Este fin de semana se llevó a cabo en La Haya, el Tribunal Internacional contra Monsanto, una iniciativa ciudadana, con la que se busca reunir evidencia suficiente para que el delito de ecocidio se incluya en el derecho penal internacional y, empresas como ésta, puedan ser juzgadas por los daños causados al medio ambiente y se responsabilicen por violaciones a derechos humanos y crímenes contra la humanidad.

Monsanto ha producido y comercializado desde principios del siglo pasado, productos altamente tóxicos, tales como el 2-,4,5-T, uno de los componentes del Agente Naranja que fue utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, causando malformaciones congénitas y cáncer hasta hoy.

Gran parte del trabajo de Monsanto ha estado enfocado en el sector agrícola, desarrollando organismos genéticamente modificados y agrotóxicos como los herbicidas Lasso -ahora prohibido en Europa- y el tan sonado Roundup Ready,  hecho a base de glifosato, sustancia catalogada en 2015 por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno para el ser humano.

Todos estos productos además de poner en riesgo la salud de millones de personas alrededor del mundo, han contaminado el medio ambiente. Por si fuera poco, las prácticas corporativas de Monsanto han violentado también los derechos humanos de cientos de comunidades, y que no se erradicarán de la noche a la mañana porque Monsanto se haya fusionado con Bayer, una trasnacional que goza de mejor reputación, pero en el fondo persigue el mismo objetivo: impulsar el modelo agroindustrial para recibir ganancias a costa del medio ambiente y las personas.

Esta fusión Bayer-Monsanto controlará el 29 por ciento del mercado mundial de semillas, y el 24 por ciento del mercado mundial de plaguicidas, convirtiéndose en el líder del mercado mundial, por lo que se requiere mayor atención y protección legal para los agricultores, pues este nuevo gigante agroquímico estará enfocado más en expandir su dominio que en transformar prácticas que deterioran el medio ambiente y ponen en riesgo la salud de millones de personas alrededor del mundo.

México también estuvo presente en el Tribunal Internacional contra Monsanto. Angélica Ek  y Feliciano Ucán, apicultores mayas de Hopelchén, Campeche, dieron su testimonio sobre las graves violaciones a los derechos humanos en sus comunidades y las afectaciones en su entorno derivadas de la siembra de soya transgénica y la aplicación de glifosato.

Entre los riesgos denunciados, están la deforestación de selvas para tierras de cultivo de soya y maíz, construcción de pozos ilegales de extracción y absorción de agua, contaminación de mantos freáticos por glifosato en la Península de Yucatán y afectaciones a la producción de miel por restos de polen de soya transgénica, restando la posibilidad de comercializarla en el mercado europeo, y vulnerando la actividad económica de cientos de familias mayas.

Los testimonios de nuestros compatriotas se sumaron a las declaraciones de  agricultores y comunidades de todo el mundo que señalaron ante un grupo de juristas expertos los daños al medio ambiente y la salud causados por la multinacional. Los expertos recabarán los testimonios  y pruebas para dar una opinión legal bajo los lineamientos de la Corte Penal Internacional el próximo 10 de diciembre.

Es urgente que, a la par de cambiar el derecho internacional para proteger a las comunidades de abusos de empresas como Monsanto, los gobiernos del mundo impulsen la agricultura ecológica, libre de agrotóxicos y transgénicos, que garantice alimentos sanos para el planeta y las personas.

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Edith Martínez

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Edith Martínez es coordinadora de Comunicación en Greenpeace México.

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