El pasado 30 de abril, dos hechos revelaron cómo dos gobiernos latinoamericanos pueden ser tan distantes en su visión de los derechos humanos y de la solidaridad con los ciudadanos del mundo.

Ese día, en Uruguay, el gobierno del Presidente José Mújica Cordano ofreció a su país como refugio para niños sirios que, víctimas de la guerra, puedan trasladarse a la nación sudamericana y vivir en paz.

Luis Almagro Lemes, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, explicó que “la idea del Presidente es brindar opciones de salida de los niños y viudas con hijos, aplicando los principios artiguistas [del libertador José Gervasio Artigas] para que tengan una mejor condición de vida”.

La idea, dijo, es reducir el sufrimiento que padecen 25 por ciento de los refugiados sirios, que son precisamente niñas y niños menores de ocho años de edad, y que han quedado huérfanos o, en el mejor de los caso, al amparo de su madre.

La iniciativa del gobierno uruguayo será coordinada conjuntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Para ello, el Presidente José Mújica expuso que, de haber oposición, se pedirá la opinión de sus compatriotas. En su reciente audición semanal en la emisora M24, habló de la necesidad de “socorrer en algo a los niños sirios abandonados en los campos de refugiados a consecuencia de la guerra”.

“Ofrecer al mundo una mano no significa tener hijos robados del dolor, sino una práctica familiar de la solidaridad”, manifestó el mandatario, quien hizo además una llamado a la “madurez” de la sociedad uruguaya.

Hace apenas unos días, el gobernante uruguayo también aceptó la solicitud lanzada por el Presidente Barack Obama de acoger en su país a los presos de la cárcel de Guantánamo. Los reclusos que llegarán son “personas de riesgo mínimo no vinculadas a ningún ataque a Estados Unidos o sus aliados… No son terroristas ni delincuentes comunes”, expuso el canciller Almagro Lemes.

Si fuera por el gobierno de Mújica, dijo, “nos traeríamos a los 154 presos que quedan en Guantánamo para cerrar esa cárcel, esa barbarie”, afirmó Almagro.

También el 30 de abril, pero en el estado de Tabasco, en México, 291 migrantes centroamericanos –hombres, mujeres y menores de edad– fueron arrestados mientras, de forma pacífica, caminaban por la carretera federal Emiliano Zapata-Tenosique rumbo a Veracruz.

De acuerdo con las versiones de líderes del Movimiento Migrante Mesoamericano, 150 agentes de la Policía Federal (PF) y del Instituto Nacional de Migración (INM), que depende directamente de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, los agredieron al momento del arresto y, luego, durante su estancia en un salón de usos múltiples del poblado Chacamax, del municipio de Emiliano Zapata.

“La respuesta del Estado mexicano ante las crecientes manifestaciones sociales exigiendo el derecho universal de Tránsito Libre, ha sido este apabullante operativo. Es evidente que la posición de la autoridad es continuar endureciendo su política migratoria. Este gobierno no va dar tregua a los infortunados migrantes que no tienen otra opción que transitar por México en su ruta hacia el norte”, planteó el Movimiento Migrante Mesoamericano en un comunicado.

Ese grupo de 291 migrantes caminaba por la carretera federal debido a que la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) les ha impedido subir a los vagones desde hace más de 10 días. Por ello, al menos mil migrantes están varados desde la semana pasada en las poblaciones de Tenosique, Tabasco; Palenque, Chiapas, y el corredor Tapachula-Ixtepec, y Coatzacoalcos, principales puntos de reunión de quienes llegan a México desde Centroamérica, para luego continuar su viaje con el sueño de llegar a Estados Unidos.

Pero, como han denunciado activistas a nivel nacional e internacional, en su paso por México muchos víctimas de delitos como asesinato, robo, extorsión, secuestro, abuso sexual y reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado y, lo que es peor, de autoridades del gobierno mexicano.

En un solo día, pues, se registraron dos hechos concretos que muestran dos visiones del respeto por los derechos humanos y del concepto de solidaridad; antípodas que muestran quién es quién en América Latina.

Redacción/SinEmbargo

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