El Colectivo “Justicia y Esperanza: México” exigió transparencia en el ejercicio de los recursos y de la información recabada por la CEAV así como que se “abran las carpetas de investigación penal por los delitos o faltas administrativas que pudieran surgir de las exigencias planteadas”.

“Ninguna medida por parte de las autoridades puede disminuir los derechos con los que ya cuentan las víctimas. No permitiremos un retroceso”, aseguraron.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- El colectivo “Justicia y Esperanza: México” denunció que el recorte presupuestal que el procedimiento de austeridad del Gobierno federal dejó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) impactará los derechos de las personas violentadas en sus derechos humanos; sin embargo reconoció los errores “burocráticos” que han impedido la ejecución de su labor y demandó transparencia en los recursos y procedimientos de la comisión.

“La austeridad republicana y a falsedad de la prioridad al respeto de los derechos humanos” en el que denunciaron la crisis de la CEAV por la reducción presupuestaria y con ello el ejercicio de violencia a las personas sujetas de derechos.

“Justicia y Esperanza: México” recordó que el recorte presupuestal, del 75 por ciento del total, de la CEAV se afectará “impunemente el derecho de las personas desaparecidas y sus familias de ser acompañadas y asesoradas de manera integral”.

Para la agrupación la crisis de la CEAV no se debe sólo a la actual administración sino que es consecuencia del abandono de las gestiones anteriores, afirmó el colectivo. La falta de seguimiento puntual, de rendición de cuentas, dijeron es responsabilidad del Gobierno federal, incluyendo al Presidente de México y las Secretarías de estado correspondientes. A estos personajes les demandaron recursos idóneos para su funcionamiento.

La CEAV se constituyó después de la publicación de la Ley General de Atención a Víctimas, el 9 de enero del 2013. El colectivo calificó la creación del organismo y la creación de la norma como un “logro de las víctimas y sus familias que sufrieron los estragos y consecuencias de la violencia en México”.

Con la CEAV se hicieron exigibles “los derechos de personas, comunidades y pueblos azotados por la guerra declarada contra la delincuencia organizada y cuyas principales víctimas es la sociedad civil”.

“Enfrentamos hoy la indignante realidad de más de 61 mil personas desaparecidas, más de 30 mil cuerpos sin identificar y cientos de miles de fragmentos, fosas clandestinas y lugares de exterminio, miles de mexicanos, mexicanas y personas migrantes en estas cifras, y sin posibilidad de atender esta grave tragedia”, denunció la agrupación en un comunicado.

De acuerdo con la Ley, su objetivo fue reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, “en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano”.

PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA

El colectivo de grupos en defensa de derechos humanos denunció que desde 2013, la CEAV se caracterizó por estar inmersa en la burocracia, “por la ausencia de trato digno para las víctimas y por implementar prácticas que corrompieron el espíritu de la misma Ley y los tres pilares principales con los que fue creado dicho organismo para cumplir sus objetivos”

La asesoría jurídica, para garantizar el acceso a la verdad y la justicia; la creación de un fondo de reparación del daño; además del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), no lograron cumplirse en su totalidad, alertaron.

“Hasta la fecha, ingresar al Registro Nacional de Víctimas, está condicionado a recibir previamente la ‘calidad de víctima’ por parte de un ministerio público situación que se ha vuelto para las víctimas y sus familias un viacrucis, haciendo casi imposible o muy prolongado en el tiempo, el poder obtener medidas de asistencia para que puedan llevar a cabo acciones de búsqueda y de acceso a la justicia, resaltando que en casos de población migrante, por sus condiciones mismas, las complicaciones son mayores”, aseguró el grupo.

Recordaron que durante las visitas de seguimiento en Guatemala, Honduras y El Salvador “donde su personal hace promesas, como de que les llegarán las medidas de apoyo para vivienda y alimentación, pero luego no vuelven a saber nada de ellos”. Por ello, las familias de las víctimas enfrentan una política de discriminación, no se inscribieron en el RENAVI y no han recibido ninguna de las ayudas.

ENFRENTAN INCERTIDUMBRE

Con base en los comunicados del 2 de junio de la Seretaría de Gobernación y la CEAV, platearon que la postura política demostró una falta de respeto a las personas sujetas de derechos.

“Manejando discursos ambivalentes, distractores que evaden las causas de fondo y la responsabilidad de la crisis de esta institución y otros órganos desconcentrados y descentralizados”, aseguró Justicia y Esperanza.

El Decreto presidencial del 23 de abril sobre la austeridad republicana arriesga el RENAVI pues no cuenta un servidor propio que respalde la información de las víctimas. Además, tampoco cuenta con personal para operarlo. “Es irresponsable y sumamente preocupante que ocurra esto, pese a que la CEAV tiene personalidad jurídica para contar con patrimonio propio”, afirmó.

Sin embargo, destacaron que la crisis actual puede ser una oportunidad para refundar y rescatar el espíritu del Sistema Nacional de Víctimas para que las familias puedan “buscar la verdad, alcanzar la justicia y la recibir una reparación del daño” transformadora, integral, plena y diferenciada.

Denunciaron que el plantón que mantienen las víctimas y familiares frente a Palacio Nacional no ha sido atendido y han recibido un trato de indiferencia.

Exigieron que la Secretaría de Hacienda y la CEAV hagan públicos los documentos que solicitaron la reducción del 75 por ciento de sus recursos. También los nombres de las empresas contratadas por la CEAV de muebles e inmuebles, las empresas outosurcing y los costos que han generado estos servicios desde sus inicios.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitan analizar el decreto del 23 de abril del 2020 y que tome acción.

“Exigimos se abran las carpetas de investigación penal por los delitos o faltas administrativas que pudieran surgir de las exigencias planteadas anteriormente en este documento”.

Para las víctimas que se definan las acciones que seguirán, así como las personas migrantes, y la elaboración de un plan conjunto con la sociedad civil.

Exigieron también que se rinda un informe público de los apoyos otorgados a las víctimas y sus familias y se regularicen los apoyos que están pendientes con las familias que ya cuentan con RENAVI. Que se cree un mecanismo más accesible para la obtención del RENAVI para garantizar los derechos de la Ley General de Víctimas. Que se garantice el manejo efectivo y diligente de la información que ya se ha documentado y que se abra una investigación y se emitan responsabilidades administrativas y/o penales a quienes hayan cometido alguna falta con el manejo de dicha información.

Finalmente, que se termine con las acciones burocráticas y confusas que entorpecen el trabajo y afectan de manera directa a las las víctimas y a sus familias.

“Ninguna medida por parte de las autoridades puede disminuir los derechos con los que ya cuentan las víctimas. No permitiremos un retroceso. Analizaremos las vías legales y en su caso procederemos con las mismas para la defensa de la institución que tanto nos ha costado crear para que resurja un modelo de atención y restitución de derechos, teniendo como eje principal a las víctimas y sus familias”, puntualizaron.

El Colectivo “Justicia y Esperanza: México” firmó el documento. En el participaron “Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos” del estado de Nuevo León y Coahuila, la “Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala”, el “Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras”, el “Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras”, el “Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador”, la “Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho” y el “El CDDH Fray Juan de Larios”.