Luego de que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en los donativos internacionales para la reconstrucción de los sismos de septiembre de 2017, los damnificados en la Ciudad de México exigieron castigo para funcionarios del gobierno pasado y del actual.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– Los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México exigieron castigo para funcionarios del gobierno pasado y del actual por propiciar la opacidad de las donaciones nacionales e internacionales enviadas para atender la emergencia.

La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entonces titulada por Luis Videgaray Caso (2017-2018), no reguló, coordinó ni registró los donativos internacionales para la reconstrucción.

“Se desconocen los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en dinero, en incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo”, observó el órgano fiscalizador en una revisión de desempeño dictaminado el 6 de junio pasado.

“Las deficiencias e insuficiencias detectadas denotan que la SRE no contribuyó a contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de la población”, acusó.

En un comunicado, los Damnificados Unidos de la Ciudad de México demandaron al Gobierno que se esclarezca el destino de estos recursos destinados única y exclusivamente a la reconstrucción de la población damnificada.

“Más de 3 mil millones de pesos no pueden desaparecer así como así. No es posible que el gobierno secuestre la solidaridad que se manifestó con estos recursos”, denunciaron.

Los damnificados recordaron que desde el principio de su proceso organizativo y en cada una de sus movilizaciones cuestionaron: “¿dónde está el dinero que el mundo nos donó?, con eso nos alcanza para la reconstrucción”. También desde un inicio recibieron respuestas evasivas sobre esta demanda.

“Si el actual gobierno, federal y el de la Ciudad de México, no son capaces de transparentar estos recursos, incurrirán en complicidad con la administración anterior en la malversación de esos fondos”, advirtieron.

DENUNCIAS CONTRA EMPRESAS

Damnificados Unidos denunció que mientras el Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Comisión para la Reconstrucción, presume avances de artificio en el proceso de reconstrucción, “nosotras y nosotros denunciamos irregularidades en las obras que benefician a las constructoras”.

Denunciaron que en edificios que están a punto de terminar sus trabajos, las empresas pretenden entregar departamentos sin condiciones de habitabilidad, incluso con daños ocasionados por la misma intervención de las empresas. Esto, acusaron, “con el silencio cómplice del comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto Romero”.

También señalaron que en los predios de Insurgentes Norte 476 y Rincón del Sur 15 edificio 5, la empresa Darmi busca diluir su responsabilidad con las y los damnificados al querer entregarles los departamentos sin los acabados mínimos para que puedan ser habitados, lo que representaría un endeudamiento para las familias de esos edificios que buscan regresar a su hogar.

Lo mismo hace la empresa Planificaciones y Cimentaciones S.A de C.V. en el predio de Rancho San Lorenzo 32, en la colonia Los Girasoles III, en Coyoacán.

“En edificios que están a punto de terminar obras, las constructoras escatiman los recursos públicos que les fueron asignados para la rehabilitación con el objetivo de aumentar sus ganancias, condenando a las y los damnificados a no poder tener un regreso digno a casa”, acusaron.

Los damnificados adelantaron que el día de mañana, miércoles 3 de julio, se reunirán con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México en la que se definirá lo que se debe entender por habitabilidad.

“No buscamos lujos, sólo la devolución integral del patrimonio que el sismo destruyó y que el Estado mexicano está obligado a restituir. El dinero de las aportaciones voluntarias para la reconstrucción debe aparecer y ser utilizado para los miles de pendientes que existen en el proceso de reconstrucción, entre ellos, garantizar la habitabilidad de los inmuebles reconstruidos y reforzados”, demandaron.