De 2012 a 2019, al menos 499 defensoras y defensores del ambiente han sido atacados, con un repunte tras la Reforma Energética e incluyendo casos por el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos, documenta un informe del CEMDA. Sólo este mes, ya no incluido en el monitoreo, fue asesinado a balazos Adán, un opositor a proyectos de minería a cielo abierto en Veracruz.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– Adán Vez Lira lucha contra la imposición de proyectos de minería a cielo abierto en la costa central de Veracruz que dañaría al ganado y cultivos. Ha defendido durante dos décadas la vida, el territorio, los manglares, las lagunas y las dunas desde su trinchera en la reserva natural La Mancha en el municipio Actopan. Ahí hace turismo de naturaleza mediante visitas guiadas a distintos ecosistemas de la zona. Organiza festivales de aves, reforestación y educación ambiental. Pero, de pronto, ya no.

Fue asesinado a balazos el miércoles 8 de abril. La resistencia continúa, advirtieron organizaciones ambientales, quienes exigieron a las autoridades esclarecer quién o quiénes lo mataron. Cuando anunció que el festival de aves del sábado 4 se cancelaría por el COVID-19, uno de sus amigos le invitó a comerse una mojarrita frita. “Claro que sí”, le respondió hace dos semanas, mientras en Jiutepec, Morelos, el defensor de la reserva natural Los Venados, Isaac Medardo, era asesinado al abrir la puerta de su casa.

“Si deterioramos los recursos naturales estamos deteriorando nuestra propia vida, puesto que son los que nos proveen lo indispensable para vivir. Lo indispensable es el agua y el aire”, dijo Adán hace dos años en entrevista con los periodistas Heriberto Paredes y Ehécatl Ríos. “¿Quién va a consumir un pescado contaminado con cianuro o algunos otros minerales como el cadmio, el plomo o el azufre y el zinc? Los manglares son un lugar de descanso entre aves, animales terrestres, acuáticos, crustáceos y reptiles”.

Ahora él descansa luego de luchar por conservar la tercera zona con mayor biodiversidad a nivel nacional. “Conocí tus riquezas como ser humano. Me consternó y entristeció saber que te forzaron a bajar el telón… Agradezco la generosidad de tu trato hacia mi persona y mi familia”, le escribió una conocida.

“Nos hemos reunido con agentes municipales y ciudadanos, y hasta ahora todos coincidimos en que no queremos la minería a cielo abierto”, compartió Adán en la entrevista en 2018 rescatada por Pie de Página. “Quien va a progresar es el dueño de las empresas. En el país hay la costumbre de que personas ajenas se llevan la riqueza, a nosotros no nos estorban, pueden quedar enterradas toda la vida y no pasa nada. Si alguien se encuentra un gramo de oro pues sería magnífico, pero nuestros gobernantes quieren seguir vendiendo lo nuestro, el oro, la plata y todas las riquezas”, declaró antes de que lo silenciaran.

De 2012 a 2019, en medio de la crisis climática 499 defensoras y defensores del ambiente han sido atacados en México, sobre todo en 2015 y 2016 con 105 y 87 registrados, respectivamente luego de la Reforma Energética que impulsó megaproyectos energéticos. Solo en 2019 hubo al menos 39, documenta el reciente informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Ambientales del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)..

El 2020 arrancó con la muerte de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, defensores de la mariposa monarca en el Santuario de la Mariposa Monarca en el Ejido de El Rosario en Michoacán, amenazado por la tala clandestina que daña el hogar de estos insectos. Ante la falta de fuentes de empleo en la región, la carpintería se convirtió en uno de los oficios con mayor demanda.

“Las personas defensoras de los derechos humanos ambientales se encuentran en una situación de riesgo agravado por los intereses políticos y económicos que enfrentan, sobre todo, cuando se trata de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala. Además, la impunidad juega un rol fundamental en que esta situación permanezca y se profundice hasta inhibir que las personas puedan defender los derechos humanos”, expone el informe.

De las 460 agresiones registradas entre 2012 y 2018, se identificaron 175 amenazas (38 por ciento), 84 agresiones físicas (18 por ciento), 82 casos de criminalización (17.8 por ciento), 70 de intimidación (15.20 por ciento) y 68 casos de homicidios (13 por ciento).

En el 29 por ciento del total de casos, las agresiones ocurrieron en proyectos de energía, especialmente relacionados con plantas hidroeléctricas (66 casos) y eólicas (53 casos), principalmente en Oaxaca, con 79 ataques (concentrados en Juchitán de Zaragoza, donde pegan vientos apetitosos para los más de 20 parques eólicos); Sonora con 49 y Estado de México con 48 casos de agresiones.

DEFENSORES-TIERRA.ASESINADOS

El gobierno es el principal responsable de los cientos de casos. Foto: Cuartoscuro.

“Defender el medio ambiente, la tierra y el territorio implica enfrentar un contexto complejo en donde las brechas de la desigualdad y del poder son más visibles. Lo anterior se debe a los intereses económicos que se trastocan y a que su base es un modelo y visión de desarrollo monocultural, la cual elimina la pluriculturalidad”, destaca el documento.

¿Quiénes son los principales responsables? El gobierno, personal de las empresas, grupos paramilitares, grupos armados y personas de las mismas comunidades, señala el CEMDA, que ha monitoreado desde hace ocho años las agresiones a defensores de territorio y ambiente.

En este periodo se observa que el gobierno presuntamente fue responsable del 39 por ciento de los ataques en contra de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, sobre todo con agresiones físicas y amenazas con un total de 179 agresiones, de las cuales la mayoría fue una autoridad local, con 114 casos de agresiones (63.7 por ciento); 42, por autoridades municipales (23.5 por ciento) y en 22 de los casos, responsabilidad de la Federación.

AGRESIONES DURANTE 2019

El reconocido ambientalista en Tabasco José Luis Álvarez Flores, “El Tío Saraguato”, acusó en mayo de 2019 que las autoridades federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “solaparon” a los bancos de extracción ilegal de arena en la región del río Usumacinta, refugio para los monos saraguatos en peligro de extinción por la deforestación, la expansión agropecuaria y la infraestructura humana. .

“Las autoridades federales, que en este caso son Profepa y Conagua, hay bancos ilegales por todos lados solapados por estos, que no clausuran las actividades ilegales que se realizan desde hace mucho tiempo […] No hacen sus medidas de mitigación, ni tienen sus permisos ni pagan impuestos ni nada”, dijo el 20 de mayo en una entrevista publicada en sus redes.

Horas después de informarse sobre su violento asesinato en junio, José Luis recibió diversos mensajes en su perfil de Facebook donde sus cercanos reconocieron su labor altruista y exigieron justicia a las autoridades.

“Te envío un fuerte abrazo hasta el cielo donde un ejército de monos, jaguares y demás amigos del mundo animal te harán honores”, le escribió un usuario que se identificó como su amigo.

En el rancho de su propiedad, ubicado en la localidad de Chablé del municipio Emiliano Zapata, al sureste de Tabasco, José Luis fundó en 2011 la primera UMA Saraguatos en México, una unidad a la orilla del río Usumacinta de 345 hectáreas “para conservar por el momento al mono saraguato, la iguana verde y a la garza tigre”, explicó en un video debajo de un mono colgado de un árbol.

Originario de la Ciudad de México, destacaba que estos monos –también llamados “maya” o aullador– son los mejores dispersadores de semillas en la región por lo que se han expandido las plantas endémicas que atraen aves como el capulín.

De los 39 casos registrados en 2019 en 17 entidades, casi un tercio fueron homicidios, esto es, 15 personas defensoras ambientales asesinadas y un intento de homicidio, entre ellos, Samir Flores Soberanes.

Antes de ser asesinado en febrero del año pasado afuera de su casa, informó a comunidades náhuas con volantes y en la Radio Comunitaria Amiltzinko sobre la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el gasoducto en una zona de riesgo volcánico en Tlaxcala, Puebla y Morelos. Hoy la planta está parada por los amparos interpuestos, a pesar de que ganó el sí en una consulta ciudadana ajena a lo establecido por el Convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (Huexca en resistencia, Ayala, Cuautla) advirtió que “Samir se ha multiplicado” y exige el esclarecimiento de su asesinato, el castigo de los autores materiales e intelectuales de su cobarde asesinato y la cancelación del Proyecto Integral Morelos, puesto que la Fiscalía estatal no lleva avances.

Samir, recordó su compañera de lucha Teresa en entrevista con SinEmbargo cuando se cumplió un año de su homicidio, era un hombre especial. “Todo el tiempo estaba riendo, bromeando y jugueteando con su radio bocina hasta lograr su radio comunitaria y despertó el entusiasmo de los niños de primaria para crear abonos orgánicos”, afirmó. “Con las mujeres nos daba mucha prioridad. Sigue siendo un sabio porque aunque ya no esté, nos sigue demostrando que la resistencia tiene que seguir”.

Posterior a su asesinato, destaca el informe del CEMDA, han ocurrido más agresiones relacionadas con la criminalización y el hostigamiento en contra de las organizaciones y comunidades que están en contra del proyecto apoyado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque en 2014 lo haya rechazado.

El 1 de mayo de 2019, Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz también fueron asesinados afuera de su casa en Chihuahua con múltiples impactos de bala. Otilia era sobrina de Julián Carrillo, quien también era defensor del medio ambiente y fue asesinado en 2018, y desde hace años habían estado defendiendo el territorio del pueblo rarámuri ante la tala ilegal en la Sierra Tarahumara.

De los 39 ataques a personas defensoras de derechos humanos ambientales en 2019, Oaxaca es la entidad con el mayor número de ataques registrados (6). Le siguen Puebla, Morelos, Chiapas y el Estado de México, cada uno con cuatro casos respectivamente; Chihuahua con tres casos y Jalisco, Ciudad de México y Zacatecas con dos casos. Quintana Roo registró este año una agresión en el contexto de la planeación del proyecto Tren Maya.

El sector forestal registró seis casos (15.4 por ciento del total de los ataques), de los cuales cinco tienen que ver con personas que denunciaron la tala ilegal en su localidad. Por otro lado, en el sector de proyectos para la construcción de vías de comunicación se registraron cinco agresiones: dos están relacionadas con el proyecto del Tren Maya y dos más con la construcción de la carretera en San Francisco Xochicuautla, zona otomí del Estado de México, de Autovan, filial de Grupo Higa (relacionado con la casa blanca).

Los ataques no han cesado a cuatro años del primer desalojo. El 31 de marzo, en medio de la pandemia, en una zona de construcción de Xochicuautla, autoridades del Gobierno priista del Estado de México detuvieron ilegal y arbitrariamente a Iván González Vargas, otomí defensor del territorio de la comunidad que exigía el cumplimiento de la decisión judicial para la suspensión definitiva de la autopista.

Pero en 2019 reinó la impunidad. De los 39 ataques, en 17 no se identificó al presunto autor de la agresión, y en otros 17 fue presuntamente responsable el gobierno (40.5 por ciento de los casos), principalmente las fiscalías locales, la Guardia Nacional y la policía estatal, expone el informe anual del CEMDA.

En México, a pesar de que en 2012 fue creado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no se ha logrado reducir las cifras de agresiones contra personas defensoras ambientales, concluye el informe, por la ausencia de respuesta frente a la estigmatización y criminalización, la falta de implementación de medidas de protección que atiendan los distintos impactos, la falta de perspectiva de género y la deficiente coordinación de las autoridades locales.