Las masacres de migrantes cometidas por fuerzas del Estado, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la violencia desatada por la pelea de grupos delincuenciales no se explican sin el contubernio de autoridades estatales y sus superiores con el crimen organizado, señalan expertos.
Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- Al menos 11 mil 661 asesinatos y más de 10 mil personas desaparecidas se han registrado en Tamaulipas durante las últimas dos décadas en las que la entidad fue gobernada por mandatarios y actores políticos que han sido señalados, acusados e incluso procesados penalmente por presuntas relaciones con el crimen organizado.
Estado clave por tener una entrada marítima del Golfo de México y por ser frontera con Estados Unidos, Tamaulipas ha sido un punto neurálgico para el tráfico de drogas, armas y migrantes. Sin embargo, la delincuencia organizada ha cambiado de dinámicas, principalmente a partir de la “democratización”, es decir, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el control federal luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) ganara la presidencia en el año 2000, explicó Guadalupe Correa Cabrera, profesora en la Universidad George Mason.
“Cuando el PRI pierde la capacidad de manejar las rutas de migración, entonces cada uno de los gobernadores se empiezan a volver el ‘señor feudal’ y son quienes deciden y reciben cualquier tipo de protección o de ayuda por parte del crimen organizado”, expuso la autora del libro Los Zetas Inc: Criminal Corporations, Energy and Civil War in Mexico.
La violencia en Tamaulipas se elevó durante la llamada “guerra contra el crimen organizado” que emprendió el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, siendo su punto más álgido el año 2012. No obstante, aunque a partir del 2013 las cifras oficiales de violencia homicida en la zona muestran altibajos, Guadalupe Correa destacó que Tamaulipas es un caso “donde sigue habiendo muchísima violencia, secuestros y graves violaciones a derechos humanos”.
Para la especialista con doctorado en Ciencias Políticas por parte de la New School for Social Research, las masacres de migrantes cometidas por fuerzas del estado, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no se explican sin el contubernio forzoso de autoridades estatales y sus superiores con el crimen organizado.
“Tenemos una entidad federativa con muchas células criminales que van operando dependiendo del sexenio y las condiciones […] Hemos visto que hay una corrupción impresionante” dijo.
El pasado 4 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de procedencia de desafuero en contra del actual Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Al mandatario estatal se le señala por posiblemente estar vinculado con delitos de defraudación fiscal.
Aunque en la declaratoria aprobada por la Cámara de Diputados se le retiraron las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al Gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
“García Cabeza de Vaca no es el primero y no creo que sea el último Gobernador que vaya a tener que rendir cuentas a las autoridades mexicanas o extranjeras”, comentó la también profesora asociada de asuntos públicos y estudios sobre seguridad en la University of Texas Rio Grande Valley.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche del lunes que integrará una carpeta de investigación con la información que recibió ayer por la tarde del Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a posibles responsabilidades penales del actual Gobernador de Tamaulipas y sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca y José Manuel García Cabeza de Vaca y empresas relacionadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones.
No obstante, los escándalos, señalamientos de gobernadores tamaulipecos involucrados en actos ilegales no son nuevos. A lo largo de dos décadas, al menos cinco gobiernos han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y al menos cuatro de sus mandatarios han sido investigados formalmente: Manuel Cavazos Lerma (1993-1999), Tomas Yarrington (1999-2004), Eugenio Hernández Flores (2005-2010) y Francisco García Cabeza de Vaca (2016- a la fecha).
Aunque el priista Egidio Torre Cantú, quien gobernó esta entidad desde el año 2011 al 2016, no fue procesado o investigado formalmente, su administración tampoco quedó exenta de señalamientos de presuntos vínculos con organizaciones de la delincuencia organizada.
En diciembre de 2014, las acusaciones alcanzaron a su gabinete cuando el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) informó haber asegurado una cuenta bancaria al entonces Secretario de Desarrollo Social del estado, Homero de la Garza Tamez, quien también fungió como director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) en el sexenio de Hernández Flores. De acuerdo con la División San Antonio del FBI en ese entonces, el esquema de lavado de dinero implicaba procedimientos institucionales para la asignación de obras públicas en el estado.
GOBERNADORES Y VIOLENCIA
Tamaulipas es la segunda entidad con mayor número de desaparecidos a nivel nacional con un total de 11 mil 420 registros desde el año 1964 al 3 de mayo de 2021, de acuerdo con las cifras oficiales.
En los últimos cinco gobiernos estatales, es decir, desde el año 1993 a la fecha, se estima que al menos 10 mil 105 personas desaparecieron en ese estado, sin embargo, no se descarta que el número sea mucho mayor, pues en el registro existe una cifra de personas desaparecidas que fue registrada sin año de referencia.
El periodo Egidio Torres Cantú (2011-2016) es el que más acumula homicidios dolosos y desapariciones, pues el 46 por ciento (cinco mil 256) del total de las desapariciones corresponden sólo a la administración del priista.
En cuanto a homicidios dolosos, entre los años 2011 al 2016 se registraron cuatro mil 182 carpetas de investigación por dicho delito, es decir, un 83 por ciento más en comparación con el sexenio de Eugenio Hernández (2005-2010).
Precisamente el aumento de la violencia en Tamaulipas y las desapariciones empezó a reflejarse en las cifras oficiales justo durante el Gobierno de Eugenio Hernández Flores. Las carpetas iniciadas por homicidio doloso se dispararon en el año 2010 al crecer un 150.34 por ciento a comparación del 2009, cuando el número de asesinatos fue de 288. La desaparición de personas también incrementó durante esta administración, al pasar de 220 en 2009 a mil 29 en el año 2010.
Eugenio Hernández Flores, preso en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, por peculado y lavado de dinero, fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas por un enriquecimiento ilícito por el orden de los 40 millones 977 mil 749 pesos. La Fiscalía señaló que los ingresos del exgobernador fueron de 13 millones 328 mil 675 pesos provenientes de sus salarios y compensaciones. Sin embargo, su patrimonio en ese periodo está estimado en una cantidad de 54 millones 306 mil 469 pesos, una discrepancia de más de 40 millones de pesos.
La cifra de homicidios dolosos (dos mil 285) registrados en todo el periodo de Hernández Flores fue 76.85 por ciento superior a la cifra de los asesinatos registrados en la administración de su antecesor Tomás Yarrington, otro mandatario ligado al crimen organizado.
Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba (1999-2004) es otro de los exgobernadores procesados penalmente por el delito de lavado de dinero, incluso él mismo se declaró culpable ante un Tribunal Federal en Texas, Estados Unidos, en donde aceptó que recibió más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales.
Durante su periodo se registraron al menos mil 292 homicidios dolosos, un 43.39 por ciento más que su antecesor y al menos 27 desapariciones se registraron también en el tiempo de duró su administración, las cuales, son más del doble que las reportadas con Manuel Cavazos Lerma.
En los dos últimos años en que gobernó Manuel Cavazos Lerma, cuyo mandato fue desde el 5 de febrero de 1993 a febrero de 1999, se registraron al menos 901 homicidios dolosos, 12 secuestros y se denunciaron al menos cuatro extorsiones. Las cifras no abarcan toda su administración, pues los datos oficiales de la incidencia delictiva datan del año 1997.
Manuel Cavazos Lerma fue el primer Gobernador tamaulipeco en ser señalado por sus vínculos con el narcotráfico incluso antes de su periodo. En 1997 fue acusado por Omar Durán, entonces subdirector de Inspección y Vigilancia Agropecuaria, Forestal y Pesca de Tamaulipas, de permitir el tráfico de armas y droga en la entidad en camiones de ganado.
No obstante, y a pesar de los señalamientos, fue elegido Gobernador en 1993 y ya durante su mandato, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) comenzaba a indagar vínculos de políticos en Tamaulipas con el crimen organizado.
Fue en el año 2009, la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) inició lo que después fue conocida como la investigación “Caso Tamaulipas”, en la cual, se señalaba tanto a Cavazos como a sus sucesores Yarrington y Hernández por delitos contra la salud y lavado de dinero; sin embargo, la indagatoria fue cerrada en 2013, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, “por falta de elementos probatorios”.
Francisco García Cabeza de Vaca es el más reciente Gobernador de Tamaulipas que ha sido señalado de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.
El mandatario fue desaforado por la Cámara de Diputados, aunque el Congreso local de Tamaulipas rechazó quitarle esta protección para enfrentar la justicia, por lo que el proceso se resolverá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de eso, Cabeza de Vaca enfrentará otra investigación, pues la fiscalía de Alejandro Gertz Manuero anunció que abrirá otra indagatoria contra el mandatario y sus hermanos con nuevos datos aportados por el Gobierno de Estados Unidos.
La carpeta de investigación, según explicó la FGR, “se conformará con las diligencias que deban de hacer tanto la FGR, como las autoridades hacendarias respectivas, para establecer con toda precisión, las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso”. Al respecto, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, respondió que es inocente y pidió a sus abogados defensores que revisaran la información que proporcionó Estados Unidos a autoridades mexicanas sobre su caso.
En materia de seguridad, durante la administración de Cabeza de Vaca se han registrado tres mil y un homicidios dolosos, 304 por secuestro y 604 por extorsión.
Para la especialista Guadalupe Correa la relación que existe entre el actual Gobernador de Tamaulipas y la delincuencia organizada, “no es un chisme”.
“Yo que he investigado, pues no me parece de ninguna forma que sea un linchamiento político. Muchas personas sabemos, y más los tamaulipecos, que no se trata de linchamiento político”.
TAMAULIPAS Y EL HORROR
Tamaulipas ha sido escenario de actos atroces, verdaderas historias de terror y graves violaciones a los derechos humanos que han trascendido internacionalmente; desde la masacre de 72 migrantes en San Fernando, la ola de desapariciones masivas con al menos 37 víctimas entre febrero a mayo de 2018 en Nuevo Laredo, enfrentamientos, hasta el asesinato a tiros de 19 personas en Camargo a manos de policías en enero de 2021.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha dicho en entrevistas con SinEmbargo que se estima que desde 2010 al año 2020 hay más de 300 carpetas de investigación que involucran a fuerzas armadas o a policías en ejecuciones extrajudiciales.
“Ha quedado demostrado que Tamaulipas es uno de los estados con el mayor número de violaciones graves a los derechos humanos con casos de recientes de ejecuciones extrajudiciales que van encaminadas a la impunidad por la inacción de la Fiscalía General de la República”, dijo.
Correa Cabrera, quien por años ha estudiado la violencia en Tamaulipas, señaló que las redes de tráfico humano que operan con el crimen organizado no han sido desmanteladas porque “muy probablemente operen bajo la protección de autoridades locales y estatales”.
“Lo que sucedió en Camargo nos muestra el nivel de control que tiene la delincuencia organizada y el nivel de contubernio que existe con las autoridades”, apuntó.
Correa Cabrera destacó que en Tamaulipas existe un deterioro grave de las instituciones, no solo de Gobierno estatal, sino de otros poderes como el Legislativo y el Judicial, e incluso en sindicatos, como el del magisterio.
“Recordemos que Javier García Cabeza de vaca no es el único, sino que también ha operado con compañeros de partido, políticos y empresarios. Es mucho más complejo. No es un Gobernador narco o un Gobernador corrupto, es un Gobernador que opera de la mano de otras autoridades igualmente corruptas”.
La académica consideró que, ante el nivel de contubernio y corrupción, se deben desaparecer los poderes en Tamaulipas “para volver a empezar de nuevo y reconstruir el tejido social, reconstituir el andamiaje institucional y que se haga justicia en los casos que todavía se encuentran abiertos”.
“Se podría pensar que no sea tan malo está desaparición de poderes porque los poderes están fallidos”, apuntó.
