La desaceleración económica es un hecho; México tiene hoy el doble de personas desempleadas que a inicios de 2020. Las cifras oficiales indican que marzo fue el punto de quiebre y que hasta el mes de abril, dos de cada 10 personas en edad para trabajar no tuvieron acceso a un empleo.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- En enero de este año hubo casos sospechosos, pero ninguno confirmado de coronavirus. En febrero llegaron a confirmarse cuatro contagios y entró en vigor la Fase 1 de Emergencia Sanitaria en todo el país. En este periodo de dos meses, en México fueron generados 192 mil 94 empleos, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para marzo y abril, la situación cambió de tono. La transmisión local del virus conllevó la declaración de las Fases 2 y 3; la sociedad se desmovilizó y 12 millones de empleados entraron en un “estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena”, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Fueron dos meses en que además, el IMSS reportó la pérdida de 685 mil 840 empleos formales.

Las cifras del mes pasado aún no están disponibles. Pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró el 2 de junio que “vamos a perder en mayo menos de 350 mil empleos”, por lo que si bien nos va, el país “no va a superar el millón de empleos perdidos por la pandemia”.

La crisis no es menor, sobre todo si consideramos la cantidad de gente que de un día para otro, perdió la fuente de su ingreso.

DESEMPLEO-CDMX

La Ciudad de México se perfila de cara a la “nueva normalidad” con una pérdida de 117 mil 307 empleos entre febrero y abril de 2020, de acuerdo con el IMSS. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.

Antes del aluvión de casos de coronavirus, entre enero y febrero de 2020, México generó 3 mil 202 puestos formales de trabajo diarios. En cambio en los últimos tres meses, el país perdió cerca de 11 mil 509 empleos por día, de acuerdo con los datos del IMSS y de AMLO.

Los sectores productivos más afectados fueron el de la construcción, las manufacturas y la industria extractiva (minerales, gas y petróleo).

“Durante el confinamiento [de abril], la participación de la ocupación en el comercio y los servicios aumentó 0.5 puntos porcentuales respecto al mes anterior [mayo], mientras que la del sector secundario disminuyó (-)1.4 puntos porcentuales en igual periodo. El sector secundario incluye las actividades extractivas, de construcción y manufacturas”, se lee en la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) del Inegi.

La pérdida de empleos, además de la repercusión económica, aviva desigualdades sociales.

De acuerdo con las cifras del Inegi, la disminución de empleos acarreó una reconfiguración de la fuerza de trabajo. Mientras que el número de empleadores y de asalariados cayó 10.1 y 2.2 por ciento entre marzo y abril de este año, la cantidad de trabajadores por cuenta propia y aquellos sin remuneración aumentó 5.1 y 12.9 por ciento, respectivamente.

Aunque la tasa de desocupación laboral entre hombres (3.5 por ciento) y mujeres (3.4 por ciento) es similar, para instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, la COVID-19 “ha exacerbado los problemas que las mujeres enfrentan habitualmente. Ha aumentado la carga de trabajo no remunerado de la mujer por prestación de cuidados; ha vuelto a poner de manifiesto la trágica realidad de la violencia y el acceso en todos los lugares; [y] ha demostrado que sigue existiendo desigualdad de género”.

La crisis económica en el último trimestre también implicó una redistribución del nivel de ingresos de las y los mexicanos.

Entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, hubo un aumento (13 por ciento) de empleos relacionados con ingresos de hasta dos salarios mínimos (7 mil 400 pesos mensuales). Aquellos por encima de este nivel salarial cayeron, en cambio, entre 14.3 y 25.3 por ciento.

Lo anterior supone que además del riesgo de pérdida de empleos, la mano de obra mexicana enfrenta una devaluación de su poder adquisitivo, que si bien ya tenía una tendencia a la baja, ésta se vio agravada con la pandemia de coronavirus.

Para la organización Frente a la Pobreza, el resultado de la ETOE del Inegi “confirma los peores pronósticos de empobrecimiento derivados de las crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. El crecimiento del desempleo y la reducción de ingresos de quienes conservan [su] trabajo agravan la ya de por sí precaria condición del sistema laboral de nuestro país”.

En la opinión del coordinador del Frente, Rogelio Gómez Hermosillo, “se confirman y se rebasan los pronósticos más graves. Se muestra el rostro perverso de un sistema laboral donde la mitad de los empleos carecían de contratación estable, el 87 por ciento no tenía mecanismos de defensa y negociación colectiva y más de la mitad trabajaban en la precariedad y la informalidad”.

Gómez Hermosillo también dijo que “lo más preocupante es que desde el gobierno no hay medidas para transformar el sistema laboral. Los cambios estructurales para superar los modelos abusivos basados en contratos temporales, en evasión de pagos a la seguridad social, en bajos salarios siguen pendientes, porque no hay programa social que sustituya al trabajo como puerta para salir de la pobreza.”

DESEMPLEO Y COVID-19

Por lo general, cuando hablamos de desempleo pensamos en la desocupación abierta, que es el la población económicamente activa (PEA) “que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo”. Sin embargo y de acuerdo con el Inegi, existe otra forma de medir la desocupación poblacional, agregando a la PEA sin trabajo, la proporción de la población no económicamente activa (PNEA) “que está disponible para el trabajo aunque haya abandonado la búsqueda del mismo”, ya sea porque no lo consiguió, o porque considera que no tiene posibilidades de obtenerlo. A este indicador se le conoce como tasa de desocupación alternativa.

Entre enero de 2019 y marzo de 2020, la tasa media de desocupación alternativa fue equiparable al 8.2 por ciento de las personas disponibles para trabajar de 15 y más años. Un promedio de 7.7 millones de personas sin acceso a un puesto de trabajo en el último año.

Dada la pandemia de COVID-19 y las políticas de suspensión de actividades económicas no esenciales, además de la gente que perdió su empleo, hubo 12 millones de personas cuya actividad laboral quedó suspendida hasta nuevo aviso. Para el Inegi, esta gente se sumó a la población disponible para trabajar y en consecuencia, la tasa de desocupación alternativa proyectada para abril fue 161.7 por ciento superior a la del primer trimestre de este año.

De acuerdo con un cálculo de la Unidad de Datos de SinEmbargo basado en los resultados de la ETOE 2020, la tasa de desocupación alternativa es de 21.1 por ciento de la población disponible para trabajar; es decir, al menos 20 millones 257 mil 811 personas sin acceso a un empleo.

Entre los estados con mayor índice de desocupación alternativa están Sinaloa, Nayarit, Durango, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato y Puebla. Éstas siete entidades federativas también concentraron el 34 por ciento de los empleos perdidos a nivel nacional entre febrero y abril de 2020; una crisis laboral equiparable a 3 mil 888 trabajos perdidos por día en promedio, en estas regiones del país.

“Los resultados más importantes de la ETOE ocurridos en abril de 2020, con respecto a la referencia de marzo, fueron las disminuciones en la participación laboral y en la población ocupada, así como el incremento en la subocupación laboral. Por otra parte, la desocupación abierta registró un incremento de menor escala porque supone una búsqueda activa de empleo de las personas sin trabajo en un contexto que no se presta para ello; mientras que la tasa de informalidad laboral disminuyó por la salida de la fuerza laboral de una porción importante de quienes se dedican a esas actividades”, refiere el Inegi.

Sobre estos dos últimos puntos, la población subocupada y en condiciones de informalidad laboral, las cifras del Instituto indican variaciones de 115.7 y -14.4 por ciento, respectivamente, entre marzo y abril de 2020.

Ello implica que en el transcurso de un mes hubo 5.9 millones de personas ocupadas adicionales a las que ya había (5.1 millones), que reportaron la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite.

En el caso de la población informal, fue reportada una reducción de 10.3 millones de personas, habiendo un total aproximado de 21 millones 673 mil 447 trabajadores en situación de informalidad laboral a nivel nacional, equiparable al 47.7 por ciento de la PEA ocupada.

Los datos de subocupación e informalidad laboral refieren dos situaciones en México. Por un lado, que una cuarta parte (25.4 por ciento) de la fuerza de trabajo no labora jornadas completas y no produce lo suficiente para tener un ingreso adecuado; y por otro lado, que la mitad de la fuerza de trabajo que es informal, está desamparada frente a una crisis como la actual, por no contar con el respaldo de una institución que le brinde beneficios de seguridad social, o bien, beneficios laborales (como la liquidación y la garantía de una fuente de ingreso fijo).

Ante un entorno económico en que está prevista la caída del Producto Interno Bruto (PIB), un mayor endeudamiento y un creciente déficit presupuestario en México, además de mayores niveles de desempleo y una contracción del ahorro corriente del Gobierno federal, el sector privado ha urgido un plan para reactivar la economía y evitar la quiebra de empresas y bolsillos.

Como parte de las medidas, hace poco más de un mes el Banco de México (Banxico) redujo la tasa de interés al 6 por ciento (para incentivar créditos) e inyectó 750 mil millones de pesos para engrasar el engranaje financiero y dotar de mayor liquidez a los agentes económicos.

De acuerdo con el subgobernador del Banxico Jonathan Heath,  además de una caída del PIB igual o superior a las de las crisis de 1994-1995 y 2008-2009, México corre con el peligro de tener una tasa de desempleo de entre 7.9 y 10.7 por ciento de la PEA, que es superior a la que el Inegi registró en abril de este año (3.5 por ciento).

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un acuerdo entre instituciones privadas (CNBV, Fonacot, Fovissste e Infonavit) para que personas físicas y morales del sector privado puedan reestructurar el pago de sus deudas, de modo que el país frene el cierre de negocios y la pérdida de empleos.

Por su parte y a pesar de querer evitar un mayor endeudamiento nacional, el Ejecutivo federal ha optado por emitir bonos (deuda) por 6 mil millones de dólares para ayudar a “consolidar el conjunto de fuentes de financiamiento del Gobierno de México, así como garantizar los recursos para enfrentar la crisis derivada del COVID-19, operar los programas y atender cualquier adversidad futura”, además de mantener subsidios y anunciar 3 millones de créditos a la palabra para ayudar a pequeños negocios con 25 mil pesos.

Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha reconocido que algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo son positivas, como en el caso de los apoyos a grupos poblacionales vulnerables, también ha referido que el Gobierno federal no debe de olvidar impulsar con mayor ahínco a la PEA de México, que asimismo sufrirá de reducciones salariales por la crisis de COVID-19.

Para la titular del organismo internacional, Alicia Bárcena Ibarra, el sector público será “lo que nos va a sacar adelante”, ya que será necesario que el Estado apuntale el ingreso de las personas y facilite la producción a través de acciones gubernamentales de la mano con el sector privado, pero con miras a trabajar con otros países, en lugar de seguir la tendencia de regionalización (o proteccionismo) de la economía que se observa a nivel mundial.

“La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el último siglo y que evoluciona continuamente. […] El Estado debe asumir actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda. Esto requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las capacidades productivas de cada país, buscando preservar las capacidades acumuladas”, indica uno de los últimos informes de la Cepal.