Una de las virtudes de los regímenes parlamentarios, poco apreciada ahí donde la costumbre e la imposición de la mayoría, aunque ésta sea relativa, como ocurre en los regímenes presidenciales, es que obliga a formar coaliciones cuando ningún partido alcanza la mayoría absoluta –la mitad más uno– de los diputados. No es, por supuesto, un proceso sencillo y muchas veces las cosas se complican a la hora de formar Gobierno. Sin embargo, cuando las cosas salen bien, los gobiernos resultantes suelen incluir visiones y sensibilidades diversas, que amplían la representatividad. Cuando las coaliciones que se forman son sólidas, los gobiernos tienen estabilidad y logran una colaboración productiva con la legislatura.

Los defensores de los regímenes presidenciales suelen destacar el hecho de que el candidato más votado pueda nombrar a su Gabinete sin tediosas negociaciones y sin tener que pactar una agenda legislativa y gubernamental con partidos distintos al suyo; no es extraño, tampoco, que el presidencialismo sea más apreciado por los políticos que aspiran a la autocracia, aunque en las democracias constitucionales la diferencia entre la mayoría que sostiene al Gobierno y la legislativa suela llevar a conflictos recurrentes y a ingobernabilidad, como ha ocurrido una y otra vez en Perú o Ecuador.

El sistema español está diseñado para que las fuerzas políticas locales, sobre todo las de las comunidades autónomas con identidad nacional propia: Cataluña, el País Vasco y Galicia, tengan un peso significativo en las Cortes, nombre oficial del parlamento español. El sistema de representación proporcional corregido con la fórmula D’Hont de asignación de escaños sobrerrepresenta a las fuerzas políticas con fuerte implantación local y castiga a los partidos que distribuyen nacionalmente su votación. También están sobrerrepresentadas las provincias poco pobladas de lo que ahora se conoce como la España vacía, sobre todo las de Castilla. Ello explica tanto el papel que están jugando en el proceso de negociación actual los partidos nacionalistas catalanes y vascos, como que el Partido Popular, con apenas un punto porcentual de ventaja sobre el Partido Socialista, tenga trece diputados de ventaja sobre éste.

Si España fuera una república presidencial a la mexicana, Alberto Nuñez Feijóo hubiera sido electo Presidente, a pesar de que la mayoría del país rechace su conservadurismo y su visión unitaria del país, que ha contribuido a exacerbar las posiciones independentistas en Cataluña. Empero, en el sistema parlamentario, para ser investido Presidente del Gobierno no le basta con ser el candidato más votado, por más que en su discurso apele a ello. Feijó necesitaría del apoyo de otros partidos para lograr la mayoría absoluta de los votos en el Congreso de los Diputados en una primera votación o al menos más votos a favor que en contra en una segunda ronda. 

El problema es que el Partido Popular se ha aislado, en la medida en la que ha adoptado una posición españolista rechazada en Cataluña y el País Vasco, comunidades en las que su Partido Popular, apenas obtiene votos, y ha atado su destino al partido del nacional–catolicismo, anti autonomista, anti feminista, anti diversidad sexual, Vox, con el que pactó la formación de gobiernos autonómicos incluso ahí donde el PSOE fue la fuerza más votada, pero no tuvo capacidad de formar coaliciones mayoritarias en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

Por eso la investidura de Feijóo no tiene futuro, aunque el Rey Felipe VI le tenga que pedir, de manera institucional, que intente la formación de Gobierno. Feijóo se someterá a un proceso de investidura previsiblemente fallido en el que exhibirá el aislamiento de su partido, provocado por su coalescencia con la ultraderecha. A partir de entonces, Pedro Sánchez, actual Presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista, tendrá un plazo de dos meses para armar un complicado rompecabezas con distintas fuerzas. De entrada, cuenta con e apoyo de Sumar, alianza de partidos de izquierda con los que ya estuvo coaligado durante la legislatura  periclitada. 

Sin embargo, Sánchez tendrá que hilar muy fino, en un escenario muy complicado, por la exigencia de los independentistas catalanes, tanto los de izquierda de Esquerra Republicana de Catalunya, como los de la derecha de Junts, de apoyarlo sólo si se compromete a la realización de un referéndum de autodeteriminación, el cual no está contemplado por la Constitución y no es aceptable para la mayoría de los votantes socialistas ni para los dirigentes de su partido en la mayor parte de España. Sánchez tiene a su favor que el Partit Socialista de Catalunya, la filial catalana del Partido Socialista Obrero Español, fue el partido más votado en la comunidad autónoma, mientras que las fuerzas independentistas menguaron después de unos años en los que tuvieron, sumados, la mayoría. 

Los nacionalistas catalanes saben bien, lo mismo que los vascos, que sus opciones de negociación son mucho mejores con un Gobierno encabezado por Sánchez que con uno presidido por el señor Feijóo, atado a sus aliados ultraderechistas unitarios de Vox. Por eso la investidura de Sánchez es probable, aunque complicada, pues unas nuevas elecciones, que tendrían que convocarse para diciembre, si se cumple el plazo constitucional sin que se forme nuevo Gobierno, abrirían la posibilidad de una mayoría absoluta de la coalición PP–Vox. 

El 23 de julio la ultraderecha retrocedió significativamente respecto a las elecciones de 2019, lo que ha sido un alivio no sólo para España, sino para la Unión Europea, pero un fracaso de Pedro Sánchez podría reactivar el tirón que sólo dos meses antes tuvo en las elecciones autonómicas, pues en buena parte de las circunscripciones la suma de PP y Vox sí ratificó la mayoría absoluta local en las elecciones generales, por lo que una inhibición del voto en las comunidades opuestas al nacionalismo español podría cambiar las tornas a favor de la derecha.

El hecho es que las instituciones parlamentarias fomentan la pluralidad y obligan a deliberar para llegar a acuerdos, lo contrario de lo que buscan los aspirantes a autócratas. Por eso Erdogan, en Turquía, aniquiló al parlamentarismo, como Putin en Rusia, mientras que Orban en Hungría ha modificado las reglas electorales, para garantizarle a su partido la sobrerrepresentación que le permita imponerlo como primer ministro cuasi eterno. 

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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