El origen de la serie sobre populismo en América Latina que se pretende transmitir en México es muy oscuro, pero no así su objetivo fundamental: desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador. Es parte de la intensa guerra electoral y a nadie debería sorprendernos, mucho menos al candidato que encabeza las encuestas y a la coalición de partidos políticos que lo apoyan.

López Obrador ofreció este domingo, en Palenque, Chiapas, transmitir la serie en su muro de Facebook si se revela quién la pagó y celebró que televisoras nacionales y extranjeras no acepten transmitirla. Efectivamente, en aras de la transparencia, es imprescindible saber quién está detrás de una producción como estas y quién patrocina la publicidad que se le ha hecho en microbuses en la Ciudad de México porque podría tratarse de un delito electoral, pero lo que resulta inaceptable es que se promueva su censura previa.

La misma Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que las expresiones, informaciones y opiniones concernientes a asuntos de interés público, como lo es una candidatura, gozan de mayor protección bajo la Convención Americana de Derechos Humanos. De igual forma, “las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como quienes aspiran a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica”.

El productor de la serie, Javier García Mata, denunció en un comunicado distribuido la semana pasada que el mismo López Obrador y su coalición está ejerciendo una presión ilegítima y antidemocrática para que la serie no tenga un canal de distribución. Reiteró sus afirmaciones en una entrevista que concedió al periodista Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión, aunque tampoco detalló cómo se ha ejercido dicha presión, más allá de las opiniones de rechazo que se han propalado en redes sociales.

Lo mejor que puede suceder en un Estado democrático es que las audiencias vean este tipo de producciones y se deje de alimentar el morbo o especulación sobre su contenido. Paralelamente deberían organizarse mesas de análisis sobre la serie y el populismo en América Latina y México. Es un buen tema de debate sobre un concepto y una práctica de gobierno que tiene diversas interpretaciones, no necesariamente contrarias al interés general o a la democracia.

Hasta ayer por la tarde ningún canal de televisión abierta o de paga había levantado la mano para transmitir la serie. Y no creo que haya sido por presiones sino por la misma incertidumbre que genera esta producción que por lo que se sabe fue preparada desde el año pasado, con la pretensión de lanzarla durante el proceso electoral 2018 y hacer un “aporte” político a las causas antiAMLO.

Un elemento adicional sobre este uso, lo compartió ayer Denise Dresser durante su participación semanal en el noticiario que conduce Carmen Aristegui. La politóloga dijo que fue entrevistada para esa serie y que se le informó que sería transmitida en Netflix, pero se lamentó que la producción haya sido utilizada con una “clara intención de desprestigiar” y con fines políticos. Aristegui Noticias también presentó un reportaje sobre las irregularidades en la contratación de publicidad de la serie en microbuses, así como sobre la ausencia de registros de la producción en el Instituto Nacional de los Derechos de Autor.

Si una televisora decide transmitir la serie, lo correcto, lo ético, es que lo haga con un contexto (ya decíamos que quizás una mesa de análisis plural) para que las audiencias tengan más elementos sobre lo que lo que hay alrededor de esa producción y se convierta en promotora de un debate abierto y democrático, en lugar de ser un instrumento burdo de propaganda electoral, como hasta ahora le es inherente.

También la televisora debe estar consciente que si hay calumnias en la serie es corresponsable al transmitirlas. La calumnia es un límite a la libertad de expresión y sí podría tener implicaciones legales, ya sea en un proceso electoral o fuera de éste.

Que sea la audiencia quien valore la calidad de la serie y la ética de sus promotores. En su columna en El Universal, el periodista Ricardo Raphael ofreció algunos detalles de su productor ejecutivo, Javier García Mata: “Por la información disponible vale decir que este señor no había hecho antes ningún documental. Durante los años ochenta y noventa fue asistente de producción para las películas Entre cornudos te veas, Un macho en el hotel, Dos nacos en el planeta de las mujeres y Morir en el Golfo”.

Y agrega: “Su máximo golpe lo dio en 1996, al lado de Fernando Sariñana, como co-productor de la premiada cinta Cilantro y Perejil. Luego la trayectoria profesional del CEO de La División se desvaneció, hasta la semana pasada en que logró mayor fama que nunca”.

No sé si alguien pueda sentirse orgulloso de una fama colgada con alfileres y de dudosa procedencia, si se considera, además, el deslinde de uno de sus supuestos socios en la productora La División, el cineasta Enelio Fariña, quien en Twitter escribió lo siguiente en respuesta a un tuit de José Hernández, más conocido como el Monero Hernández:

“Hola, solo comentarte que no formo parte de esa productora desde hace meses y que mi trabajo no ha tenido nada que ver con ese proyecto. No trabajo (no) en política ni para políticos, como creo que es el caso. No he visto tampoco los documentales”.

La serie sobre los populistas está en línea con los spots del miedo, anti-López Obrador, que han producido las coaliciones que buscan llevar a Ricardo Anaya y José Antonio Meade a la presidencia. Aun no sabemos si lograrán su cometido, pero hasta ahora, al parecer, poco impacto han tenido en las intenciones del voto. Estas estrategias de comunicación político-electoral tendrían, si nos basamos en mismo supuesto, un efecto distinto al que se tuvo en 2012, donde la televisión tuvo un papel más relevante, pero aun nada está definido. Y como no han funcionado como se quisiera, se estirará más la liga. ¿Hasta qué nivel? Pronto lo sabremos.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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