Es palabra del Presidente Enrique Peña Nieto pronunciada apenas 16 días atrás, a propósito del Día Internacional de la Mujer: “La discriminación, la violencia, la exclusión y la falta de oportunidades, todavía son una injusta realidad para millones de mujeres en México. Y por ello es que juntos, mujeres y hombres, tenemos que ser parte de este cambio para bien de nuestro país.
“Como Presidente de la República, estoy decidido a seguir trabajando con las mujeres y para las mujeres.
“Todas las acciones del Gobierno de la República deben promover el bienestar, la protección y el avance de las mujeres en México”.
Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en la posibilidad de atender, en la congruencia de sus resoluciones, el pronunciamiento del Presidente a propósito de un feminicidio ocurrido en el Estado de México y durante su gobierno (16 de septiembre de 2005 al 15 de septiembre de 2011), el asesinato de Mariana Lima Buendía en 2010.
Desde entonces, su madre no ha cesado de tocar puertas con dos peticiones que ahora toca atender a los jueces: “Justicia y justicia”.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá hoy si otorga protección a la familia de Mariana Lima Buendía, abogada asesinada en Chimalhuacán en un caso investigado y cerrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) como suicidio.

Mariana se casó en 2008 con un policía judicial mexiquense, Julio César Hernández Ballinas. De acuerdo con los testimonios disponibles, el agente la golpeó desde el inicio de la relación. El 29 de junio de 2010, el hombre llamó a su suegra, Irinea Buendía, para informarle que la joven había muerto.

Cuando Irinea llegó ante el cadáver de su hija, la notó golpeada y recién bañada. Hernández Ballinas declaró que la encontró colgada y que, en esa posición intentó reanimarla. Luego la acomodó en la cama y ahí “la besó” y “dio masaje en los pies” para resucitarla.

Hernández fue investigado por sus compañeros de trabajo. Nunca fue suspendido. Al contrario: fue ascendido como comandante de la Policía Judicial. Desde entonces, Irinea Buendía lucha, como dice ella, por dos cosas: “justicia y justicia”. Hoy, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría otorgarle ese reclamo que en México no se otorga de manera espontánea.
Junto con el caso de Mariana, otros cientos de feminicidios han quedado impunes en el Estado de México, que ha echado mano de todos los recursos políticos para evitar la declaratoria de alerta de género, un vanguardista instrumento jurídico existente en México, pero que nunca ha sido aplicado.

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El caso de Mariana resulta emblemático por varias razones. En primer lugar es un feminicidio íntimo, es el asesinato de una mujer por su condición de género, ocurrido en el interior de su hogar.

“Y lo es también porque se plantea como un suicidio, una coartada muy frecuente no sólo, pero particularmente en el Estado de México”, explica Rodolfo Domínguez, abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio y representante legal de la familia Lima Buendía.

Domínguez ha sido un activo promotor de la emisión de la alerta de género en el Estado de México, un novedoso mecanismo contemplado en la ley que faculta al Estado para intervenir en momentos y lugares con alzas en la violencia feminicida contra las mujeres.

Sin embargo, las organizaciones se han topado con la gruesa pared de la operación política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyos funcionarios en el gobierno del Estado de México se han valido incluso de datos falsos para impedir la activación del sistema de protección.

La muerte de Mariana Lima Buendía resulta representativa en el panorama de violencia de género también porque, recuerda el joven abogado, ocurrió tras un proceso de constante y creciente daño físico y psicológico contra una mujer que se abstuvo de denunciar por su desconfianza hacia las autoridades que en teoría debían protegerla. Y había razón para la desesperanza: esas autoridades cubrieron con impunidad a su probable asesino. Mariana trabajó para la Procuraduría mexiquense y conocía bien la ineficacia y corrupción de la institución.

A partir de su experiencia, las organizaciones atentas al feminicidio en México reconocen tres momentos de alto riesgo para la vida de las mujeres: el primero cuando escapan del ciclo de violencia, el segundo al denunciar al agresor, y el tercero al solicitar una orden de protección. Desde esta perspectiva, el error fatal de Mariana fue advertir y convencer a Hernández Ballinas de que esa vez sí lo denunciaría.

El caso es característico también por la deficiente investigación realizada por los agentes del Ministerio Público, peritos y policías; una pesquisa plena de irregularidades y negligencias y hasta colusión.

En el expediente es claro que desde el inicio Ballinas falseó su declaración al presentarse como “comandante del grupo del subprocurador”: ni era comandante ni el cargo existe. “Potenció su capacidad de influencia.”

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En materia forense, la primera diligencia es la más importante y la observación del protocolo de actuación prestablecido es primordial.

Existen dos aspectos de relevancia mayor: la cadena de custodia y el abordaje del caso bajo la presunción de feminicidio, ya considerado en ese momento en la ley, pero ninguno de estos aspectos se respetó.

El lugar del hallazgo del cuerpo se debió resguardar y dividir en secciones para su revisión, pero nada de esto se llevó a cabo. Ante el cadáver de una mujer muerta violentamente, la autoridad debió recabar toda clase de indicios, como la revisión de sus uñas para establecer la ocurrencia o no de forcejeo de defensa anterior al fallecimiento, raspado de cavidades para establecer abuso sexual o toma de muestras de saliva.

El sitio debió ser intervenido por un fotógrafo con capacidad forense y el análisis de las ropas realizarse de manera cuidadosa.

“Nada de eso se hizo”, apunta Domínguez.

La primera actuación, como se constata en el expediente, se resume en treinta líneas, una hoja. La mitad de ese texto se dedica a la descripción de la casa: la pared, los muros, las escaleras, la altura del techo y una serie de cuestiones que nada aportan a las conclusiones.

Las otras quince líneas se ocupan del lugar del hallazgo. Su aportación es tan pobre y su trascendencia tan relevante que, en opinión de Domínguez, la fiscalía intervino dolosamente en la destrucción de pruebas a favor de uno de sus policías.

En una de sus versiones Ballinas aseguró que encontró a su mujer colgada, y en otra, que la halló sentada.

Aseguró que intentó resucitarla, maniobra que, en apego al cuidado de una escena, formalidad bien conocida por él en su condición de policía judicial, sólo está prevista cuando es clara la posibilidad de recuperar a la persona. Además, el hallazgo del cadáver de Mariana ocurrió, teóricamente, a las ocho horas de su fallecimiento, cuando el cuerpo ya mostraba rigidez.

El asunto de la resucitación es todo un tema. Julio César Hernández Ballinas expuso su intención de reanimar a Mariana, primero, con la mujer aún colgada; luego, nuevamente fuera de la cadena de custodia, la descendió, según su relato, cortando la soga con un cuchillo por el que fue a la cocina, en la planta baja, pero antes la fotografió para evitar verse inculpado.

Entonces pretendió reanimar a su esposa mediante “masajes en los pies” y “besos” sobre la cama: un masaje cardiaco es impráctico sobre quien descansa en una superficie blanda y esto, se supone, también es parte del conocimiento básico de un policía.

Al comprender, según su versión, que no lograría nada, abandonó el cuerpo y desprotegió la escena, cuando por simple rutina debió llamar por teléfono a la policía. Tan abandonado quedó el sitio que Irinea entraría sin obstáculo hasta la cama en que reposaba el cuerpo de su hija.

Si bien los peritos del Ministerio Público permanecieron poco tiempo en la habitación, esta era pequeña y no había muchos muebles. Pero cuatro investigadores no encontraron ningún escrito de despedida.

Sin embargo Ballinas presentó, cinco días después de la muerte de Mariana, dos mensajes póstumos supuestamente encontrados en la cajonera y redactados por ella, aunque aseguró la existencia de tres. En esa idea, Mariana, quien se había mostrado optimista y segura de su futuro doce horas antes, se dio el tiempo para escribir tres notas explicativas de su muerte, una de ellas reiterativa de su amor por el hombre que había decidido denunciar por hacerle la vida miserable. Las cartas coincidían en la despedida de sus padres; sólo en la última heredaba su teléfono celular para ayuda económica de Lauro e Irinea.

Dos de las cartas, dijo, las halló en un cajón de la habitación que antes fue revisada por los especialistas en criminalística sin que las hallaran. La tercera, explicó, la encontró sobre la cama donde pretendió la resucitación de Mariana; sólo él vio y leyó esta última nota suicida. Nunca apareció, pero el agente del Ministerio Público, jefe y amigo de Ballinas, aceptó como válido su contenido cuando resolvió que el policía judicial nada tenía que aclarar con el juez.

La Procuraduría aplicó análisis grafológicos a los apuntes y concluyó que efectivamente fueron escritos por la mano de Mariana. La familia de la mujer niega su autenticidad.

La existencia de la armella de donde supuestamente Mariana se colgó, quedó sin constancia procesal en el primer momento y su aparición en la investigación es posterior, en un momento de “clara manipulación por parte de las autoridades”, continúa Domínguez.

“Son evidencias básicas y que no aparecen por ningún lado. Uniendo las partes vemos que estas deficiencias son imperdonables.”

El abogado apunta la existencia de 65 pruebas, pero el gobierno del Estado de México sólo ocupó cinco para determinar el no ejercicio de la acción penal contra su policía.

“El problema en el fondo es la impunidad del feminicidio: no se realizan bien las investigaciones y no existen elementos contundentes para conocer la verdad. Este caso se basó en el dicho de Ballinas y al Ministerio Público no le pasó por la cabeza investigar con enfoque de homicidio como hipótesis viable cuando existían contradicciones y una larga historia de violencia contra Mariana que simplemente se ignoró, al igual que en el Estado de México se ignoran los acuerdos internacionales firmados por México en materia de los derechos de las mujeres.”

El representante legal del Observatorio Nacional del Feminicidio compara la situación en el Estado de México con los feminicidios en Ciudad Juárez ocurridos entre 1993 y 2005. El caso conocido como “Campo Algodonero”, referente internacional del odio a las mujeres, concluyó con la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.

En septiembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de Mariana. El máximo órgano judicial del país considera que la falta de investigación con debida diligencia, la no aplicación de protocolos de investigación con perspectiva de género y la posible impunidad ante un probable feminicidio son cuestiones de interés y trascendencia para la sociedad mexicana.

Hoy, los Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrían dar un gran paso hacia adelante a favor de las mujeres.