Por Esther Martín
Madrid, 27 nov (EFE).- Ecologistas nicaragüenses llegaron hoy a Madrid con la intención de recabar ayuda internacional para detener la construcción del canal interoceánico de Nicaragua y entregar mañana en la Embajada las más de 130.000 firmas recogidas contra este proyecto.
Además, pretenden recolectar firmas dentro de Nicaragua para presentar una iniciativa ciudadana para la derogación de la ley del canal y poner denuncias en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Convención de Humedales.
Así lo explicó en una entrevista con Efe la abogada ambientalista y directora de la Fundación Popol Na, Mónica López Baldotano.
El proyecto pretende construir un canal que una el océano Pacífico con el mar Caribe a través de una vía húmeda de 276 kilómetros de largo, por un ancho entre 230 y 520 metros y 30 metros de profundidad.
También incluye obras como carreteras, un aeropuerto, dos puertos, un área de libre comercio y un complejo turístico.
La concesión de construcción y administración del proyecto, otorgada al chino HKND Group en 2013, tendrá una duración de 50 años, prorrogable a otros 50, según la ley que regula el proyecto.
Según López Baldotano, los activistas quieren investigar también qué sociedades han sido subcontratadas para “comunicarles sus argumentos por los que no deberían involucrarse en la construcción del canal”.
“Varias organizaciones se han solidarizado. Nos invitaron a ir a cinco ciudades en Alemania para compartir con las redes de solidaridad con Nicaragua, pero también con la comunidad ambientalista y defensores de derechos humanos lo que está pasando en el país”, manifestó la abogada.
En referencia a organizaciones españolas, dijo que “están expresando su solidaridad con nuestro trabajo” y que ellos son los que “van a hacer la entrega de unas firmas recabadas en una campaña online”.
El objetivo de esta entrega, donde la mayoría de firmantes es europeo, es, según la letrada, “enviar un mensaje contundente de que hay solidaridad internacional y de que hay una conciencia creciente en la comunicad internacional del ecocidio y de la atrocidad que significaría que el Gobierno sigue adelante con el proyecto”.
Preguntada por la posible creación de empleo que conllevaría la construcción del canal, López Baldotano afirmó que se crearían “25.000 empleos temporales” lo que representa un 0,7% de la población activa de Nicaragua.
Aun está por determinar si esta obra responde a intereses comerciales o geopolíticos, declaró la letrada.
De hecho, añadió, “si en Nicaragua hubiera condiciones normales y si se aplicaran estándares internacionales jamás se podría haber aprobado un proyecto que afectara al lago Cocibolca, las áreas protegidas y los pueblos indígenas”.
La estatal Comisión del Gran Canal de Nicaragua aprobó el 5 de noviembre pasado el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) a la concesionaria china.
El EIAS es decisivo para poder arrancar la gran obra de la vía acuática.
Según HKND Group la ruta seleccionada para el canal asegura que no más de 6.800 familias (27.000 personas) sean reubicadas debido al proyecto del canal.
En palabras de López Baldotano, las obras no empezarán al menos hasta finales de 2016, ya que en noviembre del año próximo tendrán lugar elecciones presidenciales. EFE
