Por Andrea Sosa Cabrios
Ciudad de México, 23 may (dpa) – Casi ocho meses después del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México, el temor se ha apoderado otra vez de una comunidad en el estado sureño de Guerrero, Chilapa, donde se ha denunciado la desaparición de unas 15 personas.
La Procuraduría General de la República ha enviado personal a investigar lo ocurrido. El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, se ha reunido con familiares y volverá a hacerlo hoy.
Las cifras varían. Al parecer algunas familias tienen temor de denunciar. Se habla incluso de hasta 30 desapariciones en los últimos meses. La fiscalía investiga 15 casos, el organismo de derechos humanos de Guerrero documentó 13.
Galindo recibió en total 16 denuncias, diez de ellas de desapariciones ocurridas después del 9 de mayo, cuando un grupo armado que se identificó como “policía comunitaria” tomó la comunidad, desarmó a la policía municipal e instaló controles en las carreteras durante varios días.
“Ante este juego de números, lo que yo pude confirmar son diez casos directos en esta fecha y otros seis de otro momento”, dijo hoy Galindo a radio Fórmula.
Se sospecha que el crimen organizado podría estar detrás de las desapariciones, aunque las personas que iban a la cabeza de la “policía comunitaria”, reclamando seguridad y la detención de un líder criminal, tienen nombre y apellido y no están al parecer ligadas con estos casos.
La zona es disputada por la banda de Los Rojos y Los Ardillos. Los habitantes de Chilapa sospechan que algunos de los hombres armados que tomaron su comunidad podrían pertenecer a la delincuencia.
“Lo que tenemos que entender es que Guerrero es la única entidad federativa que tiene reconcida a la policía comunitaria”, afirmó Galindo, al explicar por qué no hubo una intervención inmediata cuando unas 300 personas armadas irrumpieron en la comunidad.
“Por tanto llega un grupo muy numeroso de supuestos policías comunitarios, llegan pidiendo justicia en sus comunidades y permanecen ahí durante cuatro días. No hay disparos ni ataques directos a nadie”, indicó.
Con la policía municipal desarmada, ni fuerzas del estado de Guerrero ni federales intervinieron en ese momento. Después se llegó a un acuerdo para que los hombres armados se retiraran. Y fue ahí cuando se empezó a hablar de desapariciones.
Según testimonios recogidos por el diario Milenio, entre los “levantados” (secuestrados) hay un repartidor de gas que trabajaba también como taxista, un estudiante que regresaba de visitar a su novia, un vendedor de frutas, un comerciante de ganado.
La mayoría de los casos son desapariciones recientes, pero otras se remontan a entre uno y seis meses antes.
El Alcalde de Chilapa, Francisco Javier García, que no estaba en la comunidad cuando entró el grupo armado, habló de hasta 200 personas de la comunidad desaparecidas este año.
En Chilapa fue asesinado a tiros el 1 de mayo el candidato a Alcalde por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ulises Fabián Quiroz, que competía para las elecciones del 7 de junio en las que se elegirán gobernadores, alcaldes y diputados.
La comunidad está ubicada unos 150 kilómetros al sur de Iguala, donde desaparecieron y fueron presuntamente asesinados el 26 de septiembre 43 estudiantes de la escuela rural normal del magisterio “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, después de ser detenidos por policías municipales y entregados a un grupo criminal.
Aunque las autoridades han dicho que ambos casos no son comparables, la sombra de Ayotzinapa está presente.
“Aquí nadie quiere decir nada. Están aterrados”, dijo a Milenio la activista Delfina Díaz Navarro en Chilapa. “Yo les digo: es que aquí ya nos mataron el miedo. Que hablen, que denuncien”.
NI EL GOBERNADOR, NI SECRETARIO RESPONDEN
El Presidente municipal de Chilapa, Francisco Javier García, señala además, que ni el Gobernador Rogelio Ortega ni el Secretario general de gobierno, David Cienfuegos, le han respondido sus llamadas teléfonicas, ante esto, “el problema de Chilapa no se está dimensionando en su justa medida”, dijo en entrevista para Radio Fórmula.
Javier García consideró que el gobernador Rogelio Ortega no le toma las llamadas y “lo bateó”, pues no se ha querido reunir con él para hablar sobre la problemática del municipio.
