Foto: Edgar Jasso, Cuartoscuro

Este fin de semana el Presidente rindió su primer informe de gobierno. El tiempo ha pasado muy rápido y varias cosas han cambiado -para bien y para mal- desde su llegada al poder. También hay algunas que siguen igual, pero en esta columna me enfocaré en los cambios relacionados con la asignación de publicidad oficial, las agresiones a periodistas y la apertura gubernamental que impactan en el ejercicio de la libertad de expresión e información.

Empecemos con la asignación discrecional y arbitraria de la publicidad oficial. El dinero pagado a los medios de comunicación genera grandes rendimientos: una prensa controlada que publica información a modo, temerosa de perder su trabajo o de ser víctima de otra forma de violencia.

La publicidad oficial es un herramienta útil para que, a través de plumas “independientes”, los gobiernos cuenten lo que quieren contar. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cifras de la Secretaria de la Función Pública informan, que el gobierno federal gastó más de 60 mil millones de pesos en publicidad oficial, de los cuales los mayores beneficiarios fueron Televisa, TV Azteca, Estudios Churubusco, El Universal y Grupo Fórmula.

En 2018, 10 medios de comunicación se beneficiaron de 48.35 por ciento del gasto en comunicación social y otros 865 del restante 51.65 por ciento. Ahora, a 10 meses del nuevo gobierno, la falta de una ley que fije criterios claros, objetivos y transparentes de la asignación de la pauta permite que el dinero público de todos los niveles de gobierno siga fluyendo de manera discrecional e indiscriminada aún cuando cambiaron la política federal y lineamientos de comunicación social que fijan nuevas reglas para la asignación de la pauta y exista un compromiso de ajustarse al presupuesto originalmente asignado (de enero a julio de 2019 el gasto acumulado más los gastos comprometidos son de 82.5 mdp de los 4,870 mdp aprobados). Sin embargo, las afirmaciones han cambiado.

Ahora existe más sobre-exposición mediática del Presidente con menos dinero público transferido a los medios de comunicación y también un control político de la información pública ¿es esto un cambio verdadero para la democratización de los medios y la participación ciudadana?

El segundo tema es la violencia contra la prensa que desgraciadamente no ha cesado y, por el contrario, se ha intensificado en todo el país. En los primeros 6 meses de 2019, ARTICLE 19 documentó 249 agresiones contra periodistas, de las cuales el 42.16 por ciento fueron perpetrados por agentes del Estado. De éstos, más de la mitad (56.19 por ciento) fueron funcionarios municipales, 28.57 por ciento, funcionarios estatales y el 15 por ciento funcionarios federales. A la fecha, el Estado sigue siendo la mayor amenaza en contra del periodismo en nuestro país y no ha habido acciones que cambien esta realidad.

De hecho, lejos de fortalecer al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos con mayor capacidad y presupuesto, este cuenta con más beneficiarios sujetos a protección y un presupuesto proporcionalmente menor.

En lo que va del año 10 periodistas han sido asesinados presumiblemente por hacer su trabajo y si seguimos así, este año será el año más violento de la historia reciente en contra de la prensa ¿cómo se cuentan las cambios cuando la prensa tiene miedo y busca sobrevivir?

Finalmente, por lo que hace a la apertura gubernamental, hay varios reveses que vale la pena comentar. En el sexenio pasado, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza por el Gobierno Abierto, luchamos por la accesibilidad y disponibilidad de información como lo fue el padrón de beneficiarios de programas sociales, las manifestaciones de impacto ambiental de los diversos mega proyectos, las planeaciones y documentos relacionados con la obra pública y, las estadísticas de desaparición y detención de personas.

Contar con esta información no solamente nos permitía hacer un escrutinio sobre la actividad del gobierno, si no también -en el caso del padrón único de programas sociales y de los registros de desaparición y detención- identificar actos potenciales de corrupción o violaciones a derechos humanos.

Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, la información ya no está disponible y tampoco es sujeta de acceso a través de solicitudes de información (las respuestas a las solicitudes señalan que la información es “inexistente” o que “no se pudo localizar”).

Algunos rasgos positivos de este gobierno se encuentran, sin embargo, en la intención de evaluarse y diagnosticarse como se hizo con el Mecanismo de Protección a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas o con la firma del convenio entre México y la UNESCO para impulsar el cumplimiento de los indicadores de desarrollo mediático.

Reconocer lo que ha funcionado y lo que no, permite fijar una ruta de trabajo y un plan para seguir caminando, ahora toca atender las recomendaciones. Ha pasado casi un año y si bien, los cambios no se cuentan hasta que suceden, necesitamos ver la intencionalidad del cambio y, también, algunos resultados.