Durante diez días, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas se reunió con funcionarios del Gobierno, con representantes de empresas como Grupo Bal, Grupo Bimbo, Eólica del Sur, CEMEX, Grupo México, Goldcorp, Transcanada y con afectados de comunidades en la Ciudad de México, y los estados de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora. En un informe preliminar reportó la ausencia de un marco de política “coherente” para que el gobierno y las empresas garanticen el respeto a los derechos humanos de esas comunidades. También reportó la inadecuada implementación de las leyes y reglamentos. Pidió tener en cuenta que no todos los proyectos de inversión pueden considerarse viables y, agregó, se deben aplicar mecanismos efectivos de consulta con todos los actores, además de restablecer la confianza en el sistema jurídico ante las agresiones contra defensores.
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– Cuando empresas violan los derechos humanos de las comunidades durante la implementación de sus proyectos, el gobierno y las empresas no atienden las quejas fácilmente y el acceso a la reparación es difícil para las víctimas, concluyó el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.
Durante su visita de diez días al país, observó que las firmas nacionales e internacionales que operan en México tienden a cargar más la responsabilidad al gobierno, aunque la obligación de garantizar los derechos humanos es compartida.
“Todas las empresas (incluyendo Pemex y la CFE) tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, independientemente de la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Aunque el gobierno debe liderar con el ejemplo. Las empresas deben hacer mucho más para mantener los estándares de derechos humanos y evitar que busquen beneficiarse de la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia y rendición de cuentas”, determinó en su informe.
El Grupo se reunió con funcionarios del Gobierno, con representantes de empresas como Grupo Bal, Grupo Bimbo, Eólica del Sur, CEMEX, Grupo México, Goldcorp, Transcanada y con afectados de comunidades en la Ciudad de México, y los estados de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora.
Las empresas grandes hacen reportes anuales de sostenibilidad, pero en esta visita “no vimos ejemplos de esos informes”, determinó.
El objetivo fue identificar iniciativas, oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en México.
De acuerdo con el coordinador del área de justicia trasnacional de ProDESC, Juan Antonio López, el principio rector de la “debida diligencia” obliga a las empresas a verificar que se estén respetando los derechos humanos de las comunidades donde se llevan a cabo sus proyectos, principalmente de los sectores de minería, energía, construcción y turismo.
A su vez, el Gobierno debe garantizar el respeto de los derechos humanos de las comunidades y propietarios de la tierra, y verificar que las empresas estén cumpliendo con este principio de diligencia.
En conclusión, el Grupo detectó la ausencia de un marco de política coherente para la debida diligencia y la inadecuada implementación de las leyes y reglamentos; pidió tener en cuenta que no todos los proyectos de inversión pueden considerarse viables; se debe atender la necesidad de diseñar e implementar mecanismos efectivos de consulta con todos los actores, y restablecer la confianza en el sistema jurídico ante las agresiones contra defensores de derechos humanos.
Ante ello, determinó, se requiere de mayores esfuerzos para cambiar políticas, prácticas, pero también mentalidades para fomentar una cultura de transparencia, integridad, comportamiento ético y valores democráticos.
FORTALECER LA CONSULTA PREVIA
La consulta adecuada con las comunidades afectadas por las actividades empresariales es de gran importancia para identificar pronto las preocupaciones y quejas. Sin embargo, varias de las empresas con las que el Grupo de Trabajo dialogó subrayaron que eso es competencia de las autoridades federales y por lo tanto no es su responsabilidad.
No obstante, dijo el Grupo, las empresas tienen l obligación de evitar causar o provocar impactos adversos para los derechos humanos a través de sus actividades, independientemente de la capacidad o voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.
La consulta debe ser previa, libre e informada de acuerdo con los estándares internacionales.
AGRESIONES CONTRA DEFENSORES
Entre 2010 y 2014, se han reportado un total de 615 casos de violaciones a derechos humanos cometidas contra defensores de derechos humanos, incluyendo 36 asesinatos. Con demasiada frecuencia los casos permanecen impunes, sin sanciones ni investigaciones efectivas.
El grupo de trabajo escuchó testimonios de personas defensoras de derechos humanos quienes expresaron que continúan recibiendo ataques, amenazas, diversas formas de acoso y agresiones en su contra como resultado de su labor de proteger y promover los derechos humanos.
Ante ello, periodistas y personas defensoras de derechos humanos deben ser mejor protegidas para que puedan llevar a cabo su papel crucial.
EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
Las autoridades tienen una capacidad limitada para realizar inspecciones de control de la contaminación ambiental producida por las empresas.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) debe supervisar 200 mil empresas potencialmente contaminantes, pero sólo tiene 300 inspectores.
