El 6 de mayo comenzó la jornada de Voto Anticipado en Prisión Preventiva en el país, donde más de 30 mil personas privadas de su libertad sin sentencia votarán para elegir a sus representantes a nivel federal: presidente, senadores y diputados. Es la primera vez que personas en prisión preventiva podrán ejercer su derecho al voto, con lo que se garantiza el principio de presunción de inocencia; de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la jornada reconoce que la voz de esta población cuenta en la vida política.
Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- Las elecciones de 2024, además de ser “las más grandes de la historia” por la cantidad de cargos a elegir, serán históricas porque por primera vez más de 30 mil personas en prisión preventiva votarán para elegir la Presidencia de la República; en lo local, únicamente tres estados implementaron esta jornada de voto anticipado, por lo que las personas sin sentencia, también podrán elegir Jefe de Gobierno o Gobernador, alcaldes y diputados locales. De acuerdo con organizaciones civiles, esto garantiza el principio de presunción de inocencia y reconoce que la voz de esta población cuenta en las decisiones políticas de todas las comunidades.
Del 6 al 20 de mayo, el Instituto Nacional Electoral (INE) realiza la jornada de voto anticipado de 30 mil 391 personas sin sentencia en el país, según la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva. Es la primera vez que el INE lleva a cabo esta jornada en 216 centros penitenciarios, donde recibirán las boletas para elegir la Presidencia de la República. En los estados de Chiapas, Ciudad de México e Hidalgo también podrán elegir la Jefatura de Gobierno u gubernatura, alcaldías, ayuntamientos y diputaciones locales.
Por ejemplo, en la CdMx, según cifras del Instituto Electoral capitalino, esperan que mil 459 personas en prisión preventiva de siete centros penitenciarios voten de manera anticipada por cuatro cargos de elección popular: presidente o presidenta, jefe o jefa de Gobierno, titulares de las alcaldías y diputaciones locales. Vale destacar que estas cifras son diferentes al total de personas en prisión sin sentencia en todo el país que, de acuerdo con el Inegi, son 92 mil 792.
De ese total, para llegar a quienes van a votar en estas elecciones 2024, se hizo un proceso de lista nominal: primero, las personas tenían que manifestar su intención para participar, y luego comprobar que seguían vigentes, un obstáculo para quienes llevan 10 años o más sin sentencia. Luego de todo esto se llegó a las más de 30 mil.
“Es un ejercicio súper importante, sin precedentes y es importante por dos motivos principales: el primero es justamente el reconocimiento a la presunción de inocencia, eso es básico, es decir, el reconocer que las personas que están privadas de la libertad en prisión preventiva no son culpables hasta que haya una determinación judicial que diga ‘sí efectivamente se cometió el delito y por tanto esta persona es culpable’, con esto se reconoce que estas personas se encuentran en el pleno uso de sus derechos y que tienen la igualdad de circunstancias que cualquier persona que está al exterior”, dijo Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y reinserción social de Documenta.
Y agregó que es una oportunidad para estas personas de incidir en la elección de los representantes de su comunidad, independientemente de la situación jurídica en la que estaban cuando votaron; “el otro efecto es el poder ubicarlas como agentes importantes dentro de la sociedad, y que lo que está pasando al interior de las prisiones no es ajeno a lo que está pasando al exterior”.
María Ana del Valle, coordinadora del área de interacción comunitaria de CEA Justicia, agregó que lo importante de la votación de las personas sin sentencia es el primer paso que se da para evidenciar “la cadena de injusticias que existen porque no es posible que sean más de 90 mil personas que están en prisión preventiva, estamos hablando de población que está injustamente presa”.
“¿Por qué es importante? Porque es su derecho, porque el hecho de que estén en prisión no significa que se tienen que limitar otros derechos como los políticos-electorales. Creo que es importante porque es una manera de fomentar su participación y fortalecer el vínculo con sus propias comunidades porque van a elegir a los representantes políticos de sus lugares de origen”.
EL ORIGEN DEL VOTO DESDE LAS PRISIONES
En 2018, Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López, quienes se identifican como indígenas tzotziles y se encuentran en prisión preventiva desde hace 19 años en el penal “El Amate” en Chiapas, reclamaron al Instituto Nacional Electoral su derecho a elegir representantes, pues de acuerdo con el artículo 38 de la Constitución, las personas tienen derecho a votar aunque enfrenten un proceso penal mientras no se les declare culpables. Sin embargo, quienes están en prisión preventiva nunca habían sido considerados por ninguna autoridad.
Luego, en febrero de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les dio la razón y avaló que las personas encarceladas en espera de una sentencia puedan ejercer el voto porque están amparadas por el principio de presunción de inocencia. Como determinación, ordenó al INE organizar una primera elección “de prueba” antes de las elecciones generales de 2024, lo que pasó en 2021 cuando 949 personas de cinco penales federales votaron para elegir a diputados y diputadas al Congreso de la Unión.
“Fue justamente en la defensa de este derecho, en la reivindicaciones de este derecho y en cuestionar precisamente como si bien la prisión limita una serie de derechos no debería limitar todos y sobre todo por el tema de la presunción de inocencia. Las personas sin sentencia son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, explicó la coordinadora de CEA Justicia, organización que desde la emisión de la sentencia del Tribunal se unió a los esfuerzos de vigilar que el derecho al voto se garantice a las personas en prisión preventiva.
Al resolver el expediente SUP-JDC-352/2018 y acumulado, el TEPJF estableció que para salvaguardar el derecho de las personas en prisión preventiva para las elecciones de 2024, el INE debía definir si el ejercicio se aplicaría solamente en la elección presidencial o en elecciones locales, esto a partir de las necesidades y posibilidades administrativas y financieras que se requieran, además de fijar el mecanismo de votación en coordinación con autoridades penitenciarias.
“Históricamente en México el voto estaba restringido para todas las personas privadas. Lo que resolvió el Tribunal es que había una violación al derecho humano, a los derechos políticos electorales de estas personas porque al estar en prisión preventiva hay un principio que se llama presunción de inocencia y coartar un derecho tan importar como votar serían una violación”, de acuerdo con Nayomi. Ambas expertas además destacaron que el voto de personas sin sentencia es algo novedoso en la región de América Latina pues únicamente pocos países, como Costa Rica y Argentina, lo han implementado.
Pero ¿de qué manera el voto de personas en prisión preventiva ayuda a su restitución de derechos?, ¿a la inserción social? Según Documenta, algo importante es que con esta jornada las personas mantienen el contacto con su comunidad y con el mismo gobierno, pero lo que más destacan es que se sepa que esta población es importante:
“Que también su voz y su voto cuentan, creo que es un poco más simbólico, poder saber que ellas también forman parte, también participan y también cuentan, que su voto va a ser computadora igual que el de cualquier otro ciudadano, evidentemente es algo que representa muchísimo y que nos hace cambiar como sociedad el paradigma de una persona privada de la libertad no es digno de ejercer un voto, pero es todo lo contrario, si cometieron un delito o no, no necesariamente quiere decir que son personas que tienen que no tienen la capacidad, como cualquier otro ciudadano, de votar. Y específicamente en el caso de las personas en prisión preventiva al no tener una condena, eso les da un reconocimiento de no culpable, por tanto tiene la misma representatividad”.
Del Valle, coincidiendo con Aoyama, dijo que el voto de estas poblaciones es una manera de volver a generar vínculos que fueron arrebatados por la por la prisión, además de promover la participación activa de las personas en prisión: “todo esto apunta a procesos más amplios de participación porque pues el voto es una forma de de participar, pero tenemos que empujar y que esto funcione para otros procesos en donde se garanticen las personas, no solo las personas en prisión, sino a sus familias y sus comunidades ampliamente afectadas por el abuso del sistema de justicia, el reconocimiento de sus derechos”.
EL PRIMER DEBATE POLÍTICO EN UNA PRISIÓN
El 3 de mayo de 2024 es otra fecha histórica para los derechos político-electorales del país, pues por primera vez en México se realizó un debate dentro de una prisión para escuchar las necesidades y los intereses de las personas privadas de su libertad.
En el debate, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en coordinación con CEA Justicia Social, participaron representantes de las candidaturas que compiten por la jefatura de gobierno de la capital, y fue realizado en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. Este ejercicio, de acuerdo con el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Bernardo Valle Monroy, fue producto del esfuerzo entre los institutos electorales y un reto mayor pues las personas en situación de prisión preventiva no cuentan con el acceso a la información como el resto de las candidaturas. Como único tema, los representantes hablaron de la agenda de cuidados en el entorno familiar de las personas en prisión preventiva, expusieron sus propuestas y respondieron algunas preguntas de la población en prisión.
María Ana del Valle comentó que el debate en Santa Martha es el segundo que se hace a nivel Latinoamérica y de ahí su importancia: “es justo poner en el centro que los partidos políticos volteen a ver las realidades de los centros penitenciarios, se está exigiendo que conozcan un poco sobre las realidades de nuestro país en las prisiones y en ese sentido exigir que quién sea que quede haya rendición de cuentas, etcétera. Insistimos que todo este proceso del voto anticipado en prisiones es un derecho llave para abrir otros derechos”.
“Del que tengamos registro es el segundo ejercicio de un debate electoral en toda Latinoamérica dentro de una prisión, en Costa Rica fue el primero y este es el segundo. Su importancia radica en visibilizar a las personas como sujetos de derechos, derechos políticos y derecho a la participación. Es un ejercicio que exige a las autoridades a que se acerquen y sobre todo que se comprometan a dar seguimiento a las propuestas, que incluyan estas realidades en sus agendas políticas y marquen rutas de acción para resolver sus problemas como el acceso a la justicia, el acceso a la información, el tema de cuidados. Sin duda creemos que este es el inicio de un proceso más amplio para poner en el centro las necesidades y las demandas de las poblaciones de la población privada de la libertad”, finalizó Del Valle.
