El debate alrededor de la prisión preventiva oficiosa se ha detonado en un momento político complicado. La estrategia de seguridad pública del Presidente se encuentra en entredicho, particularmente porque la violencia letal y las desapariciones se mantienen en niveles muy altos y la impunidad es prácticamente absoluta.

Aunque desde la tribuna de las conferencias matutinas se ha pretendido atacar la percepción de impunidad e inseguridad repitiendo slogans sobre la “mejora de la situación”, la realidad de millones de personas en este país contradice, todos los días y de forma dolorosa, los dichos oficiales. Ni siquiera las tan atesoradas encuestas de popularidad del Presidente le ceden un poquito de razón en su discurso sobre el estado de la seguridad y justicia en el país. Según la reciente encuesta de Buendía & Márquez, un 45 por ciento de las personas encuestadas cree que la estrategia de seguridad ha hecho al país menos seguro y 25 por ciento cree que no ha tenido efecto alguno.

Por lo anterior, el Gobierno apuesta a mostrar detenciones y personas encarceladas (aunque sea de manera preventiva) como un logro en el abatimiento de la impunidad. Véase la “sección” de “Impunidad Cero” en la “mañanera” como demostración de ello.

Pero ¿nos podemos decir sorprendidos por la postura del Jefe del Ejecutivo? La verdad es que no. Para argumentar ello basta remitirnos a la estrategia que aplicó en la capital del país como Jefe de Gobierno (2000-2006). 

Uno de los primeros actos -eficiente en su teatralidad mas no en sus resultados- fue la muy anunciada visita del exalcalde de Nueva York, y a la postre abogado y asesor de Donald Trump, el ultraconservador Rudolph Giuliani. La doctrina Giulani  de “Tolerancia Cero” fue presentada en aquel entonces como la panacea, pero los resultados fueron magros. Parece que el exalcalde de la Gran Manzana y asesor de seguridad de AMLO y Ebrard (era Secretario de Seguridad del DF), no presentó muy buenos resultados. 

Lo que sí dejo es la convicción de un punitivismo extremo y profundizó formas de abuso policial y de ministerios públicos que de hecho fueron ampliamente criticados en Nueva York. No es que el sistema de seguridad y justicia  en México fuera un prurito de garantismo, al contrario. Pero la palabra autorizada del “experto” en temas de seguridad refrendó un modelo autoritario y discriminatorio de persecución criminal en aras de un eficientismo violatorio de los derechos humanos. Y eso que todavía no comenzaban los niveles de violencia que se desataron con Calderón (2006-2012).

En esta tesitura, la segunda señal contraria a una agenda de justicia democrática y progresista fue el entonces Nuevo Código Penal del Distrito Federal (2002). De hecho, este instrumento legal fue aprobado días antes de la visita de Guliani. Quizás este ejemplo nos ayude a entender la postura de AMLO y su equipo. En aquel entonces, en el contexto del sistema penal tradicional, había un listado de delitos que no ameritaban libertad bajo caución. En el DF primaba la regla de negar libertad provisional para que aquellos delitos cuya término medio aritmético fuera de cinco años.

¿Cuál fue el resultado? Más punitivismo, pero no la disminución de inseguridad. Prácticamente todas las modalidades de robo se agravaron (en la calle, en transporte público, en contra transeúnte, con violencia física y moral, por una o más personas armadas o con “instrumentos peligrosos”, etc., etc.) para que fueran considerados delitos que no ameritaban libertad caucional. Es decir, prácticamente todas las formas de robo fueron consideradas graves y merecedoras de prisión preventiva oficiosa. 

El robo es un indicador muy claro del tipo de delitos proclives a la criminalización de la pobreza. De hecho, con el paso de los años se confirmó que esta idea del agravamiento de penas llenó las cárceles de personas en situación de precariedad económica, en el marco de un sistema de justicia corrupto al que solamente tienen acceso con plenos derechos personas con recursos.

El tercer y último punto fue el más grave. Incentivar la detención y consignación de personas mediante un sistema de cuotas, prohijando el uso de todas las facultades discrecionales del Ministerio Público y la entonces Policía Judicial para detener arbitrariamente y torturar personas.

El estudio “El Ministerio Público desde adentro” (CIDE, 2009) de Ana Laura Magaloni, hoy defenestrada por el oficialismo, es contundente diagnóstico del experimento securitario obradorista en la capital. La cito: “[s]egún señalaron los ministerios públicos entrevistados, durante la administración de López Obrador (2000-2006), en la Procuraduría del DF se estableció lo que se denominó ‘la cuota de consignación’. Esto es, los ministerios públicos tenían que consignar determinado número de asuntos al mes, de lo contrario se tenían  que  quedar trabajando doble turno. Al  mismo tiempo, la Secretaría de Seguridad Pública estableció un bono mensual a los policías preventivos que pusieran a disposición del MP determinado número de presuntos responsables capturados en flagrancia”. 

En relación con la centralidad de la persecución de delitos como el robo, Magaloni sentencia que se partió de una falsa premisa: quien roba paquete de galletas es potencialmente un delincuente profesional. Por eso la procuración de justicia capitalina, de 2000 a 2006, centró sus mayores esfuerzos en perseguir a este  tipo de “criminales en potencia”. Amén que esos procesos estaban (y están) infestados de irregularidades y violaciones a derechos humanos donde es afectada mucha gente inocente… y pobre.

Llenar las cárceles a como dé lugar, sin juicio previo, tiene un tufo profundamente clasista. Queda claro que para el proyecto político en el poder, hay una jerarquía de valores. Es más importante la disciplina social de la cual ni los más pobres se salvan. Sí, “primero los pobres”, pero los pobres “bien portados”. Porque tengamos claro que este sistema de prisión preventiva automática castiga la pobreza y no los actos criminales que son demostrados en el marco de un debido proceso. 

A la luz de la evidencia, Magaloni nos alertaba que el éxito de la estrategia obradorista en el DF se fincó en “detener,  acusar  y  procesar  robos  de  galletas  y  de  ositos  de  peluche”. Es decir, robos por montos menores. De hecho, en 2005, 40 por ciento de los sentenciados por este delito habían robado de uno a 500 pesos. 

Llenar las cárceles no precisamente por los crímenes más atroces, fue la apuesta del Jefe de Gobierno capitalino hace veinte años y es la del Presidente hoy día. Eso tiene un incentivo perverso para usar a la gente más vulnerable como “chivo expiatorio” por la incapacidad económica y social de defenderse; o bien, para castigar los delitos de menor impacto y naturaleza patrimonial escasa. Como sea, se persigue a los pobres y eso contradice una retórica que los pone en el centro.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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