Por Shaila Rosagel y Linaloe R. Flores

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Las negociaciones del Valle de San Quintín, en Baja California, donde cientos de jornaleros piden mejores condiciones laborales y la liberación de cuatro detenidos cuyas fianzas superan los 21 millones de pesos, quedaron ayer bajo la responsabilidad de David Garay Maldonado, Jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, y el mismo funcionario que en 1996 fue destituido por el entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) por contener con métodos violentos una manifestación de maestros de Oaxaca.

Una fuente de la Secretaría de Gobernación informó que Garay Maldonado acudiría a San Quintín en sustitución de Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobierno de la dependencia, debido a que este se encuentra hospitalizado. El diagnóstico médico que le ha impedido ir a este funcionario a aquel valle del norte de México no ha sido dado a conocer.

Fidel Sánchez Gabriel, vocero oficial de la Alianza Nacional de Organizaciones por la Justicia Social en entrevista con SinEmbargo, sostuvo que no conocen al funcionario del gobierno federal que los atendería en la reunión que al cierre de esta nota estaba por iniciar en Ensenada, Baja California. Lo que sí recalcó fue: “la violencia en contra de nosotros ha ido escalando”.

Expertos en Derechos Humanos vaticinaron que la mesa de negociaciones de San Quintín se complicará en la medida que el negociador por parte del Gobierno Federal tiene “una visión más policiaca de control social” y ningún antecedente de “respeto a los derechos humanos”.

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David Garay Maldonado es el funcionario que fue destituido el 28 de mayo de 1996 como Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, bajo la acusación de reprimir una manifestación de maestros de Oaxaca en la Avenida Chapultepec del Distrito Federal para impedir que llegara a las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos. Según los números oficiales, hubo 45 heridos.

En aquella ocasión, en un comunicado de prensa leído por el entonces vocero presidencial, Carlos Almada, se informó que el entonces Presidente Ernesto Zedillo le pidió a Garay Maldonado un informe sobre los hechos violentos ocurridos ese día.

“Si bien –leyó Almada en el comunicado presidencial– en dicha explicación quedó claro que un grupo de los participantes en la citada marcha fue el que primero incurrió en actos de violencia al agredir a algunos policías, de ningún modo satisfizo al Presidente el que a esos actos se respondiera violentamente en vez de haber recurrido a otros procedimientos que evitasen un enfrentamiento con su deplorable secuela de personas lesionadas”.

Antes, Garay Maldonado había sido Director de Reclusorios y Centros de Readaptación Sociale (Ceresos), de 1991 a 1993, mientras Manuel Camacho Solís era Jefe del entonces Departamento del Distrito Federal (hoy Gobierno del Distrito Federal).

Nacido en la Ciudad de México el 29 de mayo de 1950, Garay Maldonado se licenció en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su cédula profesional data de de 1977 con el número 464967 en el Registro de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En 2005, como Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, lo llamó para que ocupara la presidencia del Comité Estatal del Consejo de Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública. Luego, tras los compromisos del pacto por la seguridad, en 2009, relevó a Germán Garcíamoreno Ávila en la coordinación de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México. En ese cargo permaneció hasta que concluyó la administración peñista en 2011.

No se ha separado del equipo peñista. En 2012, investido ya como Presidente de la República, el mexiquense lo nombró Jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, cartera que quedó a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong.

En su calidad de Jefe de esa Unidad, David Garay Maldonado fue uno de los participantes de la mesa de diálogo entre la Asamblea General Politécnica (AGP) y el Gobierno Federal después de 41 días de paro en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en noviembre pasado. Una de sus propuestas fue la creación de un órgano de defensoría de los derechos individuales y de los politécnicos. En esa negociación se lograron siete “preacuerdos” que restituyeron el funcionamiento en la institución.

La sublevación de los jornaleros agrícolas de San Quintín logró atraer la atención de los Organismos de Derechos Humanos internacionales. Los campesinos han revelado que trabajan en condiciones de esclavitud, propias del siglo XIX. Están bajo horas continuas bajo el sol sin alimentación ni hidratación suficientes y tienen contacto con fertilizantes dañinos. La mañana del pasado sábado 9 de mayo, un grupo de campesinos y elementos de la Policía municipal se enfrentaron en una gresca en la que hubo cuatro detenidos.

José Antonio Ortega, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, expuso que San Quintín, más que nada, es un asunto de Derechos Humanos. “En esa medida, en su mesa de negociaciones requiere a un funcionario con tal experiencia y conocimiento. David Garay Maldonado no tiene antecedentes de respeto a los Derechos Humanos. Su presencia en aquel valle indica que al Gobierno Federal le hacen falta operadores ante tantos problemas que tiene el país”.

Ortega observó que el haberle dado tantas atribuciones a la Secretaría de Gobernación en este sexenio tiene como consecuencia que los problemas no puedan ser abordados a cabalidad, con toda la luz posible.

Para Édgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el hecho de que sea David Garay Maldonado quien se siente a la mesa de negociaciones con los jornaleros de San Quintín es una decisión que no refleja disposición del Gobierno Federal para privilegiar los derechos humanos. “El perfil es el de un hombre que tiene visiones policiacas y de seguridad represivas. Y ello le pone un posible detonante a las negociaciones. No se vislumbra una mesa en la que vaya a construirse un conjunto de soluciones. Y queda expuesto, una vez más que el Gobierno de Peña Nieto no tiene operadores con un mínimo de currícula en Derechos Humanos”.

El activista por la defensa de los derechos humanos, Jesús Robles Maloof, exclamó: “El Gobierno no esconde sus objetivos a través de su designaciones. Envían a San Quintín a policías entrenados en control social, pero no en diálogo. El objetivo es que la mesa sucumba a lo primero”.

LAS CANCELACIONES DE UN FUNCIONARIO

Según trabajadores de la comunidad triqui de Vicente Guerrero, una localidad del Valle de San Quintín, el viernes 8 de mayo, sostendrían una reunión con el Subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, para pedir mejoras de sus condiciones en el campo donde a veces pasan 20 horas continuas sin la alimentación ni hidratación suficientes. El funcionario canceló la cita y la había reprogramado para ayer, viernes 13.

Enseguida, el sábado 9, ocurrió la gresca entre un grupo de jornaleros y elementos de la Policía municipal. Cuatro campesinos resultaron detenidos, y ahora, a tres de ellos, se les impuso una fianza de siete millones de pesos para cada uno.

Lo que seguía en la bitácora era que ayer, el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, llegara a la mesa de negociaciones; pero no lo hizo. En la dependencia se informó que el funcionario público se encuentra hospitalizado; pero no se abundó en el diagnóstico médico que le impidió viajar. De modo que las negociaciones quedaron bajo la responsabilidad de David Garay Maldonado.