Las declaraciones de Hacienda y Segob sobre el destino de la CEAV –dependencia que opera los recursos para las víctimas– han sido muy ambiguas, lo provocó confusión y que varias víctimas estén desconcertadas y con muchas dudas.
Ciudad de México, 3 de junio (Sin embargo). – Las víctimas de violencia, desaparición, desplazamiento y violaciones de derechos humanos exigieron claridad al Gobierno federal en cuanto al gasto operativo y el destino de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), institución que gestiona los recursos o fondos que se otorgan y que acompaña a las víctimas.
La principal inquietud de víctimas y colectivos es porque cualquier reducción o cambio en el funcionamiento de la CEAV o incluso su posible desmantelamiento, les repercute a ellos pues son justo sus “usuarios”.
La CEAV es la institución facultada para operar el Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), según se establece en la Ley General de Víctimas, misma que mandató la creación de este organismo con el “objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia”.
“Lo que observamos es una clara falta de comunicación y articulación entre la CEAV, la Secretaría de Gobernación (Segob) y Hacienda, porque estamos recibiendo mensajes contradictorios que habrá una reducción del presupuesto operativo de la CEAV y, por otra parte, un mensaje de Segob que parece alentador al señalar que no se van a reducir los apoyos a las víctimas. Sin embargo, la información brindada por Segob y el titular de Hacienda (Arturo Herrera Gutiérrez) en sus redes sociales es ambigua, en el sentido que no aclara si el presupuesto de la CEAV se va a quedar tal como estaba o si habrá alguna reducción”, explicó Jérémy Renaux, subdirector de Idheas, organización civil defensora de víctimas de derechos humanos y ha dado seguimiento al desempeño de la CEAV.
La información es tan confusa e incompleta que incluso a víctimas del estado de Sinaloa, les ha llegado la versión a que presuntamente la CEAV va a desaparecer y será la Secretaría de Gobernación, quien de ahora en adelante operará los recursos que se destinen a las víctimas.
“Se va a hacer una sola base. Creo que los recursos de nosotros, los del fondo para alimentación y los trasladaos para ver nuestros casos se van a pasar a Gobernación, lo va a manejar directamente la Secretaría de Gobernación, ya no van a depender de la CEAV. Tengo entendido que la CEAV va a desaparecer, se va descentralizar y se va armar otro organismo, esa es la noticia que yo tengo, pero nosotras las víctimas no vamos a quedar desamparadas”, platicó Mirna Nereida Medina Quiñónez, líder del colectivo Las Rastreadoras del Fuerte, Sinaloa, un colectivo de madres en busca de desaparecidos.
Esa versión hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente. En tanto que personal de la CEAV sigue sin tener conocimiento sobre el destino que tendrá su gasto operativo, informaron fuentes de la Comisión.
¿Van a reducir el gasto operativo, que implicaría bajar la plantilla de trabajadores y la capacidad operativa de la CEAV? Si le bajan su capacidad, su perfil, o la desaparecen ¿Quien, cuantos y cómo van a operar el fideicomiso para las víctimas?, ¿El número de personal que gestionará los recursos para las víctimas y brinda acompañamiento, será el mismo?” son algunas de las preguntas que siguen en el aire y que las victimas piden aclarar.
EL RECORTE
Ayer, la CEAV reveló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que la Comisión también debía de reducir el 75 por ciento del gasto corriente –el cual asciende a 139.4 millones de pesos–, aunque la institución está en el supuesto de excepción previsto en numeral 38 del decreto de austeridad, el cual, excluye de la austeridad a organismos que velan y protegen los derechos humanos de las víctimas.
La Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez Pérez, alertó que un recorte a los gastos de operación tendrá un severo impacto en la CEAV, lo cual repercutirá directamente a las víctimas, al menos en la atención y acompañamiento que reciben.
Horas más tarde, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un boletín de prensa donde aseguró: “no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos; tampoco se desistirá́ de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la Secretaría de Gobernación”.
Por su parte, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, también publicó un tuit donde afirmaba que la ciencia, la educación superior pública, la cultura y los derechos humanos son centrales para el desarrollo y que se asegurarían “que tengan los recursos suficientes independientemente del mecanismo presupuestal a través del cual operen”.
Sin embargo, el comunicado de Segob no precisa sobre los recursos del gasto corriente de dicha dependencia.
Si bien no hay un recorte a los recursos directos otorgados a las víctimas, la forma en la que está constituido el gasto operativo de la CEAV, es lo provoca que el decreto les afecte, de acuerdo a la información brindó ayer la Comisionada, Mara Gómez Pérez.
Jérémy Renaux, subdirector de Idheas, explicó que la preocupación de las organizaciones civiles, colectivos y víctimas es que “efectivamente no se vaya a reducir el recurso del FAARI, pero sí ve vaya a reducir el gasto operativo de la CEAV, lo cual es problemático porque la CEAV está facultada por la Ley general de Victimas para gestionar el fideicomiso del FAARI”.
Hoy, nuevamente el Secretario de Haciendo tuiteó que sobre el tema de la CEAV “el decreto de austeridad del 23 de abril explícitamente dice que no serán afectados los rubros de derechos humanos […] Antier tuve la oportunidad de platicarlo con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario, Alejandro Encina; nos aseguraremos de que esto se cumpla a cabalidad”.
No obstante, el tuit del Herrera hace referencia al rubro de derechos humanos, no a la CEAV, tal cual. La CEAV hasta el momento no ha sido notificada de ningún cambio y los recursos para su gasto operativo siguen congelados.
Hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que los apoyos no dejarán de repartirse, pero sí confirmó la reducción de un 75 por ciento en el presupuesto de la CEAV. Para el mandatario nacional –según expresó en su conferencia matutina–la Comisión Ejecutiva puede operar con el 25 por ciento de presupuesto que se dejó disponible.
“Si hay un ejercicio de presupuesto eficiente, este 25 por ciento alcanzaría para dos meses, o sea, junio, julio no habría problema, el problema lo tendrían si no se atiende de agosto en adelante”, dijo.
“SÍ AFECTA A VÍCTIMAS”
Aunque el Presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no se dejará sin apoyo a familiares de víctimas”, a pesar de la reducción de un 75 por ciento en el presupuesto de la CEAV, victimas, colectivos, y la propia CEAV insistieron que un recorte al gasto de la CEAV – aunque sea indirectamente– si repercute y afecta a las víctimas.
El argumento del Jefe del Ejecutivo es que “el ajuste es en el Capítulo 2000 y 3000 del presupuesto, que es gasto de operación, recursos generales, no es el capítulo 1000, que tiene que ver con la nómina, a nadie se le va a dejar sin trabajo; ni tiene que ver con el capítulo 4000 o 5000, que tiene que ver con inversiones, con los apoyos, esto es gasto de operación. Entonces, vamos a poner orden y a todos se les va a apoyar”, dijo.
Sin embargo, la Comisionada Ejecutiva de Víctimas, Mara Gómez explicó que debido a la forma en la que está constituida la CEAV, la pone en un alto grado de vulnerabilidad y provoca las medidas implementadas tengan un impacto “mayúsculo” en el funcionamiento de la dependencia, en comparación con otros órganos de la administración pública.
La titular de la CEAV admitió que la Comisión se organizó de manera inusual desde su creación “básicamente trabaja con los capítulos 2000 y 3000 del Presupuesto Federal”.
Estas clasificaciones corresponden a los apartados de “materiales y suministros” (2000), y de “servicios generales” (3000); este último abarca pagos de energía eléctrica, telefonía, Internet, servicios de agua, arrendamiento de inmuebles, servicios legales, despachos exteriores, de contabilidad, entre otros.
De acuerdo con Mara Gómez, la vulnerabilidad de la CEAV – y por la cual su funcionamiento depende tanto de apartados 2000 y 3000, que corresponderían a materiales, suministros y sobre todo servicios general es porque la dependencia no tiene un solo edificio propio. La gran mayoría son rentados y algunos prestados.
Además, en cuanto al personal, tampoco son empleados “propios”, o base. Poco más del 50 por ciento están contratados de manera eventual o bien a través de outsourcing.
El Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), que aloja la información de 34 mil 215 víctimas reconocidas por el Estado mexicano, pues esa base de datos está alojada en servidores (informáticos) que son rentados.
“Si bien, el fondo [de donde salen los recursos destinados a víctimas] no se ve afectado por el recorte, porque es un fideicomiso que llega aparte, lo que sí se ve afectado es la operación del fondo. ¿Cómo vamos a ejercitarlo? ¿Cómo vamos a ver a quién sí se le debe pagar una partida o cómo vamos apoyar a una víctima u otra, si no tenemos personal, ni instalaciones, computadores, teléfonos, servidores? Todo es rentado, ¿cómo vamos a operar el fondo sin gente, sin instalaciones, sin computadoras? Esa es mi preocupación”, señaló Gómez Pérez en entrevista ayer.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos coincidieron e insistieron en que reducir el gasto operativo a la CEAV, sí repercute a las víctimas.
“Con menos personal va a ser más difícil brindar los apoyos a las víctimas y seguramente los procesos tardarían mucho para otorgar las medidas de apoyo, como para alimentación alojamiento etc.”, dijo el subdirector de la Organización Idheas.
Otro riesgo que observa el activista, es que haya una intensión de bajar el perfil a la CEAV y que Segob absorba la tarea de brindar los apoyos a las víctimas de forma directa, lo cual, también sería conflictivo, explicó.
“El problema que veríamos es la sobre carga de trabajo para Segob y todo lo que implicaría en términos burocráticos de tardanza de procesos para brindar los apoyos a las víctimas, pero esto todavía no tenemos elementos para señalarlo. Hoy la mayor preocupación es que, aunque dejen a la CEAV la facultad de gestionar el FAARI, pero con mucho menos personal y eso es algo que va a retrasar los procesos para los otorgamientos de apoyo a las víctimas”, reiteró.
En tanto que Mirna Medina, de las Rastreadoras de Sinaloa coincidió en que la CEAV era un organismo insuficiente, en el cual, se retrasaban la entrega de ayudas, ahora con los cambios o una reducción, se agravará la falta de capacidad de atención.
“Si de por sí ya era tardada la atención, porque somos muchas víctimas. […] Si aquí, en los Estados, te tardabas tres o seis meses en que las víctimas les dieran los recursos, para apoyo o traslado, ahora imagínate. […] Esto significa que vamos a tener el triple de retrasos y nos va afectar mucho. Entonces tenemos que ver que hará Gobernación. ¿Si ampliará su plantilla o abrirá otra institución, pero que caso tendría cerrar la CEAV y abrir otra?”
RECURSOS CONGELADOS
El pasado 22 de mayo la SHCP envió a las Unidades de Administración y Finanzas un oficio donde se instruye a congelar las partidas presupuestales de los capítulos 2000 y 3000, hasta que las dependencias federales cumplieran con el recorte presupuestal ordenado en el decreto de austeridad, publicado el 23 de abril de 2020, según publicaron diversos medios nacionales.
“Una vez que los Ejecutores del Gasto hayan otorgado puntual observancia a la medida de austeridad establecida en el Decreto, a través de las modificaciones a sus presupuestos, respecto de la reducción de 75 por ciento de su presupuesto disponible en los capítulos 2000 y 3000, podrán ejercer los recursos remanentes con cargo a las partidas que corresponden a dichos capítulos”, señala el documento de la subsecretaría de Egresos de SHCP, difundido por la prensa.
La Comisionada Mara Gómez confirmó que –al menos hasta esta mañana – los recursos del gasto corriente también les fueron retenidos por la SHCP.
Lo que hizo Hacienda es congelar todas las cuentas de Gobierno federal [incluida la CEAV] y es este periodo cuando se están tomando la decisión de cómo se van aplicar el recorte en cada institución, y es la razón por la que yo quiero trasparentar y hacer pública la situación”, dijo la Comisionada.
