Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– La expansión de los grupos de autodefensa en el país se debe principalmente a la falta de seguridad y la delincuencia fuera de control que mantiene sometida a la autoridad, dijo el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.

La situación de las policías comunitarias en Michoacán se está saliendo de control en diversas localidades. Mientras en unas acusan a la Policía Federal de implantar guardias comunitarias para enfrentar al crimen organizado –como afirman productores y empresarios de Michoacán–, en otros –como en el caso de Aquila–denuncian a los grupos de autodefensa de actuar por intereses propios y no para bien de los comunitarios.

Ayer, mientras 41 habitantes en la comunidad de Aquila declaraban ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tras ser aprehendidos por posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó del posible crecimiento de los grupos de autodefensa en tres estados afectados por la delincuencia organizada: Tamaulipas, Veracruz y Michoacán.

Sin embargo, a pesar de la advertencia de Plascencia Villanueva sobre la violencia que impera en las entidades en las que han surgido policías comunitarias para la protección de sus comunidades, el Gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, afirmó que en el caso específico de Aquila, el conflicto no es por la inseguridad sino una disputa interna por las regalías derivadas de la explotación de una mina local.

“Tiene que ver con el manejo de unos recursos de la empresa minera que explota ahí y que le paga importantes regalías a la comunidad. No tiene nada que ver con policías comunitarios, no tiene que ver con lo que existe en municipios cercanos con Tepalcatepec y Buenavista”, añadió el mandatario.

Poco después de la declaración de Reyna García, el representante comunal de Aquila, Octavio Villanueva, explicó que el nacimiento de la comunidad no fue provocada por los conflictos de la mina sino para defenderse del crimen organizado y que con el desarme quedaron desprotegidos y vulnerables.

“Si no tenemos apoyo del gobierno, nosotros estamos en las manos de ellos [de Los Caballeros Templarios], nuestras familias, nuestro pueblo. Tenemos apoyo de guardias comunitarias cercanas”.

LA MINA EN AQUILA

De acuerdo con las declaraciones de Jesús Reyna, la detención de las personas se debió a un conflicto que se tiene con la empresa minera Ternium, que les da regalías a la comunidad por la explotación de una mina que se encuentra en San Miguel de Aquila, y que el desarme de la autodefensa fue porque está fuera de la ley.

El Gobernador interino aseguró que no tenía nada que ver con los grupos de autodefensa y que incluso el líder de los detenidos, Agustín Villanueva Ramírez, organizó a la población para recuperar el control de comuneros que reciben beneficios de la mina.

Según una averiguación previa integrada por la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, cada uno de los 401 comuneros beneficiados por las regalías de la mina Las Encinas, explotada por la trasnacional Ternium, recibe mensualmente 33,324 pesos por un acuerdo comunal de enero pasado.

De acuerdo con el documento de la procuraduría michoacana, los comuneros recibían su pago de forma individual y en tarjeta bancaria, por lo que Villanueva Ramírez se molestó y formó un grupo para “seguir usufructuando las regalías que hasta antes de esta decisión de asamblea manejaba a su arbitrio.

A lo que Octavio Villanueva, respondió: “Nosotros nos armamos en contra del crimen organizado porque no podíamos pagar nosotros tanta cuota”.

A su vez, la Diputada michoacana Selene Vázquez, coincidió con que los comuneros de Aquila empezaron a ser extorsionados por el grupo criminal Los Caballeros Templarios en mayo pasado, poco después de que por primera vez la comunidad recibiera las regalías por la explotación de la mina Las Encinas.

“Cuando recibieron su dinero, inmediatamente recibieron la visita de los templarios para quitarles su dinero (…) Ellos deciden levantarse (formar la autodefensa), dicen que los policías municipales ayudan a los templarios”, afirmó Vázquez.

De los 46 comunitarios detenidos en Aquila, 5 contaban con órdenes de aprehensión por lo que fueron llevados al Centro de Readaptación Social de Morelia. Entre éstos, se encuentra el presunto líder del grupo, Agustín Villanueva, quien enfrenta cuatro procesos penales por secuestro, violación de domicilio, robo y lesiones.

¡FUERA POLICÍAS FEDERALES!

En situación  contraria se encuentran los comuneros de Los Reyes, Michoacán. Empresarios, productores y agricultores michoacanos denunciaron que la propia policía federal ha implantado a las llamadas policías comunitarias con el propósito de provocar un enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico y de esa forma disminuir la actividad ilícita en el estado.

“La Policía Federal está inventando la creación de los policías comunitarios para provocar un enfrentamiento contra otros cárteles, porque finalmente es un cartel el que están creando y de esa firma disminuir al que tiene una actividad ilícita en el estado, pero no ha importado lo que pase con el pueblo michoacano”, afirmó el arquitecto Tito Fernández, representante del Movimiento Paz por Michoacán

El miércoles, indígenas purépechas viajaron a la Ciudad de México para denunciar que no tienen garantías de seguridad de la Policía Federal.

“Cuando empezaron a llegar los policías federales creímos que las cosas iban a mejorar, pero no fue así, las cosas siguieron igual. El problema no son los policías federales, el problema es el crimen organizado y la ineficacia del Gobernador (interino, Ángel Reyna)”, indicó otro de los indígenas.

Los comuneros, que descartaron autonombrarse policía comunitaria ni grupo de autodefensa, pero denunciaron que han recibido amenazas por parte de “los malos” –como llaman a la delincuencia organizada–, que les exigen una cuota de hasta dos mil pesos por hectárea para dejarlos trabajar.

“Estamos unidos por el miedo, pero unidos nos hemos mantenido con vida”, relató uno de los indígenas.

Los empresarios michoacanos también se quejaron d que existen alrededor de 800 elementos de la Policía Federal acuartelados en el Centro de la ciudad de Uruapan, sin patrullar directamente las zonas en conflicto y sólo provocando a la población.

Aunque no demeritaron las acciones de inteligencia del Gobierno federal, los michoacanos lamentaron que “tal parece que a Michoacán nomás nos mandan los malos” elementos, pues están documentando diversas violaciones a por lo menos 400 mujeres menores de edad.

“La violencia no es culpa de los michoacanos, es culpa de las políticas públicas que no se han aplicado correctamente, estas políticas públicas obedecen a otros intereses, no a los intereses de los michoacanos ni de los mexicanos. Con el surgimiento de grupos armados que han aparecido recientemente en la entidad, se está abriendo la caja de Pandora que el gobierno no va a poder controlar”, agregó Hernán Gómez, representante de organizaciones civiles.