James Cavallaro, presidente de la OEA lamentó que “por desgracia […], ninguna de las preguntas más importantes [sobre los normalistas desaparecidos] han sido respondidas”. Señaló que si la investigación “más amplia hecha en la historia reciente de México”, como la han calificado las autoridades mexicanas, “es lo que puede producir, cualquier observador racional debería estar extremadamente preocupado por el estado de la justicia penal en México”.
Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– El presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), James Cavallaro, lamentó que el Gobierno mexicano se negara a seguir cooperando con las investigación que realizaban los miembros del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y señaló que se debe estar preocupado por el estado de la justicia en México ante los resultados dados por las autoridades mexicanas sobre el caso.
“La forma en que este caso ha sido manejado por las autoridades mexicanas, y la forma en que presionó y creó una situación que hace imposible que el grupo de expertos continuara es irritante. Es irritante por el hecho de que todavía hay 43 padres que no saben lo que pasó con sus hijos”, dijo James Cavallaro en entrevista con el medio de comunicación estadounidense Americas Quartely.
Respecto a las razones por las que se decidió que los miembros del GIEI, enviados por la OEA detalló que fue por la falta de cooperación del gobierno mexicano para entrevistar a los militares del 27 Batallón del Ejército, con sede en Iguala, Guerrero, y a la campaña de desprestigio en contra de los expertos extranjeros:
“Debido a que el gobierno mexicano no permitiría que el grupo de expertos para visitar el Batallón 27 [del Ejército] . Debido a que el gobierno mexicano no permitiría que el grupo de expertos entrevistara a los militares. Debido a que el grupo de expertos fue sometido a una campaña de difamación y de la que el gobierno declaró que no era responsable. El gobierno mexicano dijo que no tenía ninguna responsabilidad por la campaña de desprestigio. Eso es un problema vale la pena examinar. Hay quienes dudan de esta afirmación. Yo, yo soy un miembro de la comisión, tengo que tomar lo que el Gobierno mexicano dice en su valor nominal hasta que tenga evidencia absoluta o claras de lo contrario. Pero sin duda hay sugerencias y dudas sobre esta afirmación”.
El presidente de la OEA lamentó que “por desgracia […]. Ninguna de las preguntas más importantes han sido respondidas”.
Respecto a las investigación judicial “más amplia hecha en la historia reciente de México”, como han catalogado las autoridades de México a la indagatoria sobre la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en septiembre de 2014, señaló que si “eso es lo que puede producir la investigación, cualquier observador racional debería estar extremadamente preocupado por el estado de la justicia penal en México”.
El también profesor de la Universidad de Stanford se negó a aceptar que existiera un encubrimiento del Gobierno mexicano a altos funcionarios o que haya existido un montaje en el caso, sin embargo resaltó que existe una percepción de que así es.
“No quiero sacar conclusiones acerca de lo que creo que pasó, los que los expertos que siguen muy de cerca [el caso] están demostrado en pruebas que la versión oficial es físicamente imposible, las seis personas que hablan sobre el vertedero de basura son contradictorias, el 77 por ciento de los involucrados en la investigación original tenía lesiones físicas después de su detención […]. Tú tienes evidencia tras evidencia tras evidencia de que la narración inicial oficial es físicamente imposible e involucra daño físico – es decir, los golpes de los detenidos – para contar un relato que no es exacto, que excluye evidencia significativa acerca de un quinto de autobús, y que excluye la evidencia del C4 o las conversaciones grabadas que muestran que no sólo la policía local y el Alcalde, sino que otros policías locales de una ciudad vecina y también los de la policía estatal, la Policía Federal y el Ejército seguían los acontecimientos y que participan en ellos durante toda la noche. Y entonces se obtiene una versión que es radicalmente diferente, que recoge un puñado de ‘don nadies’, les echa y trata de cerrar el caso […]. No voy a llegar a la conclusión de que no hay mala fe, que hay un encubrimiento, que había un montaje desde el principio para proteger a las autoridades de alto nivel , pero muchas otras personas dicen existe evidencia de ello”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano dependiente de la OEA.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos” sacudió al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, quien entonces tenía dos años en el poder. El caso tuvo repercusión internacional con diversas protestas y críticas. En este contexto fue que el Gobierno mexicano aceptó en noviembre que los expertos de la CIDH llegaran al país para investigar lo sucedido en Iguala, Guerrero.
Tanto el Gobierno mexicano como la Comisión Interamericana acordaron conformar al Grupo de Expertos. Para ello se eligió a Carlos Beristain, experto español en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos; Ángela Buitrago, colombiana, abogada, ex Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos; Francisco Cox Vial, abogado chileno, quien trabajó en apoyo de la extradición del dictador Augusto Pinochet a España; Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca experta en investigación del crimen organizado y violaciones de derechos humanos, y Alejandro Valencia, jurista colombiano, experto en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los trabajos del Grupo iniciaron en enero de 2015. En un principio se centraron en fortalecer la confianza perdida entre las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, objetivo que se logró como quedó de manifiesto este domingo con el apoyo recibido por los familiares que acudieron a la presentación de su informe final. Posteriormente el Grupo de Expertos estableció un relación de colaboración con el Gobierno mexicano, la cual si bien se logró en un principió se vio minada con la presentación del primero informe del GIEI que desechó la conocida “verdad histórica” de la PGR que argumentaba que los estudiantes habían sido secuestrados por sicarios en colusión con autoridades locales y después quemados en el basurero del municipio colindante de Cocula.
Este punto de inflexión entre la versión oficial y la del Grupo de Expertos de la CIDH dio pauta a las diferencias entre ambas partes que derivó primero en una campaña de desprestigió contra el Grupo de Expertos.
El pasado 24 de abril, los expertos rindieron su último informe sobre el caso Iguala, En él, los expertos denunciaron los obstáculos impuestos por el Gobierno de México a sus labores de coadyuvancia, desde la lentitud para atender sus solicitudes hasta la negativa para impedir a los expertos interrogar a militares y un rechazo de las autoridades del Ejército a entregar documentos o imágenes sobre la noche de Iguala.
Ahí también pusieron en duda el actuar del titular de la Agencia Criminal de Investigación (AIC) Tomás Zerón de Lucio con un video que lo muestra acompañado del supuesto criminal que llevó a las autoridades al río San Juan, donde presuntamente fueron arrojados los restos de los normalistas.
