Ciudad de México, 13 de mayo. (SinEmbargo).– El Gobierno del Distrito Federal (GDF) realiza operativos de “limpieza social” al retirar de las calles a personas de la población en situación de calle y a quienes selecciona por su aspecto, con lo que la discrimina y viola sus derechos a la libertad y a su integridad personal, acusaron Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).

“Ahora vemos que, por la imagen, la discriminación ha escalado de una manera injusta contra esas poblaciones. Antes era una detención arbitraria, la privación ilegal de la libertad, una sanción, pero ahora lo que estamos viendo en esta escala es que se les criminaliza a esas poblaciones y se les hace sujeto de procesos irregulares. Las personas que pertenecen a estas poblaciones callejeras no son consideradas como sujetos de derecho, sino como basura”, dijo el Padre Miguel Concha Melo, del Centro Fray Francisco de Vitoria.

El ejemplo más reciente de limpieza social, dijeron los activistas, se dio el 22 de abril pasado cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina desalojaron de manera violenta al Grupo Juárez que habitaba en Artículo 123 y arrasaron con sus objetos personales y sus pertenencias.

En el operativo resultaron 30 personas golpeadas y 17 detenidas, de éstas 11 fueron consignadas al Ministerio Público, acusados de posesión de droga (solvente y pasta base), y los detenidos ignoraban los cargos por los cuales fueron aprendidos.

“Los detienen por portar activo pero eso no es delito, si no, tendrían que detener a los carpinteros que lo usan”, dijo por su parte el investigador de Propuesta Cívica, Jesús Robles Maloof.

El fin de semana cinco personas salieron libres bajo fianza, misma que fue pagada luego de que la titular de la Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), Jacqueline L’Hoist Tapia hiciera una colecta para pagarla.

Pero otros seis quedaron presos.

El Padre Concha consideró que ese es otro problema: a la población callejera se les fija sanciones represivas, con cantidades difíciles de conseguir.

“Son 7 mil pesotes para alguien que vive en la calle”, expresó.

Añadió que también hay una intención de que los casos no se ventilen, entonces cuando una organización acude a apoyarlos y a acompañarlos en sus juicios, hay acoso de parte de los funcionarios judiciales.

“Quieren un proceso secreto. Se están haciendo cosas que no están dentro de la ley ni conforme a derecho”, acusó.

Asimismo, a la hora de valorar pruebas y testimonios, se les descalifica si provienen de amigos y familiares de los detenidos, porque son de personas de población callejera.

“Simplemente no existen”, criticó el activista.

Además del Padre Concha y Robles Maloof, en esta conferencia de denuncia estuvieron presentes la directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (CIDES) y representante de la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, Alicia Vargas Ayala; la secretaria ejecutiva de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), Agnieszka Raczynska, y el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García.

Todos pidieron al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, aclarar si los operativos de limpieza social son hechos por órdenes suyas.

“¿No actuarán así, porque así les ordenan que actúen?”, preguntó Concha.

LOS ANTECEDENTES

El operativo de Artículo 123 no es el único caso de limpieza social en el Centro Histórico capitalino.

En agosto del año pasado, ocho encapuchados llegaron al mismo sitio y se llevaron a cinco personas. Previamente, en 2012, la SSP capitalina también hizo un operativo ahí.

“El Informe del 7 de abril de la CDHDF da cuenta de que la limpieza social puede ser sistemática por la autoridad, por liberar espacios públicos de personas o grupos no gratos y que se da como resultado de ausencia de políticas públicas y por lo tanto violando garantías”, dijo por su parte Juan Martín Pérez.

Agregó que la limpieza se ha registrado en el corredor del Centro Histórico, Reforma hasta Santa Fe, una zona de fuertes inversiones inmobiliarias.

“Se da pese al discurso de que la ciudad de México está reconocida la existencia de la población callejera y la intervención que se da en el ámbito de desarrollo social, esto no se ha hecho pese a las ya nueve recomendaciones que se ha tenido en la ciudad de México para esta población. En particular las últimas cuatro a partir de la administración de Marcelo Ebrard Casaubón están sin cumplimiento o en cumplimiento parcial”, explicó.

Los activistas dijeron que además se registran otras acciones que refuerzan las medidas contra la población callejera.

Pérez explicó que han registrado la separación de familias de población callejera.

“Se les está quitando a los niños bajo el pretexto de no tener capacidad para mantenerlos, lo cual violenta el derecho humano a tener familia y un elemento básico de los derechos humanos es que nadie puede ser separado por motivos económicos”.

Otra tendencia son las detenciones arbitrarias por parte de la policía, que además de las que sufre población de calle se extienden a personas por su aspecto ocurridas en marchas, dijo por su parte Robles Maloof.

“Han ocurrido 500 detenciones arbitrarias (en el último año) por reparto de volantes o por población callejera”.

Alertó de que sólo ha habido una sanción de un policía por detención arbitraria, de un elemento que le arrojó una cubeta de agua a un indigente.

Previó que mientras haya detenciones arbitrarias, los policías sienten que pueden hacerlas, sin temor a ser castigados.

“Vale la pena hacer un llamado al Jefe de Gobierno, le corresponde dar cuentas y demostrar que no es una decisión personal desde la jefatura de gobierno la limpieza social”, pidió Pérez.