por ciento de consenso, quedó una pequeña rendija con los temas más importantes que serán debatidos en el pleno del Senado, y deberán ser resueltos por el veredicto de la mayoría de los legisladores presentes.

Los dos grandes temas que empantanaron la discusión durante varios días, son los relativos a las candidaturas comunes, que se refiere a la posibilidad de dos o más partidos a presentar un candidato común, sin necesidad de establecer una coalición.

El otro es la reforma al sistema de fiscalización, incluido en la Ley de Partidos Políticos. Priistas y panistas acordaron las reglas de prorrateo, para establecer la forma en que los partidos políticos podrán distribuir el gasto centralizado; es decir, el gasto que beneficia a distintas campañas electorales. La figura del prorrateo se utilizó en el proceso electoral del 2012 para distribuir el gasto de su candidato presidencial entre otros candidatos, a fin de evitar el rebase de tope de campaña, del actual Presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, no son los únicos temas, hay otros más cercanos a la ciudadanía que no quedaron del todo resueltos. Tal es el caso del modelo de comunicación política, tema que fue criticado por el Senador Javier Corral como uno de los puntos que no fueron respetados de los acuerdos originales entre los partidos políticos.

“Este dictamen no refleja los acuerdos que hemos tenido el día de ayer en la noche, pero no sólo eso, hay una persistencia por ir en contra de la Constitución en el debatido tema del modelo de comunicación política”, afirmó Corral.

Aunque eso no garantiza que se cancelen el sinnúmero de reservas que realizarán varios legisladores, entre ellos el propio Corral, que anunció se reservará para su discusión en el pleno todo el capítulo de comunicación política que va del artículo 159 al artículo 186 del Legipe.

Otra legisladora que presentará sus reservas es la perredista Dolores Padierna Luna, quien destacó que el dictamen (artículos 173 y 183 del Legipe) no refleja el espíritu de la reforma constitucional para prohibir la propaganda gubernamental, específicamente porque a su consideración no diferencia la publicidad presentada como información en los medios de comunicación.

“Preocupa también todo el tema de medios de comunicación. Hay varios artículos referidos a la televisión, pero solamente a la televisión abierta o a la multiprogramación, no está incluida la televisión restringida en todas estas normas y hay que ser claros que en la Constitución, incluso ya a la televisión restringida en una serie de normas que aquí no se incluyen”, afirmó la Senadora Padierna.

Otro tema que no queda claro para la legisladora, es el relativo a la promoción personal de servidores públicos.

“El [artículo] 234 pareciera admitir la promoción personal de servidores públicos, misma discusión que ya está rebasada en otros artículos, inclusive en la discusión política”, detalló la perredista.

Los senadores que lideran las comisiones unidas trabajaron durante la madrugada de este miércoles para afinar la redacción de los dictámenes, a fin de que no existan mayores inconformidades durante la celebración del periodo extraordinario.

“Por supuesto que los que planteó en particular el senador Javier Corral tiene toda la razón, debe incorporarse plenamente el acuerdo en materia del modelo de comunicación política. En otras cosas no tiene razón; no puede haber aportaciones de personas morales a los partidos políticos y se van a atender todos y cada uno de los acuerdos”, confirmó el Senador, Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿QUÉ SE APROBARÁ?

Los senadores votarán el dictamen por el que se crea la Ley General de Partidos Políticos, y uno más que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), el cual modificará casi en su totalidad al actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Los dictámenes se acompañan de reformas a la Ley General de Medios de Impugnación; a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La nueva Legipe pretender ser un solo ordenamiento donde se regule desde el centro del país la función estatal, a través de las autoridades electorales, para organizar los procesos electorales  así como los de consulta popular; los derechos y obligaciones electorales de los ciudadanos y la obligación de garantizar y salvaguardar el derecho a la libre determinación de los municipios y comunidades que se rijan por usos y costumbres.

Dentro de las facultades exclusivas del INE se encuentran:

• Integrar el Registro Nacional de Electores
• El diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;
• Integrar el Servicio Profesional Electoral Nacional;
• Expedir la credencial electoral de identidad;
• Administrar los tiempos oficiales en radio y televisión;
• Fiscalizar las finanzas de los partidos políticos, así como la aplicación de las sanciones correspondientes, y
• Asumir mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales.

Con respecto a las funciones para los procesos federales y locales, el INE deberá hacerse cargo del padrón y la lista de electores; la ubicación de casillas y la designación de los funcionarios que las integrarán; todo lo relativo a los resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión; la observación electoral y los conteos rápidos.

Por su parte, los Órganos Públicos Locales Electorales serán quienes organicen, difundan, promuevan, desarrollen y elaboren el cómputo de las elecciones en las entidades federativas; así como de las elecciones en pueblos, municipios y comunidades indígenas de acuerdo con sus sistemas normativos.

Sin embargo, el dictamen contempla la posibilidad de que el INE asuma directamente las funciones que correspondan a los órganos electorales locales, cuando se considere que existe un riesgo en los principios rectores de la función electoral, o bien cuando alguna entidad federativa solicite el apoyo.

Esto fue calificado como el Partido Acción Nacional como un logro, porque dejará a los gobernadores estatales sin la posibilidad de intervenir en los procesos electorales.

“Ya no serán los gobiernos estatales los que puedan manosear los procesos locales, los que tengan la organización de las elecciones o la calificación de las mismas. Y porque ya solamente habrá una estructura; ya no tendremos dos estructuras en la misma elección que al final del día también significan un doble gasto”, afirmó el líder de los diputados panistas, Luis Alberto Villarreal.

OTROS “LOGROS” ELECTORALES

La Reforma al Sistema Electoral de Partidos Políticos promueve numerosos cambios al modelo vigente.

Uno de los más vistosos es el voto de los mexicanos en el extranjero. Por primera vez en la historia se reconocerá el voto de los paisanos, el cual podrá emitirse vía electrónica, postal y también consular. Asimismo se amplía el derecho de ejercicio de este voto a la elección de los senadores.

En el tema de las candidaturas independientes se eliminó el candado que planteaba que no pudieran ser más de tres candidatos independientes en un proceso electoral.

“Al quitarlo nos permite visualizar que las candidaturas independientes, con el acceso al financiamiento público y privado que se permite, con el acceso a medios de comunicación que está establecido en la ley, permitirá que los ciudadanos tengan una clara y puntual participación”, afirmó el Senador del PRD, Armando Ríos Piter.

Uno de los asuntos más trascendentes y más importantes de la legislación secundaria es que obliga a que los partidos políticos establezcan el 50 por ciento de las candidaturas a mujeres, y serán las propias fuerzas políticas quienes definan la forma en la acatarán la paridad de género.

“Esto va a permitir que el 50 por ciento de las candidaturas sean de mujeres y me parece que es una verdadera revolución, en términos del sistema de partidos, en términos de los liderazgos que a nivel local podrán participar en las elecciones para constituir nuevos órganos locales, legislativos y obviamente el órgano federal legislativo”, destacó Ríos Piter.

La reforma también protege los derechos de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales quedan salvaguardados conforme a los usos y costumbres y conforme al sistema normativo.

En cuanto a los nombramientos de los consejeros electorales locales y de los magistrados de los Tribunales Electorales Locales, se establecen reglas específicas y sobre todo un régimen de transitoriedad para hacer efectivos estos cambios de nombramientos para la elección de 2015.

PERCEPCIÓN CIUDADANA

El Centro de Estudios de Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados aplicó una encuesta telefónica para conocer de qué manera la sociedad percibe el contenido de la reforma en materia política-electoral y su legislación secundaria.

La reforma contiene importantes cambios al sistema electoral nacional, entre los que destaca la sustitución del IFE (Instituto Federal Electoral) por el INE (Instituto Nacional Electoral), además de que permite, entre otras cosas, que los diputados y los senadores sean reelectos de manera inmediata.

La encuesta reveló que no existe una opinión homogénea, toda vez que seis de cada diez personas están a favor de dotar de más atribuciones al INE (64 por ciento). Sin embargo, un número similar de mexicanos se declaró en contra de la reelección de los presidentes municipales (68 por ciento).

Además, siete de cada 10 personas entrevistadas piensan que el crimen organizado financia muy o algo frecuente las campañas electorales.

Los mexicanos también expresaron su desconfianza respecto a la transparencia de los partidos políticos: 4 por ciento de los entrevistados pensaba que los partidos son muy transparentes, el 19 por ciento expuso que son algo transparentes, el 21 por ciento que son poco y el 53 por ciento consideró que son nada transparentes.

En cuanto a los topes de gasto en campañas electorales, el 83 por ciento contestó que los candidatos y partidos los superan muy o algo frecuentemente. Sobre el mismo tema, cuando se compruebe que un candidato sobrepasó el tope de campaña, sólo tres de cada 10 (28 por ciento) se inclinó por que la elección sea anulada.

Sobre los tiempos en radio y televisión que les son asignados a los partidos y candidatos, 7 de cada 10 entrevistados estuvo de acuerdo con que se mantuvieran restricciones.

Finalmente, 7 de cada 10 perdonas piensa que el crimen organizado financia muy o algo frecuentemente las campañas electorales.