Doce organizaciones de derechos humanos internacionales y regionales hicieron una petición dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto “para dar seguimiento adecuado” al caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014. En la misiva, piden al gobierno cumpla con las recomendaciones hechas por el GIEI.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– Organizaciones civiles internacionales solicitaron al Gobierno mexicano que establezca un mecanismo efectivo para la investigación de la “desaparición forzada” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que sea acorde con las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).
Doce organizaciones de derechos humanos internacionales y regionales exhortaron en una carta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, con motivo de las reuniones que han sostenido en los últimos días los familiares de los normalistas desaparecidos desde 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno federal.
En la misiva pública al Presidente Peña Nieto, las organizaciones firmantes explican que, “para dar seguimiento adecuado a un caso que ha conmocionado al mundo entero”, el mecanismo debe incluir:
1) el mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del GIEI en sus dos informes y a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
2) un equipo operativo de tiempo completo de al menos dos personas quienes deberían poder ingresar y permanecer en México sin limitaciones de tiempo.
3) visitas periódicas por parte de la CIDH.
4) la difusión de información que dé cuenta del estado de cumplimiento.
5) el acceso pleno del equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso.
Los grupos civiles dijeron que “de contar con estas condiciones, el mecanismo mostrará la voluntad del gobierno mexicano de cooperar con la CIDH alrededor del caso, así como su compromiso de cumplir con su obligación de garantizar la verdad y la justicia para las víctimas”.
“Un mecanismo con por lo menos las citadas características resulta esencial para mantener la confianza que pudo desarrollar el GIEI entre las familias de las víctimas y las autoridades mexicanas, así como para avanzar en el importante trabajo del GIEI para esclarecer el caso”, advierten en la misiva.
La carta fue firmada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Conectas Direitos Humanos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), JASS (Asociadas por lo Justo), Open Society Justice Initiative, y Robert F. Kennedy Human Rights.
“El Grupo de Expertos enfrentó muchos obstáculos por parte del gobierno mexicano, lo que les impidió avanzar en la investigación. Para ser una herramienta eficaz, el mecanismo que México está negociando con la CIDH debe contar con la cooperación plena del gobierno mexicano”, señaló Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, de acuerdo con un comunicado.
“De no garantizar las condiciones mínimas para poder operar, el gobierno mexicano estará impidiendo nuevamente el trabajo de la CIDH alrededor del caso y mostraría su falta de voluntad para garantizar la verdad y la justicia para las víctimas”, dijo Meyer.
