Un grupo financiero fue víctima de despojo del Rancho Cayamba, un terreno de cuatro hectáreas con valor de 100 millones de pesos, ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche, por lo que detectó el modus operandi en el que participan servidores públicos de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Registro Público de la Propiedad y las notarías. Desde 2015 ha registrado al menos 20 mil casos de despojo o venta ilegal en la Península de Yucatán.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– Funcionarios públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del Registro Público de la Propiedad local y de la Notaría no. 12 de Ciudad del Carmen, Campeche, presuntamente participaron en el despojo violento de Rancho Cayamba,un terreno de cuatro hectáreas de 100 millones de pesos con vista al mar del Golfo de México, como parte del modus operandi existente en la Península de Yucatán, acusó el grupo financiero afectado que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso registrado en junio se suma a los 20 mil detectados desde 2015 en Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Yucatán relacionados con despojo, venta ilegal de bienes inmuebles y otros delitos vinculados con la propiedad de la tierra en la Península, un destino internacional para el turismo masivo de playa y sol de lujo, documentó la institución, una de las más reconocidas a nivel nacional que pidió no ser mencionada.

“Este modus operandi de corrupción se ve claramente que es un tema del Poder Ejecutivo del estado de Campeche, porque al final todas estas instituciones que están coludidas dependen del Gobierno estatal, tanto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Registro Público de la Propiedad y los notarios”, afirmó en entrevista Adolfo R.G., del área de comunicación del grupo financiero víctima.

El Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, (septiembre 2015-junio 2019) solicitó licencia para contender por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esta semana Reforma publicó que “Alito” posee una residencia en un fraccionamiento de Ciudad del Carmen de 46 millones de pesos que construyó en dos años en los que declaró ingresos anuales por 5 millones de pesos.

“Es un sector inmobiliario muy importante el beneficiado, porque son propiedades que generan una plusvalía muy importante. A su vez en esos terrenos se pueden desarrollar fraccionamientos y complejos turísticos”, agregó el vocero del banco, a pesar de la expansión de sargazo en las playas. En Mérida, hace unos meses se compraba una casa en 700 mil pesos y ahora están al doble en 1.4 millones de pesos, ejemplificó.

El colectivo GeoComunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible han localizado el crecimiento en los últimos 30 años del sector inmobiliario, turístico, agroindustrial y energético en la Península de Yucatán, el cual, calculan, se acelerará hacia nuevos territorios con el Tren Maya por la creación de polos de desarrollo inmobiliario en cada estación.

En marzo de 2017, elementos de la Policía Municipal de Cancún desalojaron a familias que habían habitado la zona desde hace 12 años. A los terrenos llegaron los uniformados con armas y palos acompañados por un abogado. Foto: Cuartoscuro.

La expansión en tres décadas “responde a los intereses de las empresas que dominan” y que “encuentran sustento” en la creación de nuevas instituciones como la creación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría del Turismo, la Ley de Fomento al Turismo y centro Integralmente Planeado de Cancún en la década de los setenta; la creación del municipio Solidaridad en 1993, y el inicio del corredor Riviera Maya en el 2000.

Las principales empresas de desarrollos inmobiliarios en la Península de Yucatán son Grupo Sadasi, CORPOVAEL, Grupo Vivo, Casas ARA, Cocoma, Inmobiliaria Vinte, Conjunto Parnelli, Casas Javer, Empresa ICA, e Industrias Curator, de acuerdo con la investigación de GeoComunes.

Las empresas también estarían participan en los despojos, sobre todo cuando los terrenos se ubican cerca de la playa. Foto: Cuartoscuro.

EL MODUS OPERANDI EN LA PENÍNSULA

En 2015 la institución financiera dio un crédito a una empresa proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la isla Ciudad del Carmen. Al incumplir el pago en el plazo de tres años acordado, se ejerció la garantía del deudor sobre una propiedad de cuatro hectáreas en un predio ubicado en la carretera Carmen-Puerto Real conocido como “Rancho Cayamba”.

“Este predio tiene un alto valor, 100 millones de pesos, porque es de cuatro hectáreas y tiene vista a la playa, sobre todo porque ahorita está apostando mucho el Gobierno del estado de Campeche para impulsar Cd. del Carmen y reactivarla como un sitio turístico muy importante”, dijo el vocero del grupo financiero afectado. “Deben ser siete ceros”.

Vista satelital de la zona donde se ubica el Rancho Cayamba. Imagen: Google Maps

Luego del incumplimiento de pago, el viernes 7 de junio el Primer Juzgado de la Primera Instancia en Materia civil del Segundo Distrito Judicial de Ciudad del Carmen (expediente 491/15-2016) otorgó la orden para tomar posesión del inmueble a favor de la institución financiera, quien ese mismo día resguardó el bien con personal de vigilancia.

Pero una semana después, el sábado 15 de junio arribaron sin orden judicial alrededor de 40 personas. “Mediante violencia y uso de armas blancas, despojaron al personal del grupo financiero del inmueble para apropiarse del terreno”, aseguró Ruiz.

Hoteles (cuadros morados) y fraccionamientos (franjas negras) en Cd. del Carmen, Campeche. Imagen: GeoComunes.

Argumentaron una supuesta adjudicación decretada por la Junta Especial no. 1 de Conciliación y Arbitraje de Ciudad del Carmen, presidida por Javier Ignacio Cherres Sierra, quien no llamó a juicio a la entidad financiera para notificarle.

Después Cherres Sierra le ordenó sin sustento la cancelación de las inscripciones de la hipoteca al Registro Público de la Propiedad de Ciudad del Carmen, dirigido por María Elena Montejo Contreras, quien aceptó y procedió.

“Es muy curioso” que la Junta de Conciliación realizó el juicio laboral (expediente 022/019) promovido por un tercero a inicios de este año y concluyó en solo seis meses, “situación totalmente atípica”.

“La flexibilidad de la Ley Laboral –porque su esencia es proteger al desprotegido y no requiere muchas pruebas– y sus recovecos permiten una serie de simulaciones para apropiarse de cualquier bien inmueble. Lo logran a través de un juicio laboral, ya que la Junta de Conciliación y Arbitraje puede ordenar el embargo o la adjudicación de una propiedad a favor de una persona física o moral, sin notificación al dueño original”, explicó el representante del grupo financiero sobre el modus operandi.

Finalmente, el 20 de junio en la Notaría no. 12 de Ciudad del Carmen el notario Jaime Antonio Boeta Tous generó una nueva escritura de enajenación del predio Cayamba a favor de un tercero para formalizar su posesión.

Ante la decisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la institución financiera interpuso un juicio de amparo contra el procedimiento laboral e interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los posibles hechos delictivos de los servidores públicos de Campeche como una probable asociación delictuosa.

También advirtió a las notarías y al Colegio de Notarios de Campeche del hecho y se le solicitó abstenerse de formalizar cualquier acto sobre el bien en cuestión.

“Se buscó tener un acercamiento con la Directora del Registro Público [María Elena Montejo], pero presentó totalmente resistencia. No nos han querido mostrar completos los expedientes. En el expediente en materia laboral 022/019 es donde metimos un amparo para revertir la instrucción que dio la Junta de Conciliación. No hemos tenido respuesta, pero se ha visto más presionado el tema porque estamos desenmascarando este modus operandi”, dijo el vocero del grupo financiero.