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Antes de renunciar como Ministro, Medina Mora prohibió al Congreso de NL sancionar a “El Bronco”

03/10/2019 - 6:47 pm

El todavía Ministro de la SCJN Eduardo Medina Mora admitió a trámite la controversia constitucional promovida desde el 27 de septiembre por “El Bronco” y concedió una suspensión que habrá de blindarlo ante cualquier castigo durante varios meses.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- El Ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Eduardo Medina Mora prohibió al Congreso de Nuevo León sancionar a Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de esa entidad, hasta que la demanda interpuesta en su contra por desvío de recursos durante las elecciones en 2017, sea resuelta.

El hasta todavía Ministro de la SCJN admitió a trámite la controversia constitucional promovida desde el 27 de septiembre por “El Bronco” y concedió una suspensión que habrá de blindarlo ante cualquier castigo durante varios meses.

“Ejecutar cualquier medida provisional o sanción” derivada del procedimiento ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para sancionar al Gobernante por mandar a sus empleados a recabar firmas en días hábiles, es la prohibición que la Suprema Corte implementó este día.

“De manera preliminar se advierte que el acto impugnado no es propiamente electoral, ni constituye en estricto sentido el cumplimiento de un fallo, sino el dictado de unas reglas emitidas ex profeso para establecer una sanción a dos servidores públicos, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, explicó el aún Ministro.

“Se niega la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León, en relación con el procedimiento derivado de las Reglas Procesales para aplicarse en cumplimiento de la Sentencia SER-PSC-153/2018, emitida por la Sala Regional Especializada del TEPJF”, indicó Medina Mora.

Hace unos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Congreso local de Nuevo León debe sancionar al Gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón por desviar recursos para juntar las firmas que lo llevaron a la boleta presidencial en 2018.

“El 21 de junio de 2018, la Sala Regional Especializada del TEPJF dictó sentencia al tener acreditado que 572 servidoras y servidores públicos y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de Gobernador, faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República”, recordó la Sala Superior del Tribunal en un comunicado.

“Debido a que las normas electorales no prevén la posibilidad de que la Sala Especializada pueda imponer de manera directa una sanción a este tipo de servidores públicos, ordenó comunicar la determinación al Congreso del Estado de Nuevo León”, añadió.

El 3 de septiembre, el Senado de la República aprobó hoy un exhorto para que el Congreso de Nuevo León de cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y sancione, por violaciones a la ley electoral, al Gobierno encabezado por Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

El punto de acuerdo fue promovido por el Senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC). “Se exhorta al Honorable Congreso de Nuevo León a dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dice el punto de acuerdo promovido por el Senador y aprobado hoy.

La sentencia a la que se hace referencia indica que el actual Gobernador de Nuevo León utilizó recursos públicos para obtener votos durante la campaña electoral federal que culminó el año pasado, donde participó.

“El Bronco” compitió, junto con Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade, por la Presidencia de la República en el pasado proceso electoral. Se presentó como independiente y fue el candidato que menos votos obtuvo.

El pasado 20 de junio, el TEPJF confirmó que Rodríguez Calderón sí incurrió en malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita durante la recolecta de firmas.

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