Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).–El pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la Reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

Asimismo, la mayoría de los senadores rechazó las propuestas para modificar el artículo 108 constitucional en materia del fuero presidencial y de los servidores públicos.

Las propuestas rechazadas pretendían reformar la constitución para regular el conflicto de interés de los servidores públicos, fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), proteger a las personas que proporcionen información sobre actos de corrupción, hacer públicas la declaraciones patrimoniales, entre otros.

No obstante, el debate se centró principalmente en las reservas presentadas por senadores del PRD y PAN para eliminar el fuero constitucional, a fin de transparentar la actuación de la clase política y ejercitar el sistema de sanciones a quienes se beneficien indebidamente de sus cargos públicos.

El Senador Alejandro Encinas planteó que de forma precisa se incluya la posibilidad de imputar al Presidente de la República las responsabilidades derivadas de la violación de la Constitución y de cualquier acto de corrupción durante el periodo de su encargo.

Argumentó que en el nuevo régimen de combate a la corrupción no debe haber excepciones ni sujetos exentos de la ley.

Por su parte, el Senador Javier Corral planteó establecer en el artículo 108 para que el Presidente de la República pueda ser acusado por traición a la patria, conflicto de interés, cohecho y delitos graves del orden común.

“La reforma planteada parte de una premisa equivocada: creer que el Presidente de la República no se encuentra envuelto en actos de corrupción y que los altos funcionarios del Estado que cuentan con fuero constitucional no son generadores de actos de corrupción. La corrupción política navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país”, dijo el Senador del PAN.

Por su parte, el Senador perredista Armando Ríos Piter sostuvo que la eliminación de la inmunidad o fuero a todo servidor público, incluido el Presidente de la República, es el tema nodal de la discusión en materia del combate a la corrupción.

“Este privilegio constitucional es percibido por la sociedad como una aplicación preferencial de la ley, que constituye un halo de protección para la posible comisión de actos de corrupción. Por ello, resulta indispensable analizar con gran cuidado las condiciones en que existe un régimen de excepción para ciertos funcionarios del Estado mexicano”, sostuvo.

Por su parte, el Senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Partido del Trabajo (PT) precisó que la reforma no aborda de manera sustantiva el tema de la impunidad ni pretende regular el conflicto de intereses de la clase política que golpea la transparencia.

“Por lo que el Sistema Nacional Anticorrupción está vacío por la falta de atribuciones de la ASF, del Tribunal Superior de la Federación, y de las instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, pues quedan  supeditadas al control del Ejecutivo federal”, explicó.

La minuta aprobada fue enviada a los congresos estatales para su revisión. En caso de ser aprobada por 16 congresos locales ser enviará la declaratoria para que el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación.

 

REFORMA QUE AVANZA EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

El Sistema Nacional Anticorrupción aprobado plantea fortalecer las normas y las instituciones necesarias para prevenir, combatir y sancionar la corrupción.

Propone ampliar el marco jurídico e institucional, de forma coordinada, sistemática y ordenada, para generar esquemas de prevención, detección y sanción para los integrantes de los tres Poderes y de los tres órdenes de gobierno.

El sistema se compone de tres ejes: prevención, investigación y sanción.

Para prevenir hechos de corrupción, la reforma plantea investigar las denuncias ciudadanas y las presuntas responsabilidades de que conozcan las autoridades.

En materia de investigación se plantea vigilar cualquier tipo de conductas que pudieran entrañar un beneficio personal indebido a un servidor público en virtud del ejercicio de sus funciones.

Una virtud de la reforma es amplía la investigación a particulares que se encuentren vinculados con hechos que la ley establezca como graves en el ejercicio de la gestión pública, en casos donde exista sospecha de beneficios indebidos.

El Sistema Nacional Anticorrupción amplía las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y de las Entidades Federativas al analizar las Cuentas Públicas y determinar observaciones, recomendaciones y en su caso, presuntas responsabilidades.

Transforma el actual órgano jurisdiccional encargado de dirimir las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares, en Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su función será resolver los casos en que se señale la comisión de faltas administrativas graves a los servidores públicos, e incluso a los particulares vinculados con irregularidades administrativas de carácter grave.

Crea un Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional y su participación en el Comité Coordinador del propio sistema.

El Partido Acción Nacional celebró los alcances de la reforma propuesta, ya que el Sistema contiene una serie de cambios institucionales que convertirán a la Auditoria Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a los tribunales administrativos en un sistema que prevenga, investigue y sancione la corrupción.

“Con la aprobación de esta minuta no resolvemos en su totalidad el problema, pero abrimos el cauce para construir un entramado jurídico robusto que cambie la endeble forma de combate a la corrupción que hasta ahora utilizamos y que genere un ambiente que favorezca la integridad institucional, la decencia en el sistema”, afirmó la Senadora panista Marcela Torres Peimbert.

Adicionalmente, el sistema se concibe como una instancia de coordinación a la que se suman en razón de la naturaleza de sus funciones el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a quienes se adiciona un representante de la sociedad a partir del Comité de Participación Ciudadana que en esta reforma se propone crear.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió no olvidar que la propuesta original de crear un órgano nacional anticorrupción vino del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, la propuesta original de 2012 sufrió muchas modificaciones, que podría mencionarse que el producto final fue generado por el consenso de los legisladores con organizaciones de la sociedad civil.