El Presidente Enrique Peña Nieto anunció que la reconstrucción por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre pasados costará, al menos, 38 mil millones de pesos, una cifra que se antoja será rebasada pues los gobiernos federal y locales no han terminado de cuantificar los daños a la infraestructura y a la vivienda de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

En este contexto de emergencia nacional, hay voces que se pronuncian por cortar aún más el gasto público federal y estatal. Aunque desde 2015, el Gobierno de Peña Nieto anunció que entraría en un programa de austeridad eso no ha sucedido. Por ejemplo, el gasto en publicidad oficial del peñismo, de enero de 2013 hasta el primer semestre de 2017, fue de 37 mil 725 millones de pesos, monto similar al que el Presidente anunció para la reconstrucción de los daños por los tres sismos que sacudieron a México.

Y está también el costo del proyecto estrella del sexenio: el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), un gigante que, de acuerdo con EPN, tendrá una inversión de 120 mil millones de pesos, y del que ya se han otorgado licitaciones por más de 35 mil millones de pesos a privados.  Sin embargo, ante la opacidad con esa obra se ha desarrollado, senadores de oposición exigen una revisión profunda de su viabilidad y la instalación inmediata de la Comisión Especial que, desde el Senado de la República, revisaría el avance y los gastos de la obra.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes prometió transparencia, pero ésta sólo ha aparecido en los discursos y en el portal del Grupo Aeroportuario, no así cuando la oposición exige entrar al tema de manera formal. De entrada, la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se autorizó en el Senado hace ya 32 meses, pero no opera porque ni el PRI ni el PVEM han designado a los legisladores que junto a los del PAN, PRD, Morena y MC supervisarán la obra. Un proyecto del que, de acuerdo con los opositores políticos al tricolor, hoy por hoy –salvo lo dicho por Peña Nieto– se desconoce cuánto costará realmente a los mexicanos.

Por Daniela Barragán y Dulce Olvera

PRIMERA DE UNA SERIE

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– Cuando están por cumplirse dos semanas del sismo de 7.1 grados que causó enormes daños en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México, y a 25 días del terremoto de 8.2 grados que impactó a poblaciones de Oaxaca y Chiapas, así como el del sábado 23 de septiembre –que de acuerdo con los especialistas se sintió en Oaxaca y en la capital del país–, se sabe ya que la reconstrucción de estas zonas costará, al menos, 38 mil millones pesos.

Esos desastres naturales han arrojado un saldo oficial superior a 420 muertos, alrededor de 150 mil viviendas dañadas, así como 12 mil 931 escuelas afectadas, de las que 577 se deberán reconstruir totalmente, y afectaciones en al menos mil 500 inmuebles con valor histórico o cultural.

Los 38 mil millones que, hasta el momento, se calcula costará la reconstrucción es un cifra parcial, pues los gobiernos federal y locales no han terminado de cuantificar los censos de la destrucción.

Aun así, con ese monto general, arrancará la asignación de 16 mil 500 millones pesos para vivienda, ocho mil millones para los daños causados al patrimonio cultural y más de 13 mil millones de pesos que se destinar para reconstruir escuelas dañadas.

En este contexto de emergencia, hay voces que se pronuncian por cortar más gastos. Aunque desde 2015, el Gobierno de Enrique Peña Nieto anunció que entraría en un programa de austeridad eso no ha sucedido.

Por ejemplo, el gasto en publicidad oficial de la administración peñista, de enero de 2013 hasta el primer semestre de 2017, asciende a 37 mil 725 millones de pesos, un monto que es similar al que el Presidente anunció el pasado 28 de septiembre para la reconstrucción de los daños por los tres sismos que sacudieron a México.

Las organizaciones Red por la Rendición de Cuentas y Fundar, Centro de Análisis e Investigación plantean que los gastos “superfluos” de los gobiernos sean cancelados o limitados para que estos montos se destinen a reconstruir las zonas afectadas.

“Nos parece necesario que, más allá de oportunismos políticos, se diseñen estrategias que contribuyan de manera efectiva a la reducción de estos gastos para que puedan aprovecharse estos recursos en atender las necesidades de la población afectada”, dijo Justine Dupuy, coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, en entrevista con SinEmbargo.

En este debate ha entrado también la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), calificado como “la gran obra” del sexenio de Peña Nieto, luego de que fracasara en su objetivo –planteado desde su toma de posesión el 1 de diciembre de 2012– por construir una red de ferrocarriles para “mover a México”.

De acuerdo con Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hasta febrero de este año, cuando dio un reporte del proceso de licitación, se habían otorgado contratos por unos 35 mil millones de pesos, tres mil millones menos de lo que, hasta el momento, costaría la reconstrucción de la zona centro y sur del país tras los sismos.

El 1 de septiembre de 2014, cuando el Presidente anunció la construcción del NAICM, afirmó que se trata de un proyecto autofinanciable, de manera que se pagará por sí mismo, lo que permitirá que quede a cargo del Estado, y dijo que la inversión estimada será de más de 120 mil millones de pesos.

Desde aquella presentación, miembros de la oposición política calificaron a la llamada máxima obra del Gobierno federal como “innecesaria, cara, sospechosa y absurda”.

Y, ahora, tras la devastación y la crisis económica en la que se encuentra el país no han quitado el dedo del renglón.

El viernes pasado, Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el virtual candidato de ese partido a la Presidencia de la República, propuso que el presupuesto de 200 mil millones de pesos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) sea destinado para apoyar a las víctimas de los sismos en México, pero también planteó la exigencia de cancelar el proyecto.

“Hicimos la propuesta de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto porque es un gasto oneroso, 200 mil millones de pesos. Cancelar esa obra y de inmediato construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía sería lo recomendable, se puede resolver la saturación del actual aeropuerto”, afirmó en un VIDEO difundido a través de sus redes sociales.

La construcción de una de las pistas del NAICM, en una imagen tomada en septiembre pasado. Foto: Sandra Sánchez Galdoz, SinEmbargo

Camiones sacan material del terreno, donde estará el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Foto: Sandra Sánchez Galdoz, SinEmbargo

Maquinaria pesada trabaja en el terreno que ocupará en NAICM, que se mantiene como un páramo en tierras mexiquenses. Foto: Sandra Sánchez Galdoz, SinEmbargo

UN PROYECTO OPACO

Poco después del anuncio de la obra, el Senado de la República aprobó la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, conformada por 11 legisladores que darían seguimiento a la construcción del gigante y del dinero federal que ahí se invierte. Esa comisión, en su carácter de especial, tiene en teoría las facultades de llamar a comparecer a funcionarios, solicitar información e informes y realizar visitas de observación.

Pero se cumplieron ya 32 meses en los que los trabajos del NAICM han avanzado lo mismo que las inversiones, sin la supervisión legislativa que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debía encabezar y en la que tenía derecho a cuatro integrantes. Junto con el apoyo del Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, se insistió que ese trabajo lo realizaría la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara Alta.

Luego de las afectaciones del sismo del pasado 19 de septiembre en la capital del país, uno de los integrantes de la comisión, el Senador panista Víctor Hermosillo y Celada, hizo un llamado urgente para que se instale esta Comisión Especial y se comiencen a auditar los gastos que, hasta el momento, se han erogado en el gigante aeropuertario pues, a la fecha, nadie sabe bien a bien cuánto será el costo de su construcción final. 

“Ahora, ante todo lo ocurrido en torno al sismo y la destrucción causada, la instalación de esta comisión resulta más importante para tener un trabajo continuo”, afirmó el legislador de Baja California.

Lo que hace falta para que la Comisión trabaje es que el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) designen a las personas que van a trabajar en conjunto con las del PAN, PRD y Morena en la supervisión de la obra que, a la fecha y a decir de miembros de la oposición, se desconoce su costo total.

“Hay muchos intereses ahí de todo tipo y ha habido una insistencia en el tema. En la ejecución no ha habido transparencia a pesar de que ellos lo dicen. Si uno checa la página, no hay ni seguimiento ni modificación de los contratos. Eso también lo dicen los invitados de la sociedad civil como Mariana Campos [de México Evalúa]. Es complicado seguir todo, como a qué tasa de interés han burzatilizado los bonos del derecho al Aeropuerto. […] Es muy probable que tengamos un aeropuerto y que tengamos que pagar su operación porque las cuotas que paga la gente ya se usaron para hacerlo; ahí hay muchas dudas. Será una obra que ya que esté nos cueste”, comenta el Diputado de Morena, Vidal Llerenas Morales en entrevista con SinEmbargo.

La propia Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas del think tank México Evalúa, plantea que comparando con los estándares de transparencia internacional, la información del NAICM tiene todavía muchas deficiencias.

“Se subieron [a la página web oficial] recientemente algunos indicadores de ejecución de algunos contratos cuando en el estándar internacional absolutamente todos los contratos tienen que estar abiertos al público; debe haber una revisión sistemática no ocasional […] En todas las obras grandes de México hay sobrecostos, sería muy raro que ahí no los hubiera. Es difícil que en México un proyecto de obra pública quede en el margen del presupuesto establecido. Podemos esperar más incrementos a lo largo de la obra porque es el estilo de ejecución que tiene el sector público mexicano. Aunque el tema del dólar es bastante justificable –dado que muchos de los insumos están relacionados con esta moneda–, actualmente no hay límites explícitos sobre ajustes en los contratos”, agrega.

 

LA COMISIÓN QUE NO FUNCIONA

Hermosillo y Celada explica a este diario digital que a pesar de lo que digan Ruiz Esparza, su equipo de la SCT y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), el gran problema del NAICM es la opacidad y que no hay ninguna razón por la que una obra de ese tamaño padezca de esos problemas.

Hermosillo, junto con Alejandro Encinas Rodríguez, Ernesto Ruffo Appel y Fernando Mayans Canabal, trató de instalar la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, pero señala que si no se ha hecho algo a la fecha ha sido por falta de voluntad política.

“La presidencia de la Comisión la ocuparía el PRI, pero en teoría sólo están Alejandro Encinas, Fernando Mayans, el Senador Ernesto Ruffo y yo. Está incompleta, no han querido instalarla y hemos hecho muchos exhortos al respecto. Incluso se lo pedimos al mismo Ruiz Esparza, lo hicimos más de 50 senadores para que informara exhaustivamente sobre el estatus del nuevo aeropuerto. Se le entregaron firmas y jamás sucedió. Sólo nos invitaron al campamento del NAICM y nos enseñaron no la obra, sino la torre de control como para deslumbrarnos con la manera en cómo controlan los aviones. Pero nosotros no íbamos a eso, íbamos a ver qué pasaba con el aeropuerto”, narra Hermosillo.

El legislador añade que hicieron una serie de exhortos al respecto, pero la respuesta ha sido el silencio, “han hecho oídos sordos”. Y ahora, a un año de que se acabe esta administración, el problema sigue, destaca.

“Aunque no nos den información y no se haga la Comisión, tarde o temprano se van a tener que entregar resultados, tanto de cuándo van a terminar y cuánto costó al final. Yo considero que se van a pasar los presupuestos y no será una cosa que nos extrañe por cómo se mueven este tipo de obras. La responsabilidad de la Comisión es del Senado y de los Grupos Parlamentarios. Esta comisión está presidida por el PRI, pero hasta hace unos meses, quien era el coordinador de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano, tampoco la quería instalar y dijo que para eso estaba esa Comisión, pero si no dan la información está mal”, afirma.

De acuerdo con una revisión realizada por SinEmbargo, desde 2015 el GACM ha registrado en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) 86 contratos relacionados con la construcción del NAICM, por los que se han erogado 5 mil 425 millones 829 mil 909 pesos.

La mayoría de esos contratos fueron otorgados a través de Adjudicación Directa o con “Invitación a tres personas”, que es un mecanismo mediante el cual la dependencia que licita selecciona a los tres candidatos que considera más aptos.

En 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) constató que la contratación de los servicios se realizó mediante 50 procesos de adjudicación directa,18 por invitación a tres personas, 14 licitaciones públicas nacionales y dos de licitaciones públicas internacionales.

Destaca el pago de asesorías, concepto por el que se han gastado 117 millones 450 mil 328 pesos; por publicidad y “posicionamiento” se han erogado otros 17 millones 947 mil 913 pesos; también hay un “programa de logística”, que costó 309 millones 200 mil 069 pesos, además del Servicio de Protección Federal, por el que se pagaron 858 millones 330 mil pesos.

Para 2016, el primer año de actividades de Federico Patiño Márquez como director general del GACM, desde el Gobierno federal se le otorgaron al proyecto 75 mil millones de pesos más, cuando solamente se había hecho uso del 1.31 por ciento del presupuesto.

De ese año a la fecha, el daño al erario público asciende a 140 millones 107 mil 247 pesos, de acuerdo con la revisión anual de la (ASF).