La ciudadana francesa que acabó atrapada en el berenjenal de la justicia mexicana y el sensacionalismo irresponsable de los medios. Foto: Cuartoscuro

Estoy leyendo Una novela Criminal, de Jorge Volpi. Novela sin ficción, documentada exhaustivamente, narra una historia que no por conocida deja de ser aterradora en sus detalles. Es el relato de la escenificación de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarte y de su arraigo, encarcelamiento y proceso, hasta la sentencia de amparo concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ciudadana francesa que acabó atrapada en el berenjenal de la justicia mexicana y el sensacionalismo irresponsable de los medios de comunicación. Entre más se avanza a través de sus quinientas páginas, más queda claro que en la Procuraduría General de la República ha hecho metástasis el cáncer de la corrupción, que está mortalmente infectada de ineficacia y que actúa como brazo ejecutor de los más bajos intereses políticos y económicos. Se trata de un órgano insalvable, el cual debe ser amputado del Estado mexicano si es que se le quiere reconstruir sobre la base del orden jurídico y se quiere erradicar de él la corrupción.

Sin embargo, la tarea de sustituir la carcomida Procuraduría por una Fiscalía profesional, eficaz y decente, que persiga los delitos con base en investigaciones bien sustentadas y que pueda ganar los casos ante los jueces por la solidez de sus pruebas y argumentos, que no esté al servicio del poder en turno, sino de la procuración de justicia y que jerarquice sus prioridades no por el escándalo mediático o por los intereses económicos y políticos en juego, sino por su impacto sobre la convivencia social y la justicia, está resultando extraordinariamente arduo.

Como parte del paquete de reformas políticas acordadas por el malhadado “Pacto por México”, la gran coalición con la que arrancó el gobierno que está llegando a su fin después de haber tocado fondo, en 2014 se reformó la Constitución para darle autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República, con lo que la aceda Procuraduría desaparecería. Se trataba de una reforma de gran calado, promovida por diversos grupos de la sociedad civil y de la academia desde hacía varios años y que resultaba crucial en el proceso de reconstrucción del Estado de derecho. Sin embargo, la reforma se hizo con las tradicionales mañas de la política mexicana: si bien el nuevo texto del artículo 102 constitucional quedó redactado de manera razonable, a pesar de que el mecanismo del nombramiento del fiscal pudo despolitizarse más, el diablo se escondió en los detalles de los artículos transitorios de la reforma, sobre todo en el decimosexto y en el decimonoveno.

Esos dos transitorios fueron diseñados a modo para que el gobierno que está por concluir mantuviera el control sobre el nuevo órgano más allá de su término. En el transitorio decimosexto se establecía –ya ha sido reformado– que la persona que ocupare la Procuraduría General de la República en el momento de aprobarse la ley orgánica de la nueva fiscalía sería investida automáticamente como Fiscal General por los siguientes nueve años, mientras que el decimonoveno establece aún que todo el personal y los activos de la actual PGR pasarán a la nueva fiscalía en el momento de su creación.

El primer asunto entrañaba una operación política para el pase automático del entonces procurador Jesús Murillo Karam, quien, además, preparó un proyecto de Ley Orgánica de la nueva fiscalía que llegó a ser aprobado por la Cámara de Diputados. Como es bien sabido, Murillo fue aplastado por el peso de su “verdad histórica” respecto al caso de los normalistas de Ayotzinapa, con lo que sus aspiraciones de permanencia resultaron frustráneas y su proyecto de ley se atoró en el Senado.

La siguiente procuradora, Arely Gómez, no tuvo la fuerza ni el apoyo para escalar y, finalmente, fue sustituída, en un proceso turbio, muy cuestionado por diversas organizaciones de la sociedad civil y por especialistas en el tema, por Raúl Cervantes, que fue apodado “fiscal carnal”, por su evidente partidismo y cercanía con el grupo del presidente de la República. La operación para mantener el control del nuevo órgano había sido reactivada. Sin embargo, la actuación concertada de grupos como #FiscalíaqueSirva, colectivo creado en octubre de 2016, durante el proceso de sucesión de la procuradora Gómez, planteó cara al despropósito e impulsó la necesidad de reformar los dos transitorios cuestionados y de elaborar un nuevo proyecto de Ley Orgánica que evitara los vicios de la iniciativa impulsada por Murillo.

Cervantes finalmente renunció y Peña envió al Congreso una iniciativa de reforma al decimosexto transitorio de la reforma al artículo 102 constitucional, con lo que el continuismo quedó abortado, a la espera del resultado electoral. Empero, ya durante la campaña se hizo evidente la desconfianza del ahora presidente electo respecto a la autonomía de la fiscalía y su falta de comprensión de la relevancia del tema. Para él también parece crucial el control del órgano, por lo que desde entonces insistió en su voluntad de nombrar a un fiscal de su entera confianza, desdeñando el problema de la arquitectura institucional de la nueva fiscalía y la herencia maldita que recibiría de la PGR. Venturosamente, el equipo de transición del próximo presidente asumió la necesidad de diálogo con los grupos que habían estado trabajando el tema de la fiscalía desde hacía años y se instaló una mesa de trabajo con la participación de #FiscaliaqueSirva, #Vamospormás, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la División de Estudios Jurídicos del CIDE, de la cual ha salido, finalmente, un proyecto de ley orgánica sustancialmente superior al fallido de Murillo Karam. Sin embargo, de manera inexplicable, la nueva coalición de poder y el presidente electo siguen oponiéndose a la eliminación del decimonoveno transitorio, con lo que la nueva fiscalía acabaría por ser un mero trasunto de la putrefacta procuraduría.

No termino de entender las razones del próximo gobierno para oponerse a un cambio que sería perfectamente compatible con sus intenciones de racionalización de la admnistración pública y que sería un paso notable en la construcción de un Estado profesional y eficaz, en un tema tan sensible para la gobernación del país como lo es la justicia. Tal vez deberían echarle un ojo a la novela de Volpi.