En los dos años y ocho meses  del Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa en el Distrito Federal, las fuerzas de seguridad han sido fuertemente criticadas por sus errores, omisiones y, en particular, por su accionar violento y sin protocolos de respeto a los derechos humanos en contra de la protesta social.

Tanto la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF), encabezada por Hiram Almeida Estrada, como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a cargo de Rodolfo Ríos Garza, suman denuncias por sus excesos o por su ineptitud lo mismo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y de acuerdo con activistas, grupos civiles y politólogos también se han convertido en la piedra en el zapato de Mancera Espinosa, debido al repunte de la violencia en la capital del país, considerada hace tres años una de las ciudades más pacíficas de México.

El multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte, el pasado viernes 31 de julio, ha impuesto un reto para las autoridades encargadas de la procuración de justicia en la Ciudad de México, particularmente para el Procurador Ríos Garza, señalado con anterioridad y desde distintos foros, incluida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la lentitud con que la dependencia a su cargo actúa contra el crimen, la corrupción de los miembros de la PGJDF y la poca confianza que tienen los ciudadanos en los ministerios públicos, debido a la arbitrariedad con que actúan quienes, en la ley, son los supuestos defensores de las víctimas.

Casos hay de sobra para ejemplificar por qué la PGJDF –junto con la SSPDF, que también tiene larga cola– es una de las dependencias menos confiables en la capital del país, de acuerdo con encuestas públicas y privadas.

El cruento asesinato de cinco personas en la Narvarte, que incluyó a la activista Nadia Vera Pérez y al fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, ambos autoexiliados en la Ciudad de México tras recibir amenazas y acoso del Gobierno de Veracruz, encabezado por el priista Javier Duarte de Ochoa, representa un reto mayúsculo para la Procuraduría que, si hay voluntad política y capacidad de investigación, podría volver este caso en un paradigma en un país inundado de impunidad por el poder político y las propias instituciones del Estado.

Rodolfo Ríos Garza y, por supuesto su Jefe, Miguel Ángel Mancera, tienen en sus manos un caso cuyos antecedentes apuntan hacia Veracruz y el Gobierno de Duarte de Ochoa, que es hoy por hoy el campeón en materia de asesinatos de periodistas, con 15 homicidios –todos ellos impunes– en lo que va de su sexenio, iniciado el 1 de diciembre de 2010.

Ayer, el Procurador del DF informó que hay una persona presentada ante el Ministerio Público por los asesinatos del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres. Ríos Garza reveló que la persona presentada ante las autoridades ministeriales tiene antecedentes por lesiones y violación, y que su huella dactilar fue encontrada en el departamento donde fue perpetrado el multihomicidio.

El avance es bueno a secas, pero en este caso no se le perdonará al Procurador ni al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que sólo detengan a los asesinos materiales o a incluso a chivos expiatorios; los intelectuales, los que pensaron y ordenaron esa horrorosa ejecución, también deben ser localizados y presentados –sean quien sea– ante las instancias de justicia para que reciban el castigo que la ley contempla.

De no hacerlo, la PGJDF, Ríos Garza, Mancera y todo el Gobierno de la capital del país quedarán tan dañados que su caída política será irreversible.

Redacción/SinEmbargo

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