Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).– El Gobernador de Nuevo León, el priista Rodrigo Medina de la Cruz,  fue objeto de polémica esta semana ante la actuación de sus elementos de seguridad de la Fuerza Civil, quienes detuvieron a 24 jóvenes en la capital del estado por colocar una manta donde criticaban a su administración por otorgar contratos millonarios a una empresa “todóloga”.

Días después, otros elementos de seguridad fueron acusados por una reportera de agresiones físicas y de obstruir la labor periodística durante un accidente carretero.

Además, durante su Quinto Informe de Gobierno, elementos de seguridad le quitaron una pancarta a un trabajador del Metro de Monterrey, quien protestaba por la falta de mantenimiento en este medio de transporte.

Sin hacer mención alguna sobre la detención de los 24 estudiantes, Rodrigo Medina presumió durante su informe el modelo de estrategia de seguridad en la entidad, el cual, aseguró, es un “referente nacional por sus resultados”; destacó además el “apoyo de la Fuerza Civil”.

“Pusimos en marcha una estrategia de seguridad y procuración de justicia, que al tiempo que crea nuevas instituciones como Fuerza Civil, fortalece las que existen y sitúa a la persona y el respeto a sus derechos humanos como prioridad”, dijo ante el Congreso Medina de la Cruz.

Sin embargo, la detención de los 24 estudiantes ocasionó denuncias contra la corporación estatal por violaciones a los derechos humanos.

Compañeros de los jóvenes dijeron que  durante al menos dos horas, los elementos de seguridad “pasearon” a los jóvenes antes de llevarlos a una instancia jurídica. Diversos medios locales en un primer momento los reportaban como desaparecidos, pues durante seis horas fueron buscados en diversas instancias judiciales por sus abogados sin saber nada de ellos.

El gobierno de Nuevo León no explicó por qué no se remitió a los detenidos de manera inmediata. Por medio de un breve comunicado sólo precisó los motivos de la detención. Dijo que en la entidad la Ley que prohíbe colocar mantas en puentes peatonales.

Esta prohibición, expuso, se debe a los antecedentes de colocación de “narcomantas” de la delincuencia organizada, según lo señaló la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en un comunicado.

Los jóvenes detenidos se identificaron como estudiantes del  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dijeron que colocaron varias mantas en diversos puentes peatonales en Monterrey en protesta por la administración del priista. En uno de los mensajes se leía: “Da Estado millones a empresa todóloga”, y junto al mensaje lucía el nombre del sitio quegacho.mx, colectivo del cual son parte los manifestantes.

La manta hacía referencia a una nota que publicó el diario El Norte en el mes de agosto, donde se reveló que el gobierno de Rodrigo Medina habría favorecido con contratos millonarios a una empresa que se dedica desde la venta de botargas hasta la reparación de puentes.

Se trata de la compañía Gefelek, creada en el año 2010 y que presuntamente fue comprada a finales del año 2012 por dos estudiantes de Jalisco. Desde que los presuntos dueños son los estudiantes, la empresa ha obtenido contratos con las diversas dependencias del gobierno del estado por el método de Asignación Directa por casi 10 millones de pesos.

El diario habla de unas 50 transacciones “hormiga” de todo tipo de giros. La empresa le ha ofrecido al gobierno de Nuevo León servicios desde la elaboración de manuales, de cobranza de cartera vencida, impresión de libros, producción de videos, colocación de gradas y mantenimiento de inmuebles.

Entre las dependencias de la administración de Rodrigo Medina que han recibido servicios de esta empresa están la Tesorería del Estado, organismos de Agua y Drenaje, la Universidad de Ciencias de la Seguridad, Metrorrey, Parque Fundidora, el Fideicomiso de Turismo, los Servicios de Salud y las Universidades Tecnológicas de Santa Catarina, Escobedo, Cadereyta y Linares, entre otras.

Sin embargo, la empresa Gefelek fue creada con el giro principal de compra y venta de conmutadores telefónicos, faxes, copiadoras, celulares, bocinas y otros equipos, de acuerdo con su acta constitutiva. Aunque en su sitio web, el cual ya no está habilitado, se promovían como una  firma de abogados especializados en recuperación de cartera vencida, intermediación en compraventa de inmuebles, administración de condominios y contratación de personal, señaló El Norte.

Estas transacciones del gobierno de Nuevo León fueron cuestionadas por los estudiantes que se manifestaban en Monterrey. Sin embargo, y en una acción de “represión” a la libertad de expresión, según denunciaron los manifestantes ante el Congreso local, elementos de seguridad acudieron al lugar para quitar las mantas y detener a los 24 jóvenes.

Tras la aprehensión, compañeros y representantes legales de los estudiantes trataron de localizarlos en varias sedes de las corporaciones policiacas, pero durante al menos seis horas no supieron de ellos. Ante esta situación, acudieron al Congreso estatal donde solicitaron el apoyo de los legisladores para hallar a sus compañeros. Ahí con pancartas los jóvenes también exigieron libertad de expresión.

La misma noche del martes, le PGJE emitió un comunicado donde informó que 24 personas se encontraban detenidas porque “colocaban mantas con mensajes en puentes peatonales” y que se encontraban a disposición del Ministerio Público. Además la dependencia del gobierno de Rodrigo Medina planteó que los detenidos no estaban identificados “propiamente como estudiantes”.

Explicó que la acción obedece a “los protocolos” de reacción policiaca activados ante “los antecedentes de colocación de mantas con mensajes de la delincuencia organizada” en lugares públicos.

Sin embargo la dependencia no especificó dónde se encontraban los jóvenes antes de darse a conocer su detención.

Por su parte, los legisladores aprobaron un exhorto en el que exigieron al Gobernador del estado que instruyera a la Fuerza Civil la liberación inmediata de los jóvenes. Además calificaron como “ilegal”, la detención.

“La LXXIII Legislatura del H. Congreso del estado de Nuevo León envía un atento y respetuoso exhorto al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz para que, de manera inmediata y como superior jerárquico de Fuerza Civil, gire las instrucciones para que se libere de inmediato a los estudiantes que fueron ilegalmente privados de su libertad”, informó el legislador panista Francisco Treviño Cabello.

Finalmente, los 24 estudiantes fueron puestos en libertad, debido a que la Alcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes, acudió a la Agencia Estatal de Investigaciones, donde se encontraban los jóvenes, y aparentemente realizó gestiones para su liberación.

Sin embargo, la detención de los jóvenes no fue lo único que empañó la rendición de cuentas del Gobernador ante el Congreso de Nuevo León. El miércoles, Agapito Castro, un empleado de Metrorrey, llegó a la sede legislativa con la intención de manifestarse en contra de la administración de Medina.

Durante la sesión solemne, el hombre sacó una cartulina donde se leía: “La corrupción en Metrorrey pone en peligro la vida de los usuarios”, pero una escolta de la administración estatal se la arrebató y la tiró.

Según medios locales, Castro ha protestado en otras ocasiones contra el Gobierno estatal por la supuesta falta de mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo de la ciudad de Monterrey.

Un día después de su Informe, elementos de la Fuerza Civil de Rodrigo Medina fueron acusados acusados de obstaculizar la labor periodística de un medio de comunicación en la entidad. El miércoles pasado se reportó la agresión de elementos de esta cooperación contra una reportera y un camarógrafo de Multimedios Televisión, quienes cubrían un accidente carretero.

La reportera Yadith Valdez denunció que ella y su camarógrafo, Santos Ramírez, recibieron jaloneos y empujones de los elementos de seguridad, quienes les impidieron el paso al lugar del accidente y tampoco les permitieron trasmitir desde el lugar.

Se encontraban en la carretera Apodaca-Juárez, donde una persona perdió la vida en un accidente, de acuerdo con la información que la reportera pudo recabar.

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BREVES

ÁNGEL AGUIRRE SÍ SUPO DEL ATAQUE A LOS NORMALISTAS EN IGUALA PERO NO ACTUÓ

El gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre Rivero, sí supo del ataque contra normalistas en Iguala el pasado 26 de septiembre, pero no actuó porque, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Gobierno de la entidad, Jesús Martínez Garnelo, se llamó por teléfono al Alcalde de ese municipio, el perredista José Luis Abarca Velázquez, quien se encuentra prófugo de la justicia, y éste no respondió a las llamadas, sino hasta la una de la mañana del 27 de septiembre.

De acuerdo con la Diputada Lilia Aguilar Gil, representante del Partido del Trabajo (PT), eso fue lo que el propio funcionario estatal les dijo durante una reunión que sostuvo con legisladores federales y otros funcionarios del gobierno de Aguirre Rivero en el puerto de Acapulco.

“El Secretario de Gobierno ha dicho que no intervinieron por dos razones: porque tenían un informe de que había disturbios [en Iguala], pero solamente cuando se comunicaran con el Presidente municipal y lo confirmaran, podían intervenir, y como el Presidente municipal no les contestó el teléfono [sino] hasta la una de la mañana, no pudieron intervenir”, dijo la legisladora petista.

El pasado 15 de octubre el mandatario guerrense se reunió con la Comisión de la Cámara de Diputados que se creó para investigar el asesinato de tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la desaparición de otros 43. Ahí el mandatario aseguró que  el Estado de Derecho prevalece en su entidad, y sólo en el municipio de Iguala se encuentra el problema de inseguridad por lo cual “los guerrerenses se encargarán de Guerrero”.

Denunció además que algunos actores intentan utilizar “vilmente de manera política” la situación de los normalistas.

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CÉSAR DUARTE REGALA LA LUZ A HABITANTES DE CHIHUAHUA, A UN AÑO DE LA ELECCIÓN

El Gobernador de Veracruz, César Duarte, anunció el pasado 3 de octubre: “Hemos firmado el convenio en donde se reconoce la Tarifa 1D para todas las viviendas del Estado”. Habitantes de la entidad ya están recibiendo sus recibos con total a pagar de cero pesos.

El mandatario priista quien provocó uno de los mayores endeudamientos estatales en los últimos años, decidió aplicar un subsidio con recursos públicos a los recibos de energía eléctrica, medida que se aplica justo a un año del proceso electoral federal que renovará el Congreso y las alcaldías de aquel estado.

Duarte anunció el subsidio en el pago a los recibos de luz en la entidad como uno de los datos destacados de su Cuarto Informe de Gobierno, cuando mencionó haber acordado con la Secretaría de Energía el cambio en las tarifas asignadas a la región por la Comisión Federal de Electricidad (de 1B a 1D).

A partir de entonces, los usuarios empezaron a ver en sus recibos de luz descuentos atribuidos al “apoyo del gobierno del estado”; rebajas que, en algunos casos, motivaron que el saldo a pagar les apareciera incluso en cero pesos.

Sin embargo, no ha dicho cuánto significará para las finanzas del estado el pago de estos recibos, aunque una estimación publicada hoy por el periódico Reforma indica que podría ascender a los cuatro mil 500 millones de pesos en seis meses.

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RUBÉN MOREIRA QUIERE MÁS DEUDA PARA SU ESTADO

El gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira Valdez, solicitó un nuevo crédito a la banca, por dos mil 500 millones de pesos, para pagar deudas con proveedores, contraídas desde la administración pasada que estuvo a cargo de su hermano el ex Gobernador Humberto Moreira.

Este nuevo crédito se sumaría a la deuda que heredó de la administración pasada por 34 mil millones de dólares.

Esta semana el Partido Acción Nacional (PAN) solicitó a las instituciones bancarias que ya no le presten más dinero al Gobierno de Coahuila.

“Nunca reconocieron que se le debía a proveedores. Y hoy el Gobernador (Rubén Moreira) reconoce que sí se les debe a proveedores y pide un crédito, pero le cambian el nombre, a tanto llega la ‘sinvergüenzada’. Pero el problema es que no dicen que cuántos proveedores son, de qué compañías se trata, de cuánto es el monto, quién lo revisó, o sea, no hay transparencia. Y casualmente en periodo electoral”, sostuvo la Senadora por Coahuila, Silvia Garza Guzmán, en entrevista para Sin Embargo.

Acción Nacional denunció que la nueva deuda fue aprobada por el Congreso local con el argumento de que se trata de una “reestructura” para pagar a proveedores y constructores que realizaron obra pública, a quienes se les adeudan pagos desde la administración pasada, aunque el resultado de la cuenta pública de Coahuila del 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 estableció que ya existía saldo vencido con ningún proveedor.

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MANCERA ASEGURA BUSCA RELEVO DE OFICIAL MAYOR DEL DF; EL ANTERIOR RENUNCIÓ TRAS ESCÁNDALO

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que no se va precipitar con el nombramiento del nuevo titular de la Oficialía Mayor del Distrito Federal.

Edgar Armando González Rojas, el ex Oficial Mayor de la Ciudad de México, presentó su renuncia el pasado martes a Mancera Espinosa, tras las denuncias por presuntas irregularidades en la licitación de miles de llantas para vehículos de la administración pública local.

El miércoles, Mancera dijo en una breve entrevista: “Vamos a analizar, vamos con calma, no vamos a precipitarnos”, sobre la designación del nuevo Oficial Mayor.

A finales de septiembre, el grupo “Anonymous” circuló un audio en redes sociales que presuntamente involucra al ahora ex Oficial Mayor del GDF en una compra amañada de llantas y se hace referencia a la licitación de luminarias del Distrito Federal.

En la filtración se revela la comunicación entre dos personas no identificadas, una de ellas se presume que es un funcionario que pide respetar un sobreprecio de llantas del 50 por ciento.

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EN MORELOS, GOBERNADA POR GRACO RAMÍREZ, DETIENEN A TRES FAMILIARES DEL ALCALDE PRÓFUGO DE IGUALA

El Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreú, dijo que durante el operativo realizado por la Secretaría de la Marina (Semar) en la entidad, donde tres personas fueron detenidas por la muerte y desaparición de normalistas de Guerrero, no se detuvo a Salomón Pineda Villa “El Molón”,  identificado como líder del cártel de Guerreros Unidos, pero dijo que sí se arrestó a tres familiares de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del Alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Ramírez Garrido Abreú explicó a la prensa que los tres detenidos en Cuernavaca por elementos de la Marina son Osvaldo y Miguel Ángel Ríos Sánchez, así como Carlos Pascual Cervantes, todos ellos relacionados con lo sucedido el pasado 26 de septiembre en Iguala.

En conferencia de prensa, el Gobernador de Morelos dijo que el operativo de la Marina fue en coordinación con las autoridades del gobierno morelense y precisó que los detenidos no tienen residencia en esta entidad sino que iban de paso.

Asimismo dijo que en la entidad se busca a José Luis Abarca.

Tanto María de los Ángeles Pineda como Abarca Velázquez están prófugos de la justicia, luego del asesinato de tres normalistas y la desaparición de otros 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, los pasados 27 y 28 de septiembre en Iguala, Guerrero.

El pasado nueve de octubre, se dio a conocer que la Marina detuvo en Cuernavaca, Morelos, a Salomón Pineda Villa, alias “El Molón”, miembro del Cártel “Guerreros Unidos” y hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del Alcalde con licencia de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez.

Durante el operativo en Cuernavaca también se detuvieron a otras dos personas relacionadas con el asesinato y desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa.

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FRASES

“Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”, aseguró esta semana el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al destacar que garantizará la seguridad a todos los atletas que participen en los Juegos Panamericanos que se celebrarán en la entidad.

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“Creo que el hecho de que se hayan metido a una cabina, pues esos son los primeros reportes que tengo, es muy mala señal y seguramente lo que buscan es provocarle al gobierno alguna situación de presión, pero ante esa situación de presión sabremos responder con una investigación profesional a fondo y con todo”, declaró en entrevista el Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, tras el asesinato del líder comunero, Atilano Román Tirado el pasado sábado 11 de octubre.

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“Tuve un recorrido con el edil de San Andrés y San Pedro Cholula por la zona (de Cholula) y les mostré claramente dónde va a ser el proyecto del gobierno del estado. Me parece que, lamentablemente, ellos, en el ánimo de sumar al proyecto, habían hecho un planteamiento que incluía ciertas expropiaciones, y ya les expliqué físicamente en el sitio que no se requieren”, dijo este miércoles el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle; quien responsabilizó a los Alcaldes de esos municipios de las expropiaciones que han sido objeto de rechazó por los habitantes de la zona.