Los quintanarroenses no veían el momento en que Roberto Borge dejara la gubernatura, y así lo expresaron este día durante la toma de protesta del panista Carlos Joaquín González, a quien pidieron que haga justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado que pesan sobre priista, quien deja una entidad endeudada por más de 22 mil millones de pesos, violaciones a derechos humanos y una inexplicable ola de violencia.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Carlos Manuel Joaquín González tomó protesta este día como octavo Gobernador de Quintana Roo en medio de gritos que exigían justicia por “los delitos cometidos por el mandatario saliente”, Roberto Borge Angulo.
Borge no asistió a la toma de protesta de Joaquín, su rival político, quien renunció al PRI para enfrentarlo y ganó las elecciones.
El acto se realizó ante unas 500 personas en el pequeño salón de sesiones del Congreso del estado, donde estuvieron presentes ex gobernadores y mandatarios de diversas entidades como Michoacán, Morelos, Campeche, Distrito Federal, los electos de Aguascalientes, Chihuahua, y Tamaulipas, así como de dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN).
Sin embargo no asistieron los dos antecesores, Roberto Borge Angulo y Félix González Canto.
Al nombrar la lista de los siete gobernadores constitucionales de Quintana Roo, decenas de personas abuchearon el nombre de Félix González y de Borge Angulo por igual.
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Alrededor de las 13:00 horas, Carlos Joaquín dio un discurso de aproximadamente 40 minutos en el zócalo de la capital del estado, donde advirtió que “el que la hace la debe pagar”, en referencia a los ahora ex funcionarios encabezados por Borge Angulo, señalados por serias irregularidades en el manejo de los recursos públicos y el ejercicio del poder.
“Vamos a trabajar por un mejor Quintana Roo, se los aseguro, lo voy a cumplir… Este es el inicio de un nuevo rumbo y una transformación del estado”, dijo al momento de ofrecer un estado de oportunidades.
“Es inaplazable la transparencia y las cuentas claras, por lo que restablecerá el ejercicio del equilibrio del poder al servicio del pueblo a través de garantizar la soberanía de los poderes y la autonomía de los municipios”, indicó.
Detalló que su administración se conducirá con Transparencia y Redición de cuentas, combate a la desigualdad, ofreciendo un gobierno confiable y cercano a la gente, desarrollo social, turismo y crecimiento, con oportunidades de la gente que vive en el Sur de la entidad sean igual a las del Norte, las de jóvenes que las de personas mayores de 40 años.
Su discurso fue interrumpido al unísono por la gente que clamaba “¡Justicia, justicia, justicia…!”, por los actos de corrupción de los que se le acusa al ahora ex Gobernador priista.
Carlos Joaquín afirmó que la deuda del estado asciende a 22 mil millones de pesos, por lo que “se va a auditar y las infracciones se van a sancionar hasta las últimas consecuencias, aplicando la ley”.
El Gobierno de Borge Angulo se caracterizó por los desalojos para adueñarse de predios, a través del Instituto de Patrimonio de la Administración del Estado (IPAE), y después ponerlos a la venta. Las violaciones a derechos humanos y el encarcelamiento de activistas y periodistas, además del desvío de recursos, hicieron que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdiera Quintana Roo, una de las entidades que gobernó durante más de 80 años.
Quintana Roo que tiene una deuda de 22 mil 435 millones de pesos, el 7 por ciento equivale a su PIB, siendo una de las cinco entidades más endeudadas, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Esta deuda y todas las iniciativas sobre las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 del Gobernador y del ayuntamiento de Solidaridad, cuyo Alcalde con licencia, Mauricio Góngora, fungió como candidato del PRI a la gubernatura, fueron aprobadas por el Congreso estatal, igual que los magistrados propuestos por Borge Angulo, quienes ocuparan el cargo durante siete años.
Todas estas acciones fueron denominadas como “el paquete de impunidad” del Gobernador, quien dejará el cargo el próximo 25 de septiembre.
El mandatario estatal también intentó blindarse haciendo nombramientos a modo en materia de transparencia y anticorrupción. El Gobierno federal sólo intervino en esta parte y declaró inconstitucional está acción.
