La organización de derechos humanos, Artículo 19, que ha acompañado a Lydia Cacho, reconoció que se haya dictado auto de formal prisión al exgobernador Mario Marín, y pidió que se actúe contra otros personajes vinculados a la tortura a la periodista, como son el empresario Kamel Nacif y Hugo Karam, exdirector de la entonces Policía Judicial de Puebla.
Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– Artículo 19 celebró que un Juez haya dictado auto de formal prisión al exgobernador de Puebla, Mario Marín, conocido como el “Góber Precioso”, por la tortura infringida a la periodista Lydia Cacho y pidió a las autoridades judiciales la máxima pena por este delito, que es de 12 años de prisión.
La organización de derechos humanos pidió además a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar con diligencia en la localización y detención de los otros autores intelectuales en las agresiones cometidas contra la periodista como son el empresario Kamel Nacif y Hugo Karam, exdirector de la entonces Policía Judicial de Puebla.
“La justicia no será plena hasta que sea condenado y junto con él, todos los responsables hayan sido llevados ante la justicia y castigados. También se tiene que cumplir con la reparación integral del daño para Lydia y su familia, así como garantizar las medidas de no repetición”, indicó Artículo 19 en un posicionamiento difundido este miércoles.
📢 La resolución de auto de formal prisión en contra del exgobernador Mario Marín, por tortura a Lydia Cacho, es emblemática al ser primer exfuncionario de alto nivel en ser detenido y procesado por violaciones a #DDHH.#JusticiaParaLydia
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— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) February 10, 2021
Este martes, el Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo dictó auto de formal prisión contra Mario Marín por el delito de tortura en agravio a la periodista y activista Lydia Cacho.
El exmandatario se encuentra en el centro penitenciario de Cancún desde el pasado 3 de febrero. Ese mismo día fue detenido por agentes de la FGR en la casa de su hermana, ubicada sobre la calle Citlaltepetl, en la colonia Cumbres de Figueroa, en Acapulco, Guerrero.
La detención derivó de una orden de aprehensión que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, giró en su contra el 11 de abril de 2019 por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
Artículo 19 destacó el auto de formal prisión contra Marín, e indicó que es el primer caso en el que se procesa a una figura política de alto nivel por actos de tortura cometidos en menoscabo de la libertad de expresión.
En marzo de 2005, refiere la organización, Cacho publicó el libro Los Demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil, en el cual reveló la existencia de una red de corrupción y explotación infantil, en la cual señaló al empresario José Kamel Nacif Borge, a Jean Succar Kuri, al exgobernador de Puebla, y a otros políticos como Miguel Ángel Yunes y Emilio Gamboa.
Los días 16 y 17 de diciembre de ese año, Lydia fue detenida arbitrariamente y sometida a tortura sexual y discriminación en razón de género a manos de agentes del Estado mexicano durante su traslado de más de 20 horas de Quintana Roo a Puebla, como parte de la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, orquestada por Mario Marín, a raíz de la denuncia por difamación que Kamel Nacif interpuso contra la periodista por la publicación del libro.
Por estos hechos, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista el pasado 10 de enero de 2019. En ese evento, ella declaró que “no habrá justicia y seguiremos luchando hasta que [el Estado] cumpla con todas las víctimas”.
En ese sentido, Artículo 19 pidió al Estado mexicano implementar las acciones necesarias para la reparación integral del daño y compensación adecuada para Lydia y su familia. En especial garantizar las condiciones óptimas y adecuadas para su regreso, luego de que en julio de 2019, sujetos desconocidos allanaran su domicilio y envenenaran a sus mascotas.
En ese sentido, pidió continuar con las indagatorias del allanamiento a la casa para identificar, procesar y sancionar a todos los responsables, así como llevar a cabo una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados periodísticamente por Lydia Cacho.
