En México, según las 35 organizaciones agrupadas en la Alianza por la Salud, la industria de los alimentos y bebidas azucaradas cabildeó por años en dos frentes: desde el Gobierno federal (donde hoy ya no tiene apoyo) y en el Congreso (donde aún tiene fuertes aliados). “Tienen aliados legisladores, incluso dentro de Morena”, comentó Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor y quien en el año 2016 formó parte de los activistas espiados por el Gobierno a petición de la industria de la chatarra.

SEGUNDA ENTREGA DE UNA SERIE

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– “La industria no financió ninguna investigación para arrojar dudas sobre las causas de mortalidad infantil. Los mosquitos no tienen representantes ni grupos de presión, pero las industrias que contribuyen al aumento de las enfermedades no transmisibles sí los tienen y debemos hacer frente a una oposición bien orquestada y muy bien financiada”, declaró en mayo de 2013 Margaret Chan, cuando aún era directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La doctora se refería así al poder de las empresas del tabaco y la comida chatarra, una industria que en México tiene ganancias anuales por alrededor de 80 mil millones de dólares y aún tiene aliados en el Congreso, incluso dentro de Morena.

“Esta industria tiene aliados legisladores en todos los partidos”, dijo en entrevista Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor y quien lleva años señalando los daños a la salud generados por la comida chatarra.

Calvillo Unna, quien en el año 2016 formó parte de los activistas espiados por el Gobierno a petición de la industria chatarra, detalló la influencia que tenían estas empresas en los anteriores gobiernos y que incluso su poder llegaba hasta las embajadas, como ocurrió en Chile en el año 2016 cuando desde la sede del Gobierno mexicano se presionó para evitar el nuevo etiquetado en ese país a petición de las mexicanas Bimbo (familia Servitje) y Femsa (José Antonio Fernández Carbajal).

COCA-COLA-PEÑA-CALDERÓN

En esta imagen de agoto de 2009 se observan a directivos de Coca-Cola junto con Enrique Peña (entonces Gobernador del Edomex) y Felipe Calderón (entonces Presidente de Méxixo) en la reinauguración de la planta de Jugos del Valle, que pertenece a la refresquera. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro.

“El Ministerio de Salud de Chile me dijo que la presión de las empresas era enorme a través de las embajadas, incluso manifestaron que desde la embajada de México, y aquí puede ser mucho la defensa de los intereses de Bimbo y Femsa, porque si hay dos empresas multinacionales vinculadas a la comida chatarra de origen mexicano son estas dos”, evocó el miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet.

Chile fue el pionero en América Latina en implementar un etiquetado claro en los productos (2016), le siguió Perú (2019), Uruguay (febrero 2020) y ahora México, donde las empresas tienen una prórroga hasta el 30 de noviembre para cumplir con la Norma O51 que hace obligatorio un nuevo etiquetado frontal en productos que contengan altos niveles de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías.

En México, según las 35 organizaciones agrupadas en la Alianza por la Salud, la industria de los alimentos y bebidas azucaradas cabildeó por años en dos frentes: desde el Gobierno federal (donde hoy ya no tiene apoyo) y en el Congreso (donde aún tiene fuertes aliados).

“La industria está tratando de generar la percepción de que en esa decisión unánime en el Congreso sobre el etiquetado hay fracturas, pero no es así”, expuso el director de El Poder del Consumidor al denunciar que algunos legisladores de partidos como Acción Nacional (PAN) e incluso en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sirven de cabilderos de estas empresas.

“Tienen aliados legisladores, por ejemplo de Morena está el Diputado Javier Hidalgo, a quien desde el principio se le veía muy relacionado con gente del CCE y con todo ese sector”, aseguró Alejandro Calvillo. “Él boicoteó una primera modificación a la Ley General de Salud para el nuevo etiquetado. Faltaba una firma para tener todas y él se levantó y se fue”.

Este apoyo que aún tiene la industria en el Congreso y que perdió en el Gobierno federal ha provocado encono, sobretodo por la posición que ha tomado la Secretaría de Salud federal en defensa del nuevo etiquetado y la advertencia del consumo de productos chatarra.

En esta imagen de mayo de 2016 se observa a José Antonio Meade Kuribeña, entonces Secretario de Desarrollo Social, junto con Daniel Servitje Montull, presidente de Grupo Bimbo, firmando un convenio de declaración conjunta SEDESOL-BIMBO por un México incluyente. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

“Desde el principio el doctor (Hugo) López-Gatell señaló que iban a promover una política para enfrentar a los determinantes comerciales de la salud, que es la industria chatarra”, destacó Calvillo y agregó que como primera medida desde el inicio del sexenio el doctor Jorge Alcocer, Secretario de Salud, y el Subsecretario Hugo López-Gatell, desaparecieron el llamado Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (OMENT), que es un organismo creado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y donde más del 60 por ciento de los asientos estaba ocupado por la industria.

La desaparición del OMENT no gustó a la industria y desde entonces ha emprendido una serie de ataques en contra de la Secretaría de Salud y su personaje más visible: Hugo López-Gatell, quien actualmente también es el encargado del manejo de la COVID-19 en México.

“Se enfrenta al trabajo coordinado de estas empresas y a las agencias de publicidad contratadas por ellas, las cuales tienen a su servicio una gran lista de articulistas, principalmente de las áreas financieras de los medios de comunicación”, alertó Calvillo. “Estas grandes corporaciones que se ven afectadas en su dominio e intereses se han unido con los grupos políticos que están aprovechando la pandemia para atacar a López-Gatell”.

 El pasado 17 de julio, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez afirmó que para conservar la salud de los mexicanos, quienes hoy enfrentan la pandemia de la COVID-19, es necesario dejar fuera de la alimentación los refrescos y otros productos industrializados.

“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental?”, expresó el Subsecretario en Chiapas causando la inconformidad de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), que pidió a las autoridades sanitarias de México no estigmatizar y tener un diálogo respetuoso con la industria.

A partir de esa declaración de López-Gatell y de otras más que le siguieron en defensa de una sana alimentación, los ataques en su contra han quedado escritos en artículos de la prensa, comunicados de partidos políticos y gobernadores que han pedido su renuncia.

“Los ataques contra López-Gatell vienen de la industria que está poniendo mucha leña al fuego y tiene todos los recursos para hacerlo”, advirtió el director del Poder del Consumidor. “Ellos ya vieron que en el Poder Ejecutivo no tienen nada que hacer y el tema ahorita es el Poder Judicial”, refirió Calvillo Unna.

Hasta el corte de julio sumaban siete amparos para evitar el nuevo etiquetado por parte de empresas como Hershey’s, Modelez (clorets) y Ferrero.

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–¿Cuál el el papel del actual Gobierno con la industria de la chatarra?

–Se dio un cambio radical que no había ocurrido en varios sexenios, sobre todo porque en la administración anterior hubo un control total por parte de las grandes corporaciones en las secretarías de Economía, Salud y Cofepris. Está plenamente documentado. Por ejemplo, de la Secretaría de Economía tenemos los comunicados que envió al Gobierno de Chile manifestándose en contra del etiquetado de advertencia que se impuso en ese país señalando que era una barrera al comercio. Lo hizo también con Perú.

La postura de Gobierno mexicano siempre fue muy simular al de las industrias. Uno ve las relatorías de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y se puede ver que incluso el Gobierno mexicano va antes de Estados Unidos, siempre al servicio de esta industria. Lo vimos también cuando estaban estas negociaciones del T-MEC, cuando apareció un anexo al tratado que se filtró y que establecía la prohibición de este tipo de etiquetados para Canadá, Estados Unidos y México. Eso fue promovido desde ConMéxico y desde la Secretaría de Economía, que estuvo trabajando en las esferas internacionales para manifestarse en contra de las políticas que eran aplaudidas por la OMS.

 En el caso de Perú, la intervención que hace el Gobierno mexicano en este foro de la OMC se da unos días después de una carta pública que envía el director de la OMS felicitando al Presidente de ese país que estaba impulsando y que tenía como centro el etiquetado de advertencia.

Este apoyo del Gobierno a la industria cambió totalmente cuando entró la nueva administración. El doctor Alcocer, como Secretario de Salud, y López-Gatell, como Subsecretario, lo primero que hacen es desaparecer el llamado Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (OMENT) que es un organismo creado con Peña Nieto y más del 60 por ciento de los asientos lo tenía la industria y no estaba invitado el Instituto Nacional de Salud Pública ni las organizaciones civiles. Al último nos invitaron porque ya veían que venía un Gobierno del cambio y querían lavarse un poco la cara.

Desde el principio también el doctor López-Gatell señaló que iban a promover una política para enfrentar a los determinantes comerciales de la salud, que son los principales causantes de la enfermedad y muerte en nuestro país, y que son la comida chatarra, bebidas azucaradas, el tabaco, el alcohol.

El Legislativo también estaba controlado por la industria y todavía tienen cabildos, incluso dentro de Morena.

–¿De qué tamaño es esta industria de la chatarra y el poder que tiene?

 –La industria de alimentos es un grupo de corporaciones que tiene presencia en todo el mundo. Son empresas con poder económico muchas veces mayor al de los países. Son empresas que tienen el apoyo de gobiernos, por ejemplo, los Estados Unidos se distingue por eso, también Suiza, porque Nestlé viene de Suiza, ese gobierno siempre ha estado tratando de impedir estas políticas.

Las embajadas actúan también fuertemente, eso lo supe en el caso de Chile con el etiquetado cuando gente del Ministerio de Salud de ese país me dijo que la presión de las empresas era enorme a través de las embajadas, incluso manifestaron que desde la embajada de México, y aquí puede ser mucho la defensa de los intereses de Bimbo y Femsa. Si hay dos empresas multinacionales vinculadas a las comida chatarra de origen mexicano son estas dos. De hecho, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, viene de Femsa.

–¿A qué se enfrenta el Gobierno federal al no apoyar a la industria de la chatarra?

–Se enfrenta al trabajo coordinado de estas empresas y sus asociaciones empresariales, y a las agencias de publicidad contratadas por ellas, las cuales tienen a su servicio una gran lista de articulistas, principalmente de las áreas financieras de los medios de comunicación. Tienen un vinculo muy fuerte con comentaristas de televisión y en radio, y tienen el poder que les da la publicidad en estos espacios. Cuando alguna información sale en su contra amenazan con retirarles publicidad.

 También compran científicos a modo, tienen aliados legisladores totalmente, por ejemplo de Morena está el Diputado Javier Hidalgo, que está haciendo un foro donde nos está invitando (a las organizaciones), pero al mismo tiempo tiene sentado ahí a Roberto Campa y ConMéxico, o sea haciéndoles el juego.

Estos grupos de grandes corporaciones que se ven afectadas en su dominio e intereses se han unido con los grupos políticos que están aprovechando la pandemia para atacar a López-Gatell. Se ve claramente la presencia de los cabilderos de la industria que están golpeando con la esperanza de poder demeritar al Gobierno y en una de esas regresar en una fuerte alianza.

–¿Entonces esta campaña contra López-Gatell es impulsada por esta industria?

–Sí, sin duda ellos están poniendo mucha leña al fuego y tienen todos los recursos para hacerlo. Desde que estaba en discusión el etiquetado dentro del grupo de trabajo para la modificación a la norma, ellos vieron que ahí no iban a ganar y trataron de resolver el tema en Presidencia, pero en Presidencia se les dijo que tenían que respetar el proceso. Ahí empezaron a enfrentar a López-Gatell y desde entonces lo empezaron a tener en la mira y era como la peor amenaza para sus intereses.

–¿Quiénes son los cabilderos de la industria en el Legislativo?

 –La industria está tratando de generar la percepción de que en esa decisión unánime en el Congreso sobe el etiquetado hay fracturas. El PAN tiene una grave responsabilidad de que no se hayan implementado las políticas contra la obesidad porque ha tenido el mayor control de las comisiones de salud tanto en Diputados como en el Senado hasta la administración anterior y ahí se paró todo.

Nosotros encargamos una revisión de todas las iniciativas legislativas y todas las importantes para regular la chatarra no pasaron de las comisiones de salud. Entonces (la industria) ahí se apoyan con algunos diputados del PAN y con Javier Hidalgo, que desde el principio se le veía muy relacionado con gente del CCE, con todo ese sector. Él boicoteó una primera modificación a la Ley General de Salud. Faltaba una firma para tener todas y él se levantó y se fue. Siempre ha estado con un discurso de que la obesidad es multifactorial y que el etiquetado no es suficiente y que se requiere tener actividad física. Es un discurso para no hacer nada.

–¿Hasta dónde llegará la industria de la chatarra para presionar al Gobierno federal?

–Ellos ya vieron que en el Poder Ejecutivo no tienen nada que hacer, han visto también que en el Poder Legislativo lo tienen perdido a pesar de que están haciendo estas ideas de generar percepciones de que hay divisiones. El tema ahorita es el Poder Judicial. Ya hay varios amparos por parte de la industria, hay alrededor de siete amparos, los más recientes son de Concamin, Hershey’s, Modelez (clorets) y Ferrero, los cuales pedían una suspensión para que no entrara en vigor el nuevo etiquetado y todos han sido negados, varios fueron declarados improcedentes, es decir, ya no siguen. Otros todavía continúan y están queriendo ver por todo el país a ver qué jueces le abren el paso para tratar de frenar la ley. Ya cuando se implemente el etiquetado esperamos que vengan más amparos.

 –¿Creen que procedan los amparos cuando ya entre en vigor la ley?

–Depende mucho del monitoreo que se tenga, de la publicidad que se le dé y la vigilancia del Poder Judicial en esta materia. Siempre hay un riesgo de la corrupción.

Yo creo que sería importante señalar que esta actitud de la industria es algo que no es exclusivo de México, que tal vez en el país llegó al extremo por esta convivencia tan profunda con el poder político al grado que se ha documentado que hubo unos servicios del sistema de espionaje del Gobierno para estas empresas. Es importante señalar que desde la OMS se ha señalado a estas empresas como el principal obstáculo. Por lo menos la que fue directora de la organización, Margaret Chan, tenía una frase: “Antes las enfermedades las transmitían los mosquitos, pero los mosquitos no tenían los cabilderos y el poder económico de estas grandes corporaciones”.

Para que la directora de una organización importante dijera esto era porque sabía que éticamente lo tenía que hacer.