El Juez estatal señaló que no es viable dar a la medida cautelar el alcance pretendido por el exgobernador, pues se encuentra sujeto a un proceso penal ante una autoridad judicial distinta.
Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- En diciembre del año pasado, un Juez federal concedió a Roberto Borge Angulo, quien fue Gobernador de Quintana Roo del 2011 al 2016 y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la prisión domiciliaria en un proceso por lavado de dinero.
Sólo faltaba que se autorizara el cambio en la prisión preventiva oficiosa en su otro proceso por delincuencia organizada para que el exgobernador pudiera seguir su confinamiento en un domicilio particular; sin embargo, esto no ocurrió.
Este lunes, el Juez Alfonso Alexander López Moreno negó la concesión que lograría que se modificara la prisión preventiva que se le impuso y ordenaría su inmediata libertad.
De acuerdo con los reportes, el impartidor de justicia basó su decisión en el argumento de que al momento de interponer el juicio de amparo a finales del año pasado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Toluca, Borge Angulo ya se encontraba detenido por orden de la autoridad competente.
Por lo tanto, el Juez señaló que no es viable dar a la medida cautelar el alcance pretendido por el exgobernador, pues se encuentra sujeto a un proceso penal ante una autoridad judicial distinta.
López Moreno concedió la suspensión definitiva para que la libertad personal del exgobernador quede a disposición del Juez de la causa penal para que continúe el proceso.
El exgobernador de Quintana Roo enfrenta dos procesos vigentes en la justicia local de la entidad, uno es por peculado porque se presume que desvió 594 millones de pesos y la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V”, durante el periodo de 2011 a 2013.
El otro es por el delito de aprovechamiento ilícito del poder -donde ya también concluyó la etapa de investigación complementaria-, relacionado con el pago irregular de 594 millones de pesos a la empresa paraestatal VIP Servicios Ejecutivos S.A. de C.V.
Por otra parte, Roberto Borge Angulo fue vinculado a proceso, el 16 de marzo de 2023, por un Juez federal, por el delito de delincuencia organizada. El 13 de diciembre de 2022, Borge Angulo obtuvo un amparo contra el proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública.
Antes, el 13 de noviembre de 2019, el exmandatario de Quintana Roo fue vinculado a proceso por presunto desempeño irregular de la función pública. Un Juez de control le atribuyó la entrega indebida de cinco concesiones de transporte de carros de golf en Isla Mujeres.
En abril de 2019, un total de 22 inmuebles a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Borge Angulo, fueron embargados. Un Juez de control de Quintana Roo ordenó al Registro Público de la Propiedad la incautación de las propiedades. Dos de los predios estaban ubicados en Cancún y Playa del Carmen, mientras que otros 20 se encontraban en Cozumel.
El 19 de mayo de 2019, el político quintanarroense también quedó vinculado a proceso por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, en perjuicio de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP-Saesa), por 590 millones de pesos, por subcontratación simulada a empresas de transporte aéreo (aviones y helicópteros).
El 5 de enero de 2019, Borge Angulo fue vinculado a proceso por el presunto lavado de 900 millones de pesos, que fueron presuntamente desviados del erario público de Quintana Roo. Al exgobernador se le acusaba de rematar 22 predios que formaban parte de una reserva natural, con precios por debajo de las valuaciones a familiares y amigos.
Según las autoridades federales, los terrenos fueron adquiridos por 238 millones 790 mil 121.98 pesos, sin embargo, el precio real era de mil 138 millones 889 mil 540 pesos. Los 900 millones 99 mil 418 pesos de diferencia fue señalada como quebranto al patrimonio de la entidad.
Por medio de una red conformada por familiares y amigos del entonces Gobernador, se conformaron empresas fantasma para la compra de los bienes y su posterior venta en un precio mucho más elevado, lo que ocasionó un quebranto de 900 millones 99 mil 418.17 pesos.
El Ministerio Público de la Federación señaló que de abril de 2011 a septiembre de 2016, Borge se valió de un plan que diseñó incluso antes de su llegada a la gubernatura. La red de corrupción se concretó a través de empresas fantasmas, como Estemar del Caribe, Ruta Náutica, Caracol 65, Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, y Siyenat del Caribe, que adquirieron al menos 24 predios ubicados en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, y Othón P. Blanco.
-Con información de Zeta
