Yanely Fuentes Morales es una periodista de Guerrero, víctima de desplazamiento forzado desde julio de 2019 y beneficiaria de medidas de seguridad otorgadas por el Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El pasado 30 de agosto, recibió mensaje vía WhatsApp de un empleado de RCU Sistemas, empresa arrendadora de los servicios de protección que otorga el Mecanismo, en el que le informaron que debía entregar su refugio al día siguiente.

Durante su labor en el Diario Alternativo (2016) Yanely evidenció denuncias de detenciones arbitrarias y violencia física y posibles robos realizados por la policía comunitaria. Fue desde entonces que comenzó a ser víctima de amenazas e intimidaciones por parte de la UPOEG y la CRAC.

El Mecanismo justifica el retiro de la medida de protección alegando que desde el 14 de septiembre de 2022, un ex director de área le había dicho que “tras una evaluación interna” se había decidido un posible retorno a Guerrero. En aquel momento el anuncio se hizo tras varias mesas de trabajo frustradas con autoridades municipales Marquelia, Copala y San Luis Acatlán, en donde se pretendía analizar su retorno seguro. Las autoridades no acudieron en varias ocasiones, tras lo cual se dio el fatídico anuncio de regresar a Yanely. Es decir, la negligencia de las autoridades se la cargaron a ella.

Para darle “formalidad” a esta arbitrariedad, le notificaron en febrero pasado que el 31 de julio se le acabaría el refugio. Sin una justificación legal y técnica, y mucho menos con un plan de retorno, Yanely sería dejada a su suerte. Al respecto, la periodista dice angustiada: “solo quiero que mi vida siga con la seguridad de que puedo volver con dignidad a casa […] El desplazamiento solo fue la pausa a la muerte, una pausa que ya no vale si emocionalmente me acabaron. Sin plan de retorno mi regreso estará vacío y solo será la continuidad de aquello por lo que tuve que huir”.

El retiro de refugio a Yanely por parte del Mecanismo, se da en un contexto de diversas irregularidades públicamente denunciadas. El último escándalo fue consignado por Proceso, medio que hizo visible la denuncia de abusos laborales y acoso sexual que presentó una analista del Mecanismo, Lucero Muñoz García. Su caso es en realidad la punta del iceberg de un cúmulo de quejas laborales sin atender.

Proceso tuvo acceso a diversas denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación y directamente a la Secretaría de la Función Pública desde octubre de 2022. También recabó testimonios de trabajadores del Mecanismo que solicitaron mantener su identidad en anonimato “ante el clima hostil que prevalece en la Unidad de Derechos Humanos, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración a cargo de Alejandro Encinas”.

En ese contexto se da cuenta del caso de Lucero Muñoz, funcionaria integrante de la llamada Unidad de Evaluación de Riesgos quien acusa a sus superiores jerárquicos de “hostigamiento, acoso laboral, sexual y discriminación”. A esta denuncia, grave de por sí, se suma el señalamiento de haber recibido indicaciones de retirar medidas aunque los análisis de riesgo indicaran lo contrario.

Dicha tendencia a cerrar casos fue confirmado por Lucía Lagunes, integrante del Consejo Consultivo y directora del Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC). Pero además señala que hay un completo alienamiento de las autoridades que conforman la Junta de Gobierno (la propia SEGOB, CNDH, FGR, Guardia Nacional y SRE) para validar el cierre de casos y el retiro de medidas.

Casos como el de Yanely Fuentes se repiten tal como señala Proceso y las propias organizaciones sociales hemos documentado. En junio le retiraron medidas a la defensora Martha Solórzano, quien ha sido amenazada y torturada por policías municipales de San Luis Río Colorado y de Seguridad Pública de Sonora. También está el caso de Gloria Ruiz García, periodista coahuilense que contaba con medidas desde 2016, que ha sido agredida de forma recurrente, pero a quien hace un mes se decidió retirarle las medidas, negando las agresiones recientes sufridas y revictimizándola afirmando que esta confundida emocionalmente.

Ante esta situación diversas organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en el Espacio OSC, coincidieron en condenar el  recurrente retiro injustificado de medidas de protección y las denuncias de acoso y hostigamiento realizadas por la ex analista Lucero Muñoz. Las mismas organizaciones destacan avances como la mayor contratación de personal y la creación Grupo de Trabajo para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Oficina de la ONU-DH en México encaminadas fortalecer al Mecanismo.

Sin embargo ¿hasta qué punto  los retrocesos nublan esos avances? Si el objetivo primordial del Mecanismo es brindar medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, poco servirá la creación de Grupos de Trabajo para mejorar un Mecanismo que no quiere proteger más. Más contradictorio es la contratación de nuevo personal para integrarse a un ambiente laboral donde -al parecer- prevalece el acoso.

Sin duda las más de 2000 personas beneficiarias por dicha instancia no pueden quedarse eternamiente bajo su resguardo. Pero endosarle a las propias víctimas las falencias institucionales y la violencia criminal y de Estado que les orillan a pedir protección es un despropósito.

El Mecanismo, por sí solo, no resolverá la situación de violencia, pero es un eje articulador que puede abonar a ello. Sin embargo a 11 años de su creación, esa Junta de Gobierno donde convergen autoridades de seguridad, justicia, derechos humanos, política interior y exterior, han fracasado en construir una estrategia integral en forma de política pública y de seguimiento puntual a casos. Hoy no hacen más que levantar la mano al son que la SEGOB les toca, y ese triste son es el de quitar medidas de protección sin justificación.

La protección eficaz de periodistas y defensorxs debe acompañarse de investigaciones diligentes para dar con quienes les agreden, a la par de implementar medidas de reparación integral. La protección y seguridad sin justicia, verdad y reparación, o viceversa, solamente perpetuará las condiciones de zozobra a las que -desafortunadamente- se suman día con día más personas violentadas por defender derechos humanos o informar a la sociedad.

Finalmente el actuar del Mecanismo terminó siendo un reflejo de la mirada que este gobierno tiene de quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos: la de enemigos políticos.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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