Una reforma aprobada en San Lázaro, y que se discutirá ahora en el Senado, propone usar el dinero de cuentas bancarias abandonadas para financiar parcialmente la seguridad pública del país. La iniciativa ha generado confusión y ha recibido reticencia incluso del Presidente López Obrador por el destino de los fondos.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– El dinero de las cuentas abandonadas en la banca comercial podrán a financiar labores de seguridad pública en el país, además de la porción que ya se destinaba a la beneficencia pública, de acuerdo con una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), fque ya fue avalada en la Cámara de Diputados y que será discutida en los próximos días en el Senado.
La medida ha generado confusión, por lo cual las autoridades han salido a aclarar que sólo se confiscarán las cuentas que tengan seis años sin movimientos ni reclamos.
La propuesta fue presentada por el Diputado Ignacio Mier, de Morena, el partido de la mayoría del cual coordina su bancada, junto a la también legisladora morenista Juanita Guerra. Uno de los primeros cuestionamientos contra la reforma fue que se realizó en fast-track, pues, por pedido de Mier, se consideró de urgente resolución y se le dispensaron todos los trámites, sometiéndose de inmediato a discusión y votación en el pleno.
La reforma al artículo 61 de la LIC modifica una parte del texto para que aquellas cuentas abandonadas por seis años “que no excedan al equivalente de 540 Unidades de Medida y Actualización”, es decir, unos 51 mil pesos, se destinen “en favor del patrimonio de la beneficencia pública”, como sucede hasta ahora.
Pero, añade, aquellas cuentas abandonadas que estén por encima de esos 51 mil, así como los intereses y rendimientos acumulados, dice la reforma aprobada por los diputados, “se destinarán en favor del Gobierno Federal y los ingresos que se obtengan se deberán destinar a la dependencia de la Administración Pública Federal encargada de la Seguridad Pública”.
Una vez ahí, los recursos estarían destinadas a “políticas y acciones de combate a la delincuencia”, privilegiando “el equipamiento y la infraestructura policial y atendiendo a las necesidades y prioridades establecidas en los correspondientes instrumentos”. Los porcentajes: 45 por ciento para la Federación, un 30 por ciento para las entidades federativas y un 25 por ciento para los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México.
La reforma también considera que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Consejo Nacional, “deberá instrumentar los mecanismos de coordinación, así como los convenios y acuerdos idóneos, con las instituciones que conforman el sistema bancario, así como con sus órganos reguladores, a fin de estar en posibilidades de realizar el traslado de los recursos” para este mismo año, en un plazo de máximo 180 días después de que, en caso de aprobarse en el Senado y sea firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Es una reforma que en lo general conserva la peculiaridad neoclásica, es decir, los límites que tiene el Estado, ya que dicta que sólo puede tener ámbitos de acción en la Justicia, la Seguridad y actividades lucrativas. Así estaba contemplada la ley y ahora se añade a la beneficencia la seguridad pública, no es una modificación sustancial o que vaya a transformar el sentido mismo de la ley”, explicó a SinEmbargo Carlos Alberto Bandala, doctor en Economía y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Quintana Roo.
La iniciativa ya se encuentra en el Senado, donde será analizada en comisiones y, de aprobarse, pasará al pleno. Sin embargo, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, aseguró esta semana que no habrá fast-track con ninguna de las reformas que haya recibido o reciba la Cámara Alta, por lo que cumplirá todo el proceso legislativo en tiempo y forma.
¿CÓMO SABER SI UNA CUENTA DE BANCO ESTÁ ABANDONADA O INACTIVA?
Ante la aprobación fast-track en San Lázaro de la reforma, surgieron dudas entre la ciudadanía por la posibilidad de que sus cuentas de banco sean consideradas inactivas o abandonadas.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero (Condusef) explica que una cuenta se considera inactiva “cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros”. El cobro de comisiones que hacen los bancos no se consideran movimientos financieros.
Cuando transcurren estos tres años, el dinero en esa cuenta inactiva pasa a formar parte de la llamada cuenta global, a donde van a dar todos esos tipos de cuentas, sin importar si se trata de personas físicas o morales, como empresas. Una vez en la cuenta global, ese dinero genera intereses mensuales y ya no está sujeto al cobro de comisiones bancarias.
Durante tres años más, el dinero –y los beneficios conseguidos en ese tiempo– sigue siendo de la persona titular de la cuenta aunque esté inactiva e incluso los bancos buscan a estas personas para informarles de su cuenta. Sin embargo, cuando se cumple ese plazo, que en total es de seis años, el dinero de las cuentas con 51 mil pesos o menos pasaban a la beneficencia. Ahora, las mayores de esa cifra pasarían a los distintos niveles de Gobierno para sufragar una parte del gasto en seguridad pública, en caso de aprobarse en el Senado.
Por ello, la Condusef recomienda que designes claramente y por escrito a los beneficiarios de tus cuentas, así como precisar la proporción que a cada uno corresponda. “Si falleces, el banco entregará el saldo a quien o quienes hayas designado y en la proporción indicada, previa identificación y presentación del acta de defunción”, indicó la dependencia.
Condusef también recomendó mantener actualizados los datos personales de tu cuenta como son nombre completo y domicilio, así como designación de beneficiarios; revisar de manera periódica tu estado de cuenta; tener únicamente las cuentas necesarias para el cumplimiento de tus actividades; informa a tus beneficiarios, de la existencia de dichas cuentas, a fin de que éstos puedan reclamarlos; y verificar que el nombre y parentesco de tus beneficiarios estén escritos correctamente en el contrato.
“NO HAY DE QUÉ PREOCUPARSE”
Para Bandala, “no hay realmente de qué preocuparse” en cuanto a afectaciones para los cuentahabientes, porque “los procedimientos se conservaron, en términos generales lo único que cambian son los objetivos del destino de los fondos, llamados mostrencos, pero el procedimiento sigue intacto”. “Actualmente eso de los seis años ya pasa, es una reforma de la época de [Carlos] Salinas, ya lleva muchísimo tiempo ese accionar en la dinámica económica”, completó.
“Hablamos de una cuenta inactiva, realmente es complicado que una cuenta no tenga movimientos, siempre hay ingresos, aunque no se retire, si a alguien le pagan, ya es un movimiento. Si retira una vez en un mes o en un año, ya es movimiento. El procedimiento no cambió y es algo que tenemos desde 1995”, insistió.
En la exposición de motivos, los diputados Mier y Guerra detallaron que “no se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales”.
La principal razón de los diputados para proponer la reforma es el combate a la delincuencia: “Un recurso que actualmente se encuentra ocioso se convierte en un valioso y poderoso mecanismo de fortalecimiento institucional de las corporaciones encargadas del combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz y la estabilidad social”, señalaron.
Además, el coordinador de lo diputados morenistas reiteró que “en caso remoto de que algún usuario de la banca haya mantenido ahí sus ahorros de más de 10 millones de pesos, sí los pueda reclamar, está garantizado”.
“Si alguien fallece y una persona está en posibilidades de reclamar la cuenta por alguna razón, hay una notificación de los juzgados a los bancos y ya dependerá de los beneficiarios o potenciales herederos de esas cuentas el tiempo que tarden ellos en solucionar el reparto de esos bienes”, explicó Bandala, algo que no cambió con esta reforma.
“Lo que suele hacerse de manera inmediata, porque así lo marca la disposición en el Código Civil, es el nombramiento del albacea y ahí ya hay un movimiento bancario, porque pasa a ser titular de la cuenta mientras los bienes se reparten, ya sale del supuesto donde no hubo movimientos, se despeja”, explicó el doctor en Economía.
Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, Mier indicó que los recursos con los que se podría contar para financiar la seguridad pública serían de “poco más de 10 mil millones de pesos”, sin embargo, no existe información pública ni estimados, ya que se trata de información privada de las instituciones bancarias.
Pero el Subsecretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno federal, Ricardo Mejía, indicó por su parte que “no hay ahorita un monto específico, pero yo podría señalar en un dato preliminar que solamente en temas de extorsión hay alrededor de 14 mil millones de pesos”.
“O sea, son bienes que la delincuencia, a partir de todas estas operaciones que se hacen cotidianamente, se les quitan o se les bloquean, pero no tienen una utilidad social, simplemente van a generar intereses a los bancos”, agregó Mejía, en consonancia con la propuesta de Mier y Guerra, que afirma que la mayoría de esas cuentas abandonadas con más de 51 mil pesos provienen sobre todo de la delincuencia organizada.
Una de las pocas críticas que recibió en San Lázaro fue de la diputada Carmen González Alonso, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), quien puntualizó que la recuperación de activos no alcanza ni el uno por ciento, ya que no se aplican las herramientas de inteligencia financiera necesarias para combatir el crimen organizado, y denunció que no se detallan los montos agregados que comprometen, ni los impactos reales que presupuestalmente tendrían lugar.
AMLO: QUE SE USE EL DINERO PARA PROGRAMAS SOCIALES
El Presidente López Obrador habló este jueves en su conferencia matutina sobre la iniciativa aprobada por los diputados y propuso que no se usada para seguridad pública, ya que las finanzas son sanas, y sí se use directamente para programas sociales.
“Como todavía tiene que ir al Senado, hay tiempo, porque parece que lo confiscado en el caso de delitos, un porcentaje es para la Federación y otro porcentaje para los estados y para seguridad pública. Yo diría: no, que sea para personas con discapacidad, que sea para adultos mayores, que sea para la salud”, indicó en su conferencia de prensa.
“Además de que el propósito es siempre, siempre afectarnos, no dudo —también advierto, porque ya llevo algún tiempo en esto— que haya intereses de los bancos, porque hay mucho dinero que va quedando en los bancos y cuando menos lo hacen ‘sudar’ a ese dinero que ya no reclama nadie. Entonces, que se vean las cosas bien para que se actúe de la mejor manera posible”, añadió.
Además, afirmó que su Gobierno “tiene en caja hoy medio billón de pesos. No es que estemos desesperados, no. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza, no hay que andar bolseando, como lo hacían antes, aumentando impuestos, con gasolinazos, endeudando al país. No hace falta”, subrayó.
Por último, López Obrador le pidió al Senado “que se analice bien y que se supervise”, y que “la gente esté informada, para que no nos acusen de que queremos confiscar bienes”.
De modificarse la reforma, Bandala consideró que “sería aún mejor”. “Eso sí sería realmente transformador en el marco de la ley, sería revolucionario, tendrá mayor sentido y mayor efecto”, indicó.
