A Verónica Razo Casales la detuvieron sin pruebas en 2011. La condujeron hasta un almacén de la Policía Federal y la torturaron. Descargas eléctricas, golpes, asfixia y abuso sexual durante 24 horas, pero en un mundo distorsionado, a seis años de distancia, ella es la que cumple una condena.
“Creemos que en el caso de Verónica Razo los hechos hablan. La PGR tiene la oportunidad para corregir los errores -incluso del sexenio pasado- y retirar los cargos infundados en contra de esta mujer. Buscamos instituciones que busquen la verdad, y las víctimas de delitos merecen la verdad, merecen justicia”, dijo Madeleine Penman, investigadora Amnistía Internacional (AI), en entrevista con SinEmbargo.
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Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Seis años y seis meses pasaron desde que policías federales torturaron sexualmente a Verónica Razo Casales. Se presentaron pruebas, hubo protestas, actos simbólicos y documentación de irregularidades hasta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero en el mundo al revés, ella está detenida y sus agresores disfrutan de libertad.
El 8 de junio del 2011, a las 13:30 horas, siete sujetos vestidos de civil y armados aprehendieron a Razo en la Ciudad de México, la obligaron a abordar un vehículo sin placas oficiales y la condujeron a un almacén de la Policía Federal. Las siguientes 24 horas vinieron acompañadas de descargas eléctricas, golpes, asfixia y abuso sexual.
Víctima de tortura y en medio de una crisis de salud por las lesiones, la mujer se vio obligada a firmar una confesión. Se “declaró culpable” de un secuestro y terminó tras las rejas.
Amnistía Internacional (AI) estudió el expediente de Razo y “no encontró ninguna evidencia material que probara su responsabilidad por los delitos de los cuales se le acusa. Las únicas pruebas que existen fueron obtenidas bajo tortura y graves violaciones del debido proceso”.
El caso, que destrozó a una familia, está enmarcado en “un contrato de impunidad”, “en una cultura de encubrimiento en la que pesa más el querer detener a personas y acusarlas que observar el debido proceso”, en el cual se encuentran las autoridades encargadas en construir la acusación contra Verónica, dijo Madeleine Penman, investigadora AI (AI), en entrevista con SinEmbargo.
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De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), la detención se llevó a cabo hasta las 08:25 horas del 9 de junio. Es decir, cuando ya habían ocurrido los crímenes sexuales y las violaciones de los derechos humanos de Verónica. Sin embargo, tal punto -y otros- no se sostienen. Para cuando el reloj marcó esa hora, las 08:25, la madre de Razo ya había levantado un reporte de persona extraviada.
La detención ficticia, la del 9 de junio, supuestamente ocurrió en una gasolinera en la capital del país, pero los testimonios de empleados de la estación negaron que se haya llevado a cabo algún operativo en el sitio en la fecha referida y derribaron también ese segundo punto. En realidad, la mujer fue aprehendida “a la vista de todos”, cerca de su domicilio en la colonia Obrera, de la delegación Cuauhtémoc.
El debido proceso no se respetó. Los policías no contaban con orden de aprehensión contra la que ha pasado más de dos mil días en prisión. Tampoco se comprobó que en el momento en que los agentes actuaran la mujer se encontrara realizando un acto ilícito.
En marzo del 2016, la CNDH, a partir de notas médicas, informes y un peritaje hecho conforme el “Protocolo de Estambul”, confirmó lo que ya había hecho un perito de la PGR: a Verónica la torturaron.
“Creemos que en el caso de Verónica Razo los hechos hablan. La PGR tiene la oportunidad para corregir los errores -incluso del sexenio pasado- y retirar los cargos infundados en contra de esta mujer. Buscamos instituciones que busquen la verdad, y las víctimas de delitos merecen la verdad, merecen justicia”, declaró Penman, quien ha estado cerca del caso.
LOS CULPABLES, LIBRES
“A la familia de Verónica estos hechos le han destruido la vida. Verónica tiene dos hijos. Su hija tenía 6 años cuando la detuvieron y ha crecido sin su mamá; ahora tiene 13 años. Su hijo tenía 12 años, y ahora tiene 19. La carga económica y emocional a la que han estado expuestos es muy fuerte, pues se quedaron con otros integrantes de la familia”, relató Madeleine Penman.
El círculo cercano de la mujer ha acompañado el caso todo el tiempo. Se mantienen en pie de lucha. Junto a organizaciones no han dejado de exigir justicia. El 31 de noviembre pasado, Austreberta Casales, la madre, y Byron Ariano, su hijo mayor, levantaron fotografías y llevaron más de 135 mil firmas -con las cuales piden su liberación- a la PGR.
Autoridades sí abrieron un proceso contra uno de los presuntos torturadores, sin embargo, la acusación no se ha formalizado. Hasta el día de hoy ninguno de los perpetradores ha pisado la cárcel.
“En lugar de tener los secuestradores reales en la cárcel, tenemos a alguien que fue torturada, con acusaciones fabricadas”, lamentó la investigadora de AI.
“La PGR misma ha encontrado y ha confirmado la tortura de Verónica, el arresto ilegal. La acusación se tendría que caer por completo. La PGR en lugar de busca la verdad se mantiene con una contradicción enorme”, agregó.
SI CONTINÚA LA IMPUNIDAD, CASOS NO SE DETENDRÁN
El proceso de Razo, dijo Penman a este diario digital, está en su última etapa. La investigación ya se cerró y ahora se espera que un juez emita la sentencia final para una persona que lleva tanto tiempo en la cárcel con pruebas infundadas en su contra.
En el informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, la misma organización documento, a través de entrevistas con 100 víctimas, la violencia sexual a la que están expuestas las mujeres que son detenidas en este país.
“No podemos permitir que estas cosas se den y se queden en la impunidad porque sería un mensaje de que está bien hacerlo, de que se permite hacerlo porque no hay un castigo”, recriminó Direri Pérez, también integrante de AI.
Apenas el 16 de noviembre, cuatro mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco llevaron sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, Costa Rica. Esos hechos sólo pueden detenerse atacando la impunidad, de acuerdo con AI.
