En medio de la polémica por los bienes de algunos miembros cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto, como la “casa blanca” de su esposa y la residencia de Malinalco del titular de la Secretaría de Hacienda, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF) urgió a los miembros de su gabinete a transparentar su patrimonio. Hasta ahora, sólo 14 lo han hecho.

Pero la información contenida en las versiones públicas que los funcionarios han autorizado es, de acuerdo con especialistas, insuficiente para cumplir siquiera con estándares en materia de rendición de cuentas.

Guillermo Ávila, investigador de Fundar, dice que para que una versión pública de una declaración patrimonial sea suficiente tendría que incluir los ingresos de los servidores públicos, tanto por su cargo como por cualquier otra actividad; montos de cuentas bancarias, inversiones, activos, derechos, y de préstamos, gravámenes y deudas; participaciones en cualquier sociedad comercial, asociación civil o consejo de administración; derechos sobre propiedades; valor de sus bienes muebles e inmuebles. Ademas, dice, se tendría que incluir esa información sobre sus cónyuges.

Pero esto no sucedió. El ejercicio quedó en una declaración más, en un boletín de prensa más, en un intento más…

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– El pasado martes, durante la presentación del Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas, Fiscalización, Prevención y Combate a la Corrupción, el Jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, instruyó a los integrantes de su gabinete para que “en el marco de la Ley y a la brevedad” presenten las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales a la Contraloría General del Distrito Federal.

“Todo el Gabinete, sin excepción, y quien no lo quiera hacer conoce cuál será la decisión del Jefe de Gobierno”, les dijo.

Hasta antes de que Mancera Espinosa les lanzara esa advertencia, al menos los titulares de 12 secretarías, así como el Contralor General y el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, ya habían autorizado hacer parcialmente públicos sus bienes, como se desprende de las versiones públicas de declaraciones patrimoniales entregadas a SinEmbargo, en respuesta a la petición de información 0115000145514.

Se trata de información sobre el Jefe de Gobierno; el Contralor General, Hiram Almeida; el Consejero Jurídico, José Ramón Amieva Gálvez; así como los secretarios de Gobierno, Héctor Serrano Cortés; Finanzas, Edgar Amador Zamora; Obras y Servicios, Alfredo Hernández García; Educación, Mara Robles Villaseñor; Desarrollo Social, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; Salud, José Ahued Ortega; Medio Ambiente, Tanya Müller García; Trabajo y Fomento al Empleo, Patricia Mercado Castro; Cultura, Eduardo Vázquez Martín; Ciencia, Tecnología e Innovación, René Drucker Colin, Protección Civil, Fausto Lugo García, y Turismo, Miguel Torruco Márquez.

Jesús Rodríguez Almeida, quien hasta el pasado 5 de diciembre se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública, también autorizó entregar una versión pública sobre sus bienes.

Para los especialistas, esta información que los funcionarios han autorizado es insuficiente conforme a lo que estipulan los más altos estándares en materia de rendición de cuentas aún hace falta.

De acuerdo con Guillermo Ávila, investigador del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, para que una versión pública de una declaración patrimonial sea suficiente tendría que incluir los ingresos de los servidores públicos, tanto por su cargo como por cualquier otra actividad; montos de cuentas bancarias, inversiones, activos, derechos, y de préstamos, gravámenes y deudas; participaciones en cualquier sociedad comercial, asociación civil o consejo de administración; derechos sobre propiedades; valor de sus bienes muebles e inmuebles. También se tendría que incluir esta información sobre sus cónyuges.

Pero prácticamente ninguno de estos datos figuran en las versiones públicas que algunos funcionarios del gobierno capitalino han accedido a transparentar.

De hecho, fueron apenas cuatro los que permitieron conocer su declaración inicial, aquélla en la que manifiestan los bienes inmuebles que poseen, con la fecha y valor de la adquisición; el resto accedió a informar -siempre en versiones públicas- sobre su última declaración anual, correspondiente al año 2013, y en donde se presentan sólo las modificaciones al patrimonio inmueble, según lo mandata el artículo 83 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Para los bienes muebles, establece la ley, será la autoridad competente la que determine las características que debe tener la declaración.

En el caso de los miembros del gabinete del gobierno capitalino, ninguno incluyó los valores de sus bienes muebles e inmuebles, ni las fechas en que los adquirió.

“Las declaraciones patrimoniales son instrumentos para prevenir actos de corrupción o para detectarlos”, dice el especialista de Fundar, pues a partir de la información que contienen se pueden advertir variaciones súbitas o anómalas en la situación patrimonial de los servidores públicos, además de que permiten saber si éstos tienen intereses privados que pudieran entrar en conflicto con el desempeño de su función pública.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos obliga a todos los que desempeñan un cargo en la administración pública a presentar su declaración patrimonial al inicio y término de su gestión y anualmente mientras duran en ésta.

En el caso de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del Distrito Federal, éstas se encuentran clasificadas como información restringida en su modalidad de confidencial por contener datos personales, como señaló la Contraloría General en la respuesta a la petición de información hecha por este medio digital.

No obstante, los servidores públicos pueden permitir que se publique una versión parcial de sus declaraciones, que no incluya datos personales. Tal alternativa queda a discreción de cada uno de ellos.

La Contraloría argumentó la confidencialidad de la información en virtud de que las declaraciones patrimoniales incluyen datos personales como domicilio, teléfono particular, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población de los servidores públicos, así como descripciones de los ingresos de sus cónyuges y/o dependientes económicos y distribución de los gastos familiares, por lo que se considera información protegida por el derecho a la vida privada.

Al respecto, el especialista en transparencia y rendición de cuentas señala que los servidores públicos están sujetos a un “doble estándar”.

“Eso significa que no tienen la misma condición en el derecho a la privacidad de la que puede tener cualquier ciudadano o ciudadana, porque en la función pública están más expuestos al escrutinio público. Entonces, en ese sentido tendría que haber más información que la que se aplica para cualquier otra persona”, explica.

Es decir, que el derecho a la privacidad no se contrapone con el derecho a la información, y menos tratándose de un asunto de interés p´público, como es el combate a la corrupción, subraya.

¿QUÉ HAN DECLARADO LOS FUNCIONARIOS DEL GDF?

Los únicos funcionarios del Distrito Federal que autorizaron entregar una versión pública de su declaración patrimonial inicial fueron Mancera, el Consejero Jurídico Amieva Gálvez, y los secretarios Mercado Castro y Vázquez Martín.

En su declaración inicial ante la Contraloría General, el Jefe de Gobierno informó que poseía una casa en copropiedad, cuatro departamentos (uno de ellos en copropiedad) y dos locales. No reportó automóviles, tampoco deudas.

Sobre sus bienes en efectivo, inversiones u otros valores, indicó que los tiene en“organizaciones privadas, bancarias con saldos variables”. Para su declaración anual sólo agregó que poseía “monedas producto de una herencia”.

El Consejero Jurídico, Amieva Gálvez, no reportó bienes inmuebles ni vehículos en su declaración inicial. Informó que tiene una “cuenta bancaria y tarjetas de crédito con saldos variables”. Para su declaración anual de este año reportó la adquisición de un automóvil Mini Cooper.

La Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Mercado Castro, reportó en su declaración inicial un departamento en el Distrito Federal y cinco vehículos. Informó que dos de ellos los adquirió a crédito: una Ford Escape 2010 y un Fiat 500 POP 2013. Lo otros vehículos que posee son un Chevrolet Chevy, un Dodge Atos 2007 y un Nissan March Advance 2013. No reporto cuentas bancarias ni inversiones u otros valores, como tampoco deudas.

La Secretaria no transparentó su declaración de este año.

El secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, no reportó ningún bien ni deuda en su declaración inicial.

El resto sólo accedió a entregar la versión pública de su declaración del año 2013. Sin incluir los bienes muebles e inmuebles de su declaración inicial, casi todos reportaron sólo cuentas bancarias con saldos variables, sin especificar la cantidad de éstas ni los montos.

Los funcionarios que no accedieron a entregar versiones públicas sobre su patrimonio son el Secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Hegel Cortés Miranda; el Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg; el titular de la Secretaría de Movilidad (que sustituyó a la Secretaria de Transporte y Vialidad),  Rufino H. León Tovar; y el Procurador Rodolfo Fernando Ríos Garza.

Edgar Armando González Rojas, ex Oficial Mayor del gobierno capitalino, tampoco accedió a transparentar su patrimonio. González Rojas renunció al cargo en octubre pasado, tras la difusión de audios que supuestamente lo involucraban en operaciones irregulares para la adquisición de enseres, como neumáticos, con sobreprecio.

Simón Neumann Ladenzon, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, fue otro de los funcionarios que no autorizó entregar una versión pública de sus bienes. En octubre, Neumann Ladenzon dejó su cargo como secretario, en medio de señalamientos de asociaciones de vecinos de un posible conflicto de interés, dado su pasado laboral en la empresa Dekah Inmobiliaria, y de críticas por la complacencia que mostró hacia el sector inmobiliario.

Actualmente es asesor especial del gobierno, encargado de dar seguimiento a los Centros de Transferencia Modal.

MEDIDA DESTACABLE, PERO INSUFICIENTE

El investigador de Fundar considera destacable que haya servidores públicos dispuestos a transparentar, así sea con limitaciones, su declaración patrimonial, ante la “costumbre” de que esa información no esté disponible bajo el argumento de que se trata de información personal.

Sin embargo, señala que la falta de un formato único de las versiones públicas también causa problemas a la hora de querer conocer los bienes de los funcionarios, pues no hay un estándar riguroso sobre lo que éstas tendrían que incluir.  “Por lo tanto no se puede tener acceso necesariamente a la información indispensable para hacer un escrutinio ciudadano abierto más eficaz”, dice.

En su mensaje del martes pasado, Mancera también informó que “de manera unánime” los jefes delegaciones aceptaron transparentar la versión pública de sus declaraciones patrimoniales a la brevedad.

Hasta antes del anuncio, el único que había accedido a entregarla era Víctor Hugo Romo Guerra, de la delegación Miguel Hidalgo, de acuerdo con la respuesta de la Contraloría a la petición de SinEmbargo.

Romo Guerra entregó únicamente información de su declaración anual de 2013, correspondiente a un año previo.

El formato de la versión pública que accedió a entregar es más completo que el de los miembros del gabinete del gobierno local, pues detalla sus ingresos por tipo (cargo público, activada industrial y comercial, servicios profesionales, venta de bienes, actividad financiera y otros), así como los ingresos de su cónyuge y dependientes económicos.

También desagrega la aplicación de sus ingresos anuales y el monto de éstos, sus adquisiciones muebles e inmuebles y adeudos por tipo y monto.

El delegado informó que en 2012 tuvo ingresos por 3 millones 444 mil 71 pesos. Romo Guerra informó también sobre los ingresos de su cónyuge y dependientes económicos, que fueron de 250 mil pesos. Además, reportó ingresos de 40 mil pesos por la venta de bienes.

Sus gastos ascendieron a 1 millón 190 mil pesos: 210 mil pesos para manutención, 480 mil para pago de gravámenes, 185 mil por construcciones y remodelaciones, 100 mil para adquisiciones pagadas de contado, 55 mil pesos para vivienda y 65 mil para servicios, además de 95 mil pesos reportados como “Otros”.

En el año reportado no adquirió bienes inmuebles, ni él ni su cónyuge ni sus dependientes económicos. Sólo reportó la adquisición de bienes inmuebles por 100 mil pesos.

Sus deudas ese año ascendieron a 35 mil pesos en tarjetas de crédito.

Para Ávila, la medida planteada por el Jefe de Gobierno tendría que tomarse, de entrada, como positiva. Sin embargo, dice, sólo se podrá evaluar hasta que muestre sus primeros resultados, además de que tendría que apuntalar a que se mejore la legislación en la materia, y no sólo a nivel local sino también en el ámbito federal.

“Dada la desconfianza ciudadana hacia el desempeño público en la actuación de las instituciones y de servidores públicos, nos parece que este tipo de medidas son razonables en el sentido de que la posible afectación que puede haber a la seguridad, a la privacidad de los servidores públicos, no es tanta como las ventajas o las consecuencias benéficas que pueda haber de tener transparencia, mayor acceso a la información, es para abonar a una mayor confianza en el desempeño de los servidores públicos”, expone.