El domingo pasado, en ocasión del 117 aniversario de la huelga de trabajadores de Río Blanco, Veracruz, el Presidente López Obrador anunció que antes del final del sexenio va a enviar al Congreso dos iniciativas de reforma constitucional y legal para establecer que los ajustes al salario mínimo “nunca más” estén por debajo de la inflación y para implementar una revisión del sistema de pensiones de las y los trabajadores. Propone “revisar la contrarreforma” de las pensiones de 1997 del Gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se estableció el modelo de Afores y cuentas individuales en pleno auge neoliberal. 

El sistema de pensiones privatizado que se engendró, y que aún está vigente para quienes comenzamos a laborar después del 1 de julio de 1997, derogó el régimen de la Ley de 1973 y fue un castigo durísimo para el mundo del trabajo, anuló la expectativa de una vejez digna y tranquila para gran parte de la población, sometió a la mano ruda del mercado el futuro de la gente y precarizó derechos económicos y sociales fundamentales. 

Con la Ley anterior de 1973, quienes cotizaban 500 semanas en el IMSS obtendrían una pensión calculada con base en el salario recibido en los últimos cinco años. Quizás aquel régimen fuera demasiado dispendioso para unas arcas públicas en crisis y una población que envejecería paulatinamente en el siglo XXI, sin embargo, en lugar de aplicar medidas correctivas y graduales dentro de un sistema mixto, justo, equilibrado y con rectoría estatal, el Gabinete tecnocrático de Zedillo actuó ideológicamente en contra de la mayoría, privatizando y reduciendo las pensiones, a la vez que destinaba recursos ingentes al Fobaproa. El rescate de la banca privada con fondos públicos generó una deuda que afectaría las finanzas del país por setenta años (sí, hasta 2070 más o menos). 

Quienes cotizamos bajo la Ley de 1997 tenemos dos modalidades de pensión, una es de la “renta vitalicia”, que no es vitalicia y sólo se recibe durante quince años después de la fecha jubilación. La otra es el “retiro programado”, o sea el dinero que se ahorra e invierte en la Afore a lo largo de la vida es devuelto en una única solución al retirarse. Ambas dependen del monto acumulado en la Afore, la compañía privada gestora de los fondos. 

La Ley zedillista augura al trabajador y a la trabajadora que no sobreviva más de quince años después de jubilarse, de lo contrario tendrá que volver a trabajar, ser mantenida por sus parientes, o a ver cómo le hace y si logra “programarse” (ya sea para morir a tiempo, o bien, para ahorrar de su propio ahorro-pensión durante la vejez). 

Por otro lado, el sistema de aportaciones voluntarias para incrementar este monto no ha despegado, definitivamente no son inversiones atractivas frente a las alternativas disponibles. En suma, la tasa de reemplazo, o sea el porcentaje del último salario que se recibe al jubilarse es irrisorio o insuficiente. Además, poco más de una tercera parte de la población tiene cobertura, así que el gran desafío de cualquier reforma, de entrada, será la inclusión de toda la población.

En México prima un modelo de injusticia intergeneracional que se suma a las enormes brechas de desigualdad entre regímenes corporativos y gremiales de prestaciones para el retiro. Lo mismo vale entre categorías de trabajadores con pensiones de oro y platino, y los demás abajo. El Presidente lo ha señalado en distintas ocasiones, definiendo como “inhumano” el hecho de que después de tantos años de trabajo se reciba menos de la mitad del salario, y eso cuando va bien y se alcanza a cotizar lo suficiente. 

Sin embargo, las loables reformas del 2020, que introdujeron la pensión universal para adultos mayores y modificaciones a favor de las personas trabajadoras en el régimen de las Afores, son pasos tímidos para un Gobierno que se quiere reformista. El anuncio del domingo no especifica si la iniciativa afectará sólo a quienes cotizan en el ISSSTE o a todos los sectores, como sería deseable. 

En caso de que las normas a reformar tengan rango constitucional y requieran mayoría calificada en el Congreso, la situación se complicaría, teniendo en cuenta que continuará la estrategia de “huelga constitucional” que mantienen los partidos de oposición. Esta estrategia ha persistido incluso cuando se bloquean cambios que beneficiarían a gran parte de la ciudadanía, como en este caso. El oficialismo necesita votos que en este momento no tiene: 12 en el Senado y 60 en la Cámara. Si no se aprueban las reformas a nivel constitucional, queda siempre abierta la vía legislativa ordinaria para seguir incrementando los beneficios de las y los trabajadores en seguridad social y jubilaciones, en espera de que, después de las elecciones, se retome el tema de forma estructural e integral con un Congreso renovado. Finalmente, si en junio ganara el llamado Plan C de Morena y sus aliados para contar con mayoría calificada en la Cámaras, entonces el camino reformista emprendido tendría más rapidez y efectividad en este tema y en otros, como la necesaria reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas. Esta medida está estacionada en el Congreso, ojalá se destrabe en el último periodo de sesiones de la legislatura. 

En México el gasto en pensiones equivale al 3.1 por ciento del PIB, mucho menor al del promedio de países de la OCDE que es de 9.2 por ciento, y esto se debe a la todavía favorable pirámide demográfica, pero también a la elevada tasa de informalidad laboral, pues sólo el 35 por ciento de la población activa está cotizando en el IMSS u otro esquema. 

Con aumentos de la edad de jubilación escalonados y proporcionales a la expectativa de vida, al tipo de profesión, al género y otros determinantes, con la progresiva inclusión del sector informal, de los trabajadores atípicos, precarios o eventuales, y con la previsión de un esquema mixto para la jubilación, eminentemente público, pero con aportación privada complementaria, es posible tener pensiones dignas ya. 

Estas permitirían construir horizontes de futuro y dar certidumbre y estabilidad a los proyectos de vida, liberando energías, tiempos, creatividades y posibilidades para las personas. Hay que desterrar la idea de que vivimos en una sociedad del riesgo, puramente meritocrática, y que quienes tienen éxito es porque son los “mejores”, los merecedores. La cooperación y la solidaridad social son las bases del bienestar de una colectividad.

Una pensión estatal universal y digna, basada en los ingresos y las contribuciones de las y los trabajadores, y una pensión de adultos mayores, pensada como ingreso básico, solidario, creciente y universal, cada vez más enfocado a quienes no pudieron completar sus años de trabajo formal, conforman el piso mínimo del bienestar y de la convivencia civil. Y para ser sistémicos y sólidos, deben acompañarse de otros pilares del bienestar, que igualmente son conquistas civilizatorias históricas, como la salud y la educación universales, de calidad y gratuitas, los subsidios por desempleo, discapacidad e infortunio, las políticas afirmativas y de los cuidados, entre otras. 

El Proyecto de Nación 2024-2030 prevé sustituir las pensiones individualizadas por “un sistema público que garantice un retiro digno a los trabajadores y las trabajadoras”. A estas alturas cabe preguntarse: ¿y quién paga las pensiones y todo lo demás? 

La respuesta no es la deuda sino la reforma fiscal, un tabú impronunciable en México, sobre todo durante las campañas electorales. Sin embargo, ésta debería ser la prioridad en 2024 para profundizar los logros del sexenio y garantizar su sostenibilidad: la solidaridad social, intergeneracional e interclasista tiene su piedra angular en impuestos patrimoniales crecientes a las grandes riquezas y propiedades, sobre todo a las que son improductivas, así como al consumo de bienes y servicios de lujo, a las herencias y ganancias financieras. 

Entonces, por un lado, hay una generación que se jubila con una Ley muy favorable, la de 1973, y otras que están en el otro extremo. Esta desigualdad puede ser subsanada paulatinamente, acudiendo no sólo a los ahorros de los trabajadores, ya sean individuales o colectivos, sino sobre todo a la fiscalidad general. Sí hay margen. La recaudación tributaria mexicana como porcentaje del PIB es muy baja, ronda el 16 por ciento: Brasil recauda el 34 por ciento, Argentina el 30 por ciento, Chile el 22 por ciento y el promedio latinoamericano es del 21.7 por ciento.

Hace falta una fiscalidad progresiva en su conjunto, a partir del ISR, en donde paguen proporcionalmente más quienes más ganan (y más tienen). Para ello debe continuar el proceso para el fortalecimiento de capacidades de cobro y sancionatorias del SAT y el combate a la evasión. Urge elevar la base tributaria, incorporando comercios y contribuyentes a la formalidad, pero todavía más importante es incrementar las tasas impositivas en los deciles de altos ingresos, así como el número de rangos de ingreso para aplicarlas de forma escalonada. 

Finalmente, tiene que limitarse decididamente la consolidación del pago de impuestos de los grandes corporativos y cualquier otra posibilidad de elusión fiscal, tratando de estimular, en cambio, a las pequeñas y medianas empresas y a la clase media, cada vez más reducidas y penalizadas. ¿Es todo esto viable política y socialmente? Considero que sí en la etapa actual. No se trata de nada realmente nuevo o subversivo en el mundo, al contrario. Y es necesario para una transformación duradera que construya un nuevo pacto social en México.

Post Scriptum. Ya hay rumores, fake news y mensajes en medios y redes de que ahora el Gobierno “va por nuestras Afores”, casi como si fuera a expropiarse. No tardará en salir algún movimiento de “las Afores no se tocan” que tache de “populistas” estas propuestas de reforma estructural. La verdad, no se ven indicios ni posibilidad de que se usen las Afores para fines incautos o para sanar presuntas deudas gubernamentales u otros proyectos, como sostienen estos mensajes. Ni se ven fines ocultos en los anuncios presidenciales o en los planes programáticos de Morena, así que se trata de noticias esparcidas para confundir y bloquear cambios potencialmente beneficiosos para las mayorías.

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

Mario Delgado exhibe que Lemus “le pone los cuernos” a Máynez con Xóchitl en Jalisco