Por: Matilde Pérez y Janet Oropeza*

En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, es importante señalar que, en México, se requieren más recursos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El derecho a la salud sexual y reproductiva (SSyR) se refiere a poder disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, gozar de la libertad para decidir si se quiere procrear o no y cuándo. Incluye poder elegir un método anticonceptivo seguro, eficaz, aceptable y asequible; así como disponer de servicios accesibles de planificación familiar y salud materna que permitan partos seguros y garanticen nacimientos de hijos e hijas sanas (UNFPA, 2021).

En México, si bien ha habido avances tanto normativos, como en la política pública de salud sexual y reproductiva de las mujeres, persisten barreras para su pleno ejercicio. Por ejemplo, en nueve estados ya existen leyes que despenalizan el aborto, sin embargo, en muchas entidades aún no hay suficientes unidades de salud, personal o medicamentos que realicen abortos seguros. Además, persisten altos niveles de violencia física y sexual o de violencia obstétrica contra las mujeres. De acuerdo con la ENDIREH 2021, siete de cada 10 mujeres de 15 años y más había sufrido al menos un acto de violencia en alguna de sus formas: 49.7 por ciento había sufrido violencia sexual, 51 por ciento violencia psicológica, y 34.7 por ciento violencia física. Además 31.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea, sufrieron algún tipo de maltrato en su atención (INEGI, 2021).

Por su parte, la Razón de Muerte Materna (RMM) nacional por cada 100 mil nacimientos fue de 30.6 en 2018 y en algunas entidades federativas fue de 50, esta cifra está muy lejos del compromiso internacional de reducirla a una RMM menor a 16 para el 2030. Otra barrera se refiere al acceso a métodos de planificación familiar adecuados y culturalmente apropiados, lo que es fundamental para prevenir embarazos no deseados y disminuir los altos índices de embarazo adolescente: en 2018, la demanda no satisfecha de métodos anticonceptivos fue de 11 por ciento en mujeres de 15-49 años y la tasa de fecundidad entre adolescentes de 12 a 14 años aumentó en el periodo 2003-2018 (CONAPO, 2020 y 2022).

Otro desafío importante es que el sistema de salud pública en México está fragmentado en varios subsistemas con coberturas de atención diferentes. Para las mujeres sin seguridad social, que son las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, existe una política de SSyR que está bajo la rectoría del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), un órgano de la Secretaría de Salud (SSA). Dicha política se aterriza a través de Programas de Acción Específicos (PAEs), que se implementan concurrentemente entre la federación y los estados para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El gobierno actual implementó cambios importantes al fusionar algunos de estos PAEs para dar una atención más integral e interseccional a las mujeres en los distintos componentes de la SSyR, incluyendo el embarazo, parto, puerperio, planificación familiar y anticoncepción, prevención y atención de la violencia familiar, aborto seguro entre otros.

Ante el contexto complejo que enfrentan las mujeres, otro desafío crítico se refiere a los pocos recursos que se asignan para instrumentar la política pública de SSyR. De hecho, en últimos años estos han disminuido, afectando con ellos los derechos de las mujeres.

La asignación presupuestaria es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados que cada año aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinando una cantidad específica de recursos para la implementación de acciones encaminadas al cumplimiento de derechos. Sin embargo, existe un grave problema de control, ya que el Ejecutivo en nuestro país puede disminuir o recortar, en el transcurso del año, los recursos que el Legislativo había aprobado para programas e instancias, sin tener que justificar ni explicar estos recortes.

El Programa Presupuestario Pp020 Salud Materna Sexual y Reproductiva, que financia dicha política, ha presentado recortes sistemáticos. Tan sólo en 2021 sufrió un recorte de 23 por ciento de sus recursos aprobados en el PEF de ese año. En total, entre 2018 y 2022, los recortes agregados representaron el 26 por ciento. Además, el P020 sufrió otros recortes entre 2018 y 2021 por adecuaciones presupuestarias que representaron dos mil 864 mdp. Los recortes son preocupantes, se traducen en menos recursos para la SSyR de las mujeres y muestran un grave problema de control.

El presupuesto del CNEGSR, la entidad rectora de la política pública de SSyR, también ha sufrido recortes. Entre 2018 y 2019 se redujeron en 27 por ciento al pasar de dos mil 587 mdp en 2018 a mil 891 en 2022.

Por ello, en el marco del día mundial de la salud sexual, exigimos al Estado mexicano que cumpla sus compromisos internacionales en la materia, destinando los recursos suficientes y evitando recortes:
1) El Poder Legislativo debe asegurar en el próximo Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF 2023), que se publicará el 08 de septiembre, la progresividad de los recursos etiquetados para el Pp P020, de tal manera que por lo menos se recuperen las cifras de 2020, año en que fueron mayores. De igual forma, le pedimos que haga uso de sus facultades de control y rendición de cuentas para evitar que el Ejecutivo recorte los presupuestos.
2) El Poder Ejecutivo debe cesar los recortes a los presupuestos aprobados, ya que éstos son regresivos e impactan los derechos de las mujeres.

Los recortes sistemáticos a los presupuestos destinados a la salud sexual y reproductiva seguirán tendiendo efectos negativos en los derechos de las mujeres.

* Matilde y Janet son investigadoras en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y forman parte del grupo de trabajo de género de @FundarMexico.

Fundar

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