Raúl Cervantes en la Procuraduría General de la República (PGR). Entrega la demanda para que investiguen “las falsas imputaciones de PAN y PRD” sobre un presunto lavado de dinero en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO

El secretario jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Raúl Cervantes Andrade, entregó este día ante la oficialía de partes de la Procuraduría General de la República (PGR) los documentos con los cuales rechaza las imputaciones de compra de votos y operaciones de lavado de dinero.

Los partidos de la coalición Movimiento Progresista y el Partido Acción Nacional acusan al PRI de haber utilizado recursos de procedencia ilícita, que triangularon con Monex, para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto.

La dirigencia nacional del PRI reconoció este jueves que utilizó 7 mil 851 de tarjetas de prepago para distribuir más de 66.32 millones de pesos con el objetivo de financiar su estructura electoral y de organización para los comicios del 1 de julio. El periódico Reforma revela esta tarde que en un documento entregado a la Procuraduría General de la República (PGR), el tricolor aclaró que el servicio de tarjetas no fue contratado con la empresa Monex, como han denunciado las dirigencias nacionales del PAN y de los partidos que integran el Movimiento Progresista.

El PRI detalló que el servicio de tarjetas fue contratado con la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V. En el informe se explica que el partido pagó a ésta 1.68 millones de pesos por la contratación del servicio, dice Reforma.

Adicionalmente, indica el escrito, pagó 50 pesos más IVA por cada una de las tarjetas. De manera adicional, Alkino facturó al partido un pago de 2.

“Con fecha del 1 de marzo de 2012, el PRI celebró contrato con la empresa Alkino a través del cual se obligó a prestar servicios de desarrollo, diseño e implementación de solución y negocios, basados en mecanismos de disponibilidad inmediata, de recursos monetarios, consistentes en la entrega de tarjetas de prepago con recursos disponibles para ser utilizados por personas autorizadas por el partido”, refieren en el documento que da a conocer Reforma.

El PRI distribuyó un extracto de la respuesta contenida en los documentos que presentó el pasado lunes ante el Instituto Federal Electoral (IFE) y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su condición de tercero afectado y que son los mismos además entregados esta tarde a la PGR.

En el documento, el PRI asegura que durante el proceso electoral federal 2011-2012 sus acciones se ajustaron escrupulosamente al marco legal y en ese sentido son falsas las imputaciones “sobre una supuesta contratación con Banca Monex S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Monex, para la distribución de tarjetas de prepago con la leyenda “Monex recompensa” y con las cuales los demandantes aseguraron que la coalición Compromiso por México recibió una contribución equivalente a por lo menos 250 millones 455 mil 227.71 pesos, lo que en su opinión constituye una aportación prohibida en la ley, un mecanismo de afectación de la libertad del sufragio y un rebase a los topes de campaña.

El PRI insiste en rechazar cualquier relación jurídica o comercial con Banco Monex y rechaza haber recibido dinero o aportaciones de personas morales.

En el mismo sentido establece que el PRI “no tiene relación contractual alguna con las empresas que se requieren en el recurso interpuesto, mismas que denomina Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra”.

El PRI acepta que el 1 de marzo de este año celebró un contrato con Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V. para que esta empresa le prestara servicios de desarrollo, diseño e implementación de soluciones de negocios, “basados en mecanismos de disponibilidad inmediata de recursos monetarios, consistente en la entrega de tarjetas de prepago con recursos disponibles para ser utilizada por personas autorizadas por el partido”.

Se refiere, indica el tricolor, al mecanismo utilizado para pagar a la estructura (personal) contratada en distintas áreas de trabajo para cumplir con metas y objetivos relacionados con tareas ordinarias de ese organismo político.

Especifica que dicho contrato fue por 66 millones 326 mil 300 pesos por los cuales el PRI recibió 7 mil 851 tarjetas de prepago y por cuya prestación pagó a la empresa Alkino un millón 450 mil 455.67 pesos más 16 por ciento por concepto de IVA.

Tras hacer este desglose, el PRI concluye en su escrito que los recursos aplicados a través de las tarjetas que fueron entregadas por Alkino fueron empleados para cubrir gastos que conforme con la normatividad aplicable son considerados como ordinarios y no de campaña, y dichos gastos habrán de ser informados en el tiempo y formas establecidos en el Artículo 83 Párrafo 1 Inciso B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.