Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– La investigación sobre la presunta masacre de los 43 normalistas estuvo repleta de vicios, errores y omisiones que obligarían a revisar por completo todo el caso, aseguraron abogados a la agencia de noticias Reuters.
Los litigantes destacaron que la pérdida de evidencias, falta de peritajes, pruebas científicas que no sustentaron la hipótesis de que los estudiantes fueron quemados y presuntas confesiones forzadas, son parte del cúmulo de deficiencias en las que incurrió la Procuraduría General de la República (PGR).
“Se descansa mucho en las declaraciones, eso es un problema”, dijo a la agencia un abogado independiente con conocimiento de la investigación, que prefirió el anonimato. “Si se te caen las declaraciones, se te puede caer el caso”.
Fuentes revelaron a la agencia que las pesquisas no siguieron el protocolo básico de una investigación criminal.
Por ejemplo, refiere, “no se analizaron comunicaciones telefónicas de estudiantes, familiares, activistas, policías y maestros luego de que los jóvenes fueran baleados por efectivos municipales en complicidad con sicarios, y antes de que desaparecieran la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala”.
Por si fuera poco, dice Reuters, “ropa de los estudiantes quedó olvidada en dos fiscalías distintas, se esfumaron videos de cámaras de seguridad que podría haber dado pistas de cómo desaparecieron, y hasta hace poco no habían sido revisadas las de la terminal de autobuses donde comenzaron las discusiones con policías”.
Reportes incluidos en el gigantesco expediente del caso, a los que Reuters tuvo acceso a través de los abogados, muestran que la policía municipal de Iguala, la Policía Federal y el Ejército conocían los movimientos del centenar de jóvenes que partieron de Ayotzinapa.
La agencia de noticias señala que la PGR no respondió a una solicitud de entrevista para conocer los avances de la investigación ni tampoco a una lista de preguntas en torno a las fallas del caso.
EL INFORME DE LA COMISIÓN
El grupo de expertos comandados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estudiar en México la desaparición de 43 estudiantes hace casi un año presentará este domingo un informe sobre este caso.
Tras varios viajes a México durante los últimos seis meses, los cinco miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) expondrán su análisis, tras haber entrevistado a detenidos, sobrevivientes, familiares, funcionarios y haber examinado el informe sobre este caso.
El GIEI fue creado a finales del año pasado mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por el Estado mexicano, la CIDH y las familias y representantes de los 43 estudiantes, desaparecidos en la ciudad de Iguala el pasado 26 de septiembre.
El grupo está integrado por Carlos Beristain (España), Francisco Cox (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala), Ángela Buitrago (Colombia) y Alejandro Valencia Villa (Colombia) y arrancó sus investigaciones el pasado 2 de marzo.
Tuvieron entonces un primer encuentro en privado con funcionarios y otro con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde estudiaban los desaparecidos, y padres de las víctimas.
“Queremos hacer un esclarecimiento de los hechos y vamos a tratar de llegar a la verdad”, decía entonces el español Beristain sobre este grupo formado para atender “las demandas de los familiares y su reclamo por saber de sus hijos”.
Según la versión oficial, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, los padres rechazan esa versión y continúan demandando la presentación con vida de sus hijos ya que, entre otros puntos, solo uno de los jóvenes ha sido identificado entre los restos hallados en la hoguera y en un río cercano.
Los expertos han dividido sus investigaciones en cuatro puntos: el proceso de búsqueda, la investigación, la atención a las víctimas y las políticas públicas frente a la desaparición forzada.
El pasado 19 de marzo, los expertos hicieron su primera valoración y alertaron del gran volumen del expediente y de que no estaba digitalizado. Además, desde el comienzo de su visita siguieron exigiendo al Gobierno que continuara con la búsqueda de los jóvenes estudiantes.
De hecho, un mes después, el 20 de abril, pidieron a la Policía Federal (PF) que examinara dos nuevos lugares, a petición de los padres, y denunciaron que una de las mayores dificultades de la investigación era la fragmentación del caso, al tener a los imputados en un lugar del país, al expediente en otro y que los hechos ocurrieran en otro distinto.
Entre las actividades que hicieron hasta ese momento fueron entrevistas con varios de los detenidos (hay más de 120 entre policías, funcionarios públicos y narcotraficantes) y viajes al lugar de los hechos acompañados de estudiantes supervivientes para reconstruir lo sucedido.
En otra de sus comparecencias, el 11 de mayo, confirmaron que algunos de los detenidos habían denunciado torturas. “Consideramos que las garantías legales, el análisis exhaustivo de esas denuncias, es fundamental para evitar que eso genere problemas más adelante”, apuntó entonces Beristain.
Según explicaba la ex Fiscal guatemalteca Claudia Paz, un posible escenario en el que “no se hubieran respetado los derechos para los detenidos, sería muy negativo para el proceso y eso tendría consecuencias legales”.
Durante todo este tiempo, una de las principales peticiones de los expertos fue entrevistarse con personal militar del batallón 27 de la zona, quienes son señalados por los familiares por sus posibles vínculos con la tragedia ya que en aquella noche tuvieron contacto con algunos de los jóvenes.
En su siguiente valoración del 29 de junio, los expertos se quejaron de que de las 100 peticiones de información al Gobierno mexicano, solo el 30 por ciento habían sido atendidas de forma completa y pidieron la agilización de las respuestas.
En ese mes visitaron lugares relevantes vinculados con la investigación, como establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan, una casa de seguridad y prisiones en el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit, donde hablaron con personas vinculadas al caso.
En su última conferencia de prensa el pasado 17 de agosto, los expertos denunciaron la destrucción de pruebas de video y explicaron que el Gobierno les había ofrecido una entrevista por escrito a su solicitud de entrevistar a los militares, negándoles la participación en la comparecencia, opción que ellos rechazaron.
Finalmente, contaron, del total de solicitudes de información de la CIDH al Gobierno mexicano, un 48 por ciento han sido resueltas en su totalidad.
-Con información de Efe
